Durante la jornada de ayer martes se dio a conocer que se puso fin a la indagatoria contra 16 altos ejecutivos en el marco del caso SQM, decidiendo no perseverar en la investigación que vinculó a la minera con el financiamiento irregular de campañas políticas.

Sin embargo, una de las aristas que quedó pendiente y que aún no se cierra es la que involucra al otrora ministro del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo. "Una de las aristas pendientes más importantes que todavía se mantiene en el caso SQM se vincula con la investigación de eventuales delitos de tráficos de influencias, entre otros, por parte del ex ministro", señala el abogado Mauricio Daza.

Para refrescar la memoria, esta arista trata de "graves hechos denunciados por el señor Michell Jorrat (ex director del Servicio de Impuestos Internos) y Cristián Vargas (ex subdirector jurídico del SII) y que podrán constituir delito de tráfico de influencias respecto del ex ministro del Interior más allá de la participación que le podría caber al señor Samuel Donoso".

Samuel Donoso, abogado ex PPD de Ponce Lerou en SQM

Tanto Jorrat como Vargas, habían afirmado que "fueron citados a las dependencias del ministerio de Hacienda por parte del entonces ministro del Interior Peñailillo y que al llegar al lugar se encontraron con el abogado Donoso, quien les habría señalado la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos impidiera que el ministerio público pudiera incautar documentación vinculada con los pagos que habría efectuado SQM de manera irregular a distintas autoridades".

El abogado también recuerda que Donoso, quien en ese episodio se habría presentado como representante del ministro Peñailillo, según dijo Jorrat, tenía "la representación del hombre de confianza y ex gerente general de SQM Patricio Contese, posición que mantiene hasta hoy en diversas causas penales".

Además, señala que Donoso también fue miembro de la directiva del PPD en la época en que el partido era liderado por Carolina Tohá, "momentos en los cuales SQM