La política internacional la realizan los Estados a través de sus gobiernos. Otras instituciones públicas y privadas, como los poderes Judicial y Legislativo, los partidos políticos y las organizacionesciviles, también concurren a la formación de la política de Estado. Sin embargo, lo menos que ha tenido la conducción emanada del edificio José Miguel Carrera, ha sido apertura y convocatoria. Por el contrario, ha mostrado un perfil reactivo e introvertido.

La voz cantante la ha llevado el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien ha relegado al resto de los actores a un papel banaly coadyuvante. Y lo ha hecho como si protagonizara un guión de novela cuyo final se improvisa conforme a los deseos de la audiencia. El último de ellos fue proponer una réplica de la transición chilena para la nación bolivariana. Solo que no existe parangón: en Chile no había Congreso y jamás Patricio Aylwin se autoproclamó Presidente de la República.

Con la fe del converso, el escritor ha bajado envuelto en la alta investidura de su cargo a la arena de la consigna mínima, del lenguaje desdeñoso y excluyente empleado por los más fanatizados detractores de Maduro.

«Los hemos rescatado de las garras de la dictadura», dijo exultante ante las cámaras al momento del arribo de dos reporteros de TVN detenidos y expulsados de Venezuela, aunque estos nunca pudieron acreditar que estaban siendo perseguidos por la policía venezolana.

En otra ocasión, con cierto titubeo, afirmó que la declaración del Grupo de Lima, que él contribuyó a elaborar y aprobar, no era la opinión del gobierno de Chile acerca del rol de Michelle Bachelet como Alta Comisionada. Pero la realidad es que en el punto 8 de la declaración los firmantes, entre los que se cuenta Chile, «urgen a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder de inmediato a la grave situación de los derechos humanos en ese país».Misma reclamación que, escoltada por los senadores Van Rysselberghe y Moreira, formuló la enviada de Guaidó desde la sede de la UDI. Una decisión que, como se sabe, debe tomar el secretario general de Naciones Unidas conforme a protocolos, pero que, siguiendo un diseño comunicacional, el gobierno de Piñera se ha empeñado en llevar dicha exigencia a los foros internacionales.

 DC y radicales alineados con la derecha y el gobierno

¿Qué han hecho los otros actores? La mesa del Frente Amplio rechazó la decisión del Gobierno de reconocer a Guaidó por considerarla contraria al derecho internacional y constitucional de Venezuela, y a los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención. Luego, decidió disolver el Grupo de Política Internacional, mientras su excandidata Beatriz Sánchez confesaba:«Creo que Maduro hoy es un problema para la democracia en Venezuela». El Partido Socialista tampoco reconoció al presidente encargado, y su timonel Álvaro Elizalde planteó una alternativa de diálogo entre los propios venezolanos. Y el Partido Comunista censuró el manejo de la Cancillería. «Nos parece que el gobierno, fuera de asumir una actitud desconocida en lo que es la obligación incluso republicana de este país, se ha involucrado cuan activista en función de las orientaciones de EE.UU. ―declaró Lautaro Carmona, su secretario general—.Y sobre esa base ha participado activamente en lo que es el plan de desestabilización del gobierno democrático de Venezuela».

El Partido Radical justificó su apoyo al jefe de la oposiciónen la trayectoria precedente de la colectividad: «Hemos declarado anteriormente nuestra condena a la grave afectación de los principios democráticos, a los derechos humanos y a las condiciones generales de vida del pueblo venezolano, por parte del régimen de Maduro. Hoy vemos en Juan Guaidó, y en la Asamblea Nacional, las únicas autoridades con la suficiente legitimidad constitucional, política y ética, para liderar el cambio en Venezuela».

La Democracia Cristiana emitió una incoherente declaración pública donde, alineada con el Grupo de Lima y la OEA, reconoció en Guaidó al presidente encargado de Venezuela, pero, como si dos cabezas en un mismo Estado no comportaran un recurso de fuerza, inconstitucional, antidemocrático y, de suyo, violento, reivindicó una «solución política, constitucional, democrática y pacífica» que evitara un «golpe de estado o una guerra civil». La directiva de Chahin, fue más elocuente aún en sus gestos reverenciales hacia el interinato representado por Guaidó. Recibió en la casa del partido, a los pies de la imagen del asesinado presidente Frei Montalva, a su «representante diplomática», junto a quien aprovechó la tribuna para instigar a la expresidenta Bachelet.

En el punto 11 de la misma declaración, los países miembros del Grupo de Lima promueven abiertamente la insubordinación de los militares y la ruptura del orden institucional cuando «hacen un llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que manifieste su lealtad al Presidente Encargado en su función constitucional de Comandante en Jefe de la misma. Asimismo, instan a la Fuerza Armada Nacional a no impedir el ingreso y el tránsito de la ayuda humanitaria a los venezolanos».Esto ha sido reiterado de forma más explícita por el consejero de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien ha amenazado a los militares venezolanos de cerrar completamente el circuito financiero internacional, si no reconocen al «presidente encargado».

 Los tres lenguajes de la crisis

En el plano de las motivaciones ideológicas y normativas que alimentan la lucha de argumentos, es posible distinguir los tres lenguajes de la crisis de febrero.

