A un año y cuatro meses desde que entró en vigencia la ley que despenalizó el aborto en tres causales, el Ministerio de Salud acreditó en enero a las primeras instituciones de la sociedad civil que podrán otorgar el programa de acompañamiento psicosocial a las mujeres que lo soliciten. Una de ellas, es Corporación MILES que hace años viene trabajando en pos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este servicio de acompañamiento, en ningún caso, intenta influir en las decisiones de ellas.

En esta entrevista, la psicóloga Estefanía Andahur entrega detalles sobre lo que contempla este acompañamiento, que es realizado por un equipo multidisciplinario y que en el caso de Miles es totalmente gratuito, además de analizar las principales trabas a las que se ven enfrentadas las mujeres que deciden abortar bajo la Ley 21.030.

¿En qué consiste el servicio de acompañamiento que brinda Corporación Miles a las mujeres que se encuentran en alguna de las tres causales de aborto?

-La mujer puede acceder voluntariamente cuando se encuentra en una de las tres causales. Se ofrece información y orientación para que tome decisiones libres e informadas y favorezca su autonomía. En el proceso puede intervenir una psicóloga, trabajadora social, ginecóloga, matrón, psiquiatra e incluso, en nuestro caso, una abogada que brinda orientación legal. Es una intervención que se adapta a las necesidades que la mujer plantea.

¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes respecto al acompañamiento que se le da independiente si deciden abortar o continuar su embarazo?

-Nuestro enfoque es de derechos y de género, lo que se traduce en que entregamos toda la información disponible sobre la ley y su situación de salud, para que la mujer tome la decisión sobre si seguir con su embarazo o no de la manera más clara posible. Ella decide. Nosotras solo facilitamos, a través de la intervención, que su decisión sea coherente con lo que desea. En ese espacio la mujer siente la confianza de decir lo que sea que en otra parte no se atreve. El equipo está consciente de la desigualdad de género que afecta transversalmente la vida de las mujeres y de que socialmente el género mismo ha cambiado. Eso quiere decir que un hombre trans o una lesbiana pueden encontrarse en estas causales. Por lo tanto, aplica otra “escucha”, otra mirada en la intervención, contemplando las particularidades de cada persona. Ahí reivindicamos la condición de ciudadanas de las mujeres como protagonistas de sus decisiones de salud, aspecto que ha sido degradado e indigno en materia de salud reproductiva.

¿En qué se diferencian con el acompañamiento que entrega el Minsal o Aprofa?

- Nosotras instalamos el acompañamiento desde distintas perspectivas, no es solo informar, leer una lista de derechos y ya está. La idea es que la mujer pueda aliviarse y que termine el proceso con algo, sea una pregunta, un lugar, que germine algo… no miro el psiquismo en los tiempos de la ley. Si una mujer quiere ir a la psicóloga un año después de abortar o tener un hijo, tenemos las puertas abiertas. Además, es un servicio gratuito y entrega orientación legal a la mujer que es muy útil en todas las causales. En la causal violación hay mucha desinformación sobre qué corresponde hacer en el caso de que la mujer sea mayor o menor de edad y que su decisión de abortar o no es independiente de ejercer su derecho a denunciar. Esto es importante porque el servicio de salud está obligado, en casos de mujeres mayor de edad, a poner en conocimiento al Ministerio Público, pero es la mujer quien decide si continuar o no con el proceso de investigación. La orientación legal también sirve en la causal 1 y 2, porque muchas veces los profesionales de salud no tienen tanta claridad sobre lo que corresponde hacer en esos casos.

¿Con qué casos se han ido encontrado?

- La mayoría de los casos son de la causal dos de inviabilidad fetal que requiere de dos diagnósticos de médicos especialistas. Eso implica que las mujeres esperen mucho tiempo para recibir la confirmación porque faltan profesionales. En el proceso de espera, la mujer enfrenta tratos poco adecuados o, incluso, malos. Con poca información. Los otros son los casos de violación, donde se ve severamente obstruido y negado su derecho a decidir. Hay barreras persistentes por parte de los profesionales de la salud, basados en la ignorancia, prejuicios y en una banalización y normalización de la violencia sexual que perjudica y vulnera los derechos de la mujer como paciente. Finalmente, repercute en su derecho a decidir si quiere o no seguir con su embarazo y además a no ser revictimizada y acceder a un tratamiento de reparación.

¿Cuáles son los principales temores a las que se ven enfrentadas las mujeres que deciden abortar bajo cualquiera de las tres causales?

-Principalmente en no recibir una atención digna, en que pongan en duda su palabra como víctima de violación, que las sometan a una burocracia para comprobar una serie de cosas, en cualquiera de las causales y se olviden de ella como sujeto que está haciendo uso de un derecho garantizado por el Estado. Hemos visto varios casos post interrupción y lo que las mujeres sienten que no se toma su situación de salud y sus derechos como algo serio, la sitúan como un objeto, no hay una escucha activa ni una praxis que se traduzca en dar información sobre el proceso, que tranquiliza enormemente, baja la angustia.

¿Tienen miedo a ser estigmatizadas?

