–El Estado nunca pensó que un grupo de mapuches iba a ejercer presión por defender sus derechos a nivel internacional (…) Mi papá luchó por los derechos del pueblo-nación mapuche, por recuperar tierras ancestrales y nunca fue un terrorista como se le dijo–, dice Juan Pichun Collonao quien desde la comunidad de Temulemu, a 20 kilómetros de Traiguén, en La Araucanía, responde a la llamada de El Desconcierto.

Su papá, el longko Pascual Pichun Paillalao, fue condenado por delitos terroristas, en 2003, junto a Aniceto Norín Catrimán, Víctor Ancalaf LLaupe, Jaime Marileo Saravia, Juan Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Millacheo Licán y la activista Patricia Troncoso.

Una década después, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó lo que sus defensas manifestaron por años: que la sentencia de la justicia chilena constituía un acto de discriminación racial, arbitraria, mediante la cual se criminalizó la protesta social del pueblo mapuche.

A pesar de esto y de las expectativas que tenía en que el fallo revirtiera su condena, el lonko Pascual Pichun falleció antes de que la justicia internacional determinara que el estado chileno violó sus derechos fundamentales y le aplicó una sentencia injusta, prejuiciosa y plagada de irregularidades. Pero Juan, tal como se lo encomendó su papá, asumió llevar su representación adelante.

A cinco años del fallo de la CIDH, el caso no está resuelto del todo. Hasta hoy no se le ha dado cumplimiento íntegro a esa resolución porque la legislación nacional carece de un mecanismo para ejecutarla “en todos sus extremos”, como precisa la sentencia. Si bien se han eliminado las anotaciones del Registro Civil y también se ha analizado hacerlo en el documento que hay en el Poder Judicial, la condena no se ha dejado sin efecto.

Es por eso que, de manera inédita, la Corte Suprema realizará este lunes una audiencia para evaluar las vías que permitan darle bajada a lo mandatado por el tribunal internacional, una materia que está pendiente en el país.

Hace algunas semanas, al informar sobre esta convocatoria, el ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, manifestó que hasta ahora no existen precedentes de este tipo y que será una oportunidad para que los intervinientes – las defensas de los comuneros mapuche, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior como querellantes y también se citó al Ministerio de Relaciones Exteriores– expresen cómo, a su juicio, se debería cumplir cabalmente esta resolución.

Con esto, aclaró Cisternas, se abriría camino en la línea del cumplimiento porque lo que existe en la actualidad es un recurso de revisión, que se interpone con el fin de invalidar este tipo de dictámenes, como ya se hizo con las sentencias de los consejos de guerra realizados durante la dictadura.

[caption id="attachment_260359" align="alignnone" width="640"] Foto: Agencia Uno[/caption]

Cambiar la legislación, una de las vías

El abogado Jaime Madariaga tiene historia en este caso. Estuvo desde el control de detención, en 2001, y fue la defensa de los lonkos; años después los representó en el proceso ante la CIDH.

Explica que aquí existen sentencias condenatorias contra víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, por lo tanto, “no basta con botar los antecedentes penales y los registros de condena. Eso no es suficiente”, asegura.

“Hacer modificaciones legislativas podría ser una de las vías, pero se podría afirmar que existen otras vías más expeditas, mejores”, agrega. También, para él esto es inédito y una oportunidad de enriquecer y dictar líneas sobre este asunto.

Otra de las causas judiciales que se presentó ante la CIDH, durante las primeras semanas de abril, es el conocido caso Luchsinger- Mackay, en el que resultaron condenados tres comuneros mapuches, José y Luis Tralcal y José Peralino Huinca. Uno de los abogados defensores, Sebastián Saavedra, ha indicado que un fallo de la Corte no se puede dejar sin efecto porque emana de tratados internacionales suscritos por Chile, como el convenio de Viena de mayo de 1969, y la misma Convención Americana.

“No tenemos una legislación para ejecutar estas sentencias, los parlamentarios y el Ejecutivo deberían hacerse cargo de esto. Chile ha sido condenado en varias oportunidades y siempre hay problemas en esta bajada a las sentencias”, comentó a El Desconcierto.

La audiencia de este lunes ha generado ruido entre parlamentarios de derecha. Los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma adelantaron que presentarían una carta a los ministros de la Corte Suprema para evitar que se anulen estas sentencias y que citarían a la comisión de Constitución al presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito.

Para Juan Pichun Collonao este tipo de reacciones tienen una lectura clara:

–Un grupo quiere que esto no prospere porque les complica por los derechos indígenas que están en juego (…) Es una falencia del estado y de quienes lo administran que no han sido capaces de generar esos instrumentos para hacer cumplir los fallos–, espeta el lonko de Temulemu.

Y a pocos minutos de terminar la conversación, expresa:

–En un momento se pensó que los estados podrían haber aprendido de esto y que no aplicarían esta ley antiterrorista en contra del pueblo mapuche, pero después del fallo se les ha aplicado a muchos otros peñis y lamgnien. La justicia chilena tiene una mirada desde el occidentalismo, pero no se considera ningún aspecto de la vida mapuche–, dice Juan.