Primer lenguaje: los interlocutores tienen su propio diagnóstico, su propio plan y sus propios medios para realizarlo y no ceden en ello. En tal caso no precisan del diálogo para concordar nada. Como consecuencia, el debate sobre si el régimen de Maduro es dictadura o no, resulta irrelevante, especialmente cuando se ha reconocido como legítimo el poder dual que representa Guaidó. Los opositores piensan que es una dictadura y los oficialistas creen que no lo es. Luego, lo decisivo no es la disputa sobre la naturaleza del régimen, sino sobre quién logra concitar más apoyos y más fuerza a su convicción.

Segundo lenguaje: los involucrados están disponibles para concordar un diagnóstico, un plan y unos medios comunes, porque entienden que el empleo de la fuerza les genera costos impredecibles.

Para todos los efectos ―militares, económicos, políticos y diplomáticos― Juan Guaidó es el hombre de confianza de Washington, al punto de abrirle una cuenta especial donde sin ningún control de accountability irán a parar los pagos por el petróleo venezolano. En la misma dirección de paralizar la capacidad de mando de Maduro, una moción del Partido Popular ha inmovilizado los fondos bancarios de Venezuela en España. El procedimiento consiste en estrangular la economía doméstica venezolana, castigando el consumo de bienes esenciales de la población, y exhibir caridad franciscana a través de la ayuda humanitaria.Pero, en la práctica el mecanismo resulta tan cruel como impedir el ingreso de ayuda.

La pregunta es por cuánto tiempo conservará el líder opositor esta atención preferencial de sus aliados.

Y, en su reverso, ¿cuánto tiempo puede resistir Maduro? ¿Cuánto tardará Estados Unidos en resignarse a la resistencia de Maduro? ¿Ocho años, lo que tardó con Bashar Háfez al-Ásad, presidente de Siria, para culminar retirándose de la zona en beneficio de Rusia?Lo crucial de un eventual diálogo no estriba en la discusión sobre la naturaleza del régimen venezolano, sino en el consenso que arroje certeza sobre un escenario ideal que,mediando el juicio de las urnas y las garantías que ofrezcan los terceros neutrales, sea de incierto resultado para las partes en conflicto.

Y tercer lenguaje: gobierno y oposición pueden mantenerse en sus actuales posiciones sin escalar las tensiones hacia el conflicto armado, mientras en el país se consolida la inestabilidad política y económica, y se agudiza una crisis humanitaria que hasta ahora ha supuesto la asignación de recursos procedentes del fondo de Naciones Unidas por un valor de 9,2 millones de dólares.

Poder dual, una agresión a la democracia de las instituciones

El poder dual es un concepto leninista que se aplica al fenómeno fáctico de dos potestades dentro de un Estado disputándose la legitimad y el control de la institucionalidad política. De un parte el gobierno establecido de Nicolás Maduro, que detenta la ultima ratio del aparato, el monopolio de la violencia legítima depositado en las fuerzas armadas que, además, posee autoridad y capacidad sobre la administración pública, verbigracia, controla las policías y las estructuras y funciones consulares, como el otorgamiento de visas y el control de las fronteras, de las que carecen los representantes ad hoc nominados por el «presidente interino».

De otra parte, la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela que recae en Juan Guaidó, respaldado por los dos tercios de la cámara de representantes, entre ellos, uno del COPEI, antiguo partido homólogo de la DC chilena. Aquí la mayor homogeneidad de la oposición se da en torno a la figura de Guaidó, y comienza a diversificarse a medida que se sumerge en complejidades relacionadas con los medios políticos para la transición. En la elección presidencial de 2018, donde parte de la oposición se abstuvo de participar, el candidato de Avanzada Progresista, Henri Falcón, capturó cerca de dos millones de votos, convirtiéndose en la segunda mayoría nacional.Él mismo ha criticado acciones inconsultas del líder opositor. Pero ¿qué peso tiene el Congreso? Los recursos presupuestarios del Legislativo son asignados por el Ejecutivo, por lo que dicho poder no tiene plena autonomía financiera, aunque sí política: se negó a realizar la ceremonia de investidura de Madurola que, finalmente, debió ser efectuada por el Tribunal Supremo de Justicia.

El correlato del poder dual en Chile no es el de Salvador Allende y la Confederación Democrática de los años 70, sino el de José Manuel Balmaceda y la fronda aristocrática, coyuntura histórica que dio origen a la guerra civil de 1891, cuando el tradicionalismo autoritario se atrincheró en el Congreso al amparo de la Marina, y los liberales progresistas en el Gobierno, contando a su favor con la lealtad del Ejército. Se inició con la negativa del Parlamento a aprobar el presupuesto de la nación, continuó con la clausura de la cámara de representantes impuesta por Balmaceda, y concluyó con el suicido del Presidente en la legación argentina. Entre 5 mil y 10 mil muertes fue el saldo de víctimas que dejó el conflicto, que duró seis meses y que precisó la división de las fuerzas armadas, algo que no ocurrió en el golpe de Estado de 1973 y que no ha ocurrido hasta ahora con Maduro.

Como enseña la teoría política, el poder dual no es un hecho constitucional de división y equilibrio formal de poderes. El poder dual es una ruptura y, por consiguiente, un quiebre circunstancial del orden institucional que puede derivar en una guerra civil. El poder dual está reñido con el estado constitucional de derecho, el régimen democrático y el estatuto universal de los derechos humanos fundamentales.