-Eso no está tan presente en lo que hemos visto como Corporación, aunque existe. Lo que vemos más acentuado es el miedo a que no se respete su palabra, su decisión, ni sus necesidades en la atención de salud. Si la mujer tiene clara su decisión, hay consentimiento informado y no quiere hablar del tema, no hay que meterse ni “ir a asegurarse”. Si una mujer quiere hacer duelo, pues hay que facilitarlo cuando ella quiera, no antes, no después, ni cuando el profesional quiera. Y si quiere hablar antes, durante y después, hay que estar; si quiere escuchar los pasos y procedimientos 20 veces, hay que repetirlo. Es su necesidad y los profesionales a cargo deben, simplemente, estar a disposición. Lo que se pone en juego es la concepción de la mujer como sujeto de derecho, no lo que se suele pensar: una potencial madre. Aun siendo limitada, la ley asegura que se haga valer la decisión de la mujer y eso permea socialmente, porque saca a las mujeres de lo clandestino y lo ilegal, disminuyendo la estigmatización. Cuando vienen mujeres a Miles a denunciar una negligencia, lo primero que dicen es que lo hacen para validar su derecho y porque no quieren que le pase a otra mujer. En el fondo, están cimentando un camino para otras.

¿Hay mucho desconocimiento de parte de las mujeres sobre sus derechos?

-El conocimiento está, pero todavía es vago sobre la especificidad, porque la ley tampoco es simple. Incluye detalles que pueden ser dificultosos, implican burocracia. Son los profesionales de salud quienes deben informar en ese nivel, pero hay desconocimiento también. La ley todavía tiene dificultades de implementación. Nosotras sabemos de obstáculos, que no solo se dan en las unidades de Alto Riesgo Obstétrico, sino que también antes. Hay un número importante de mujeres que ni siquiera logran constituir su causal por negligencia de los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados. Por eso las mujeres deben conocer a cabalidad la ley, para fiscalizar, porque pone en juego sus proyectos de vida, a pesar de que esto debiese informarse desde los establecimientos educacionales hasta los municipios, pero como todo derecho de las mujeres en el terreno sexual es difícil, tenemos que hacer un esfuerzo por informarnos.

[caption id="attachment_270919" align="aligncenter" width="1024"] En la foto: Estefanía Andahur.[/caption]

¿Cuáles son las principales trabas con las mujeres que deciden interrumpir un embarazo bajo cualquiera de las tres causales?

-Las trabas son varias. Los objetores de conciencia individuales e institucionales en Chile han tenido demasiados problemas de regulación. Muchos profesionales se declaran objetores por ignorancia, no por convicciones y también, siendo sinceras, para ahorrarse trabajo. Ahí, los profesionales que sí tienen un compromiso con los derechos y la salud de las mujeres son los que ponen el hombro y ojalá sigan haciéndolo, porque educan a otros, técnica y éticamente. Ellos necesitan validarse públicamente también. Porque quedan en el anonimato y son los que en realidad tienen un enfoque de derechos en la salud sexual y reproductiva, que hacen la diferencia en la vida de las mujeres. Los objetores no pueden posicionarse como los virtuosos. Es ejercicio de un derecho, sí. Pero masificar la obstrucción, no. Por otra parte, los objetores de conciencia, al parecer, en la práctica son objetores de las decisiones de las mujeres. Porque, según la ley, la objeción aplica solo cuando la interrupción es en pabellón, pero las interrupciones también se hacen a través de medicamentos y ahí, no se sabe si los objetores cumplen con la ley.

Por otro lado, todavía falta sensibilización y capacitación a los profesionales y funcionarios, porque cuando se trata de esta ley todo el sistema de salud se hace presente y no solo los profesionales del equipo IVE (interrupción voluntaria del embarazo). Por lo tanto, desde la persona que atiende en Urgencias hasta quien abre la puerta de un consultorio u hospital, puede obstaculizar por emitir juicios o informar incorrectamente. Falta conocimiento y fomentar un sentido de responsabilidad con lo público. También se debe capacitar sobre violencia sexual. En esto último, la normalización de ubicar a las mujeres como objeto, es aberrante. Todos los profesionales deben entender que la mujer fue víctima de un delito.

¿Hay desprotección de parte del Estado?

-Totalmente. Que en Osorno no existan médicos para realizar abortos por la causal de violación implica una falta de servicio. Esto, sumado a la falta de capacitación de los profesionales de la salud que no saben técnicas básicas para la realización de la interrupción en cualquiera de las causales, no siguen la guía técnica ni la dosificación recomendada, provoca que las mujeres pasen muchísimas horas en preparto o, en su defecto, les realizan cesáreas antes que un aborto por el desconocimiento. Tampoco saben utilizar las técnicas AMEU (Aspiración Manual Endouterina), que reemplaza el legrado. Todo esto implica una falta de servicio por parte del Estado.

¿Cuánto es el peso de los sectores más conservadores al interior de los hospitales públicos que impiden que la mujer pueda abortar bajo las tres causales?

-Creo que cada hospital tiene su cultura interna, pero sabemos de casos en regiones distintas a la metropolitana en que hay solo una médica realizando los abortos y le han hecho la vida imposible. Como el hospital no puede ser objetor institucional al ser público, ponen otras trabas para que la mujer tenga acceso a la prestación de salud, pero además dificultan la vida laboral de la médica. Los conservadores no son buenos para respetar la cultura democrática, siempre van a tratar de imponerse.

¿Qué pasa en los establecimientos de salud donde hay profesionales de la salud que deciden practicar abortos bajo las tres causales? ¿Los objetores de conciencia los estigmatizan?

- La estigmatización de los médicos y médicas como los “aborteros” fue muy habitual y todavía sigue. El gremio médico en Chile, lamentablemente, no es innovador ni menos progresista. Además, por la estigmatización a la que se exponen por defender los derechos, es obvio que muchos tienden al silencio. El poder en Chile es conservador y a muchos profesionales de la salud les escuchamos decir que hay que tener cuidado con el jefe. Otros, tienen la suerte de trabajar en lugares donde el aborto es parte de la profesión y se tiene que hacer bien, pero son la excepción.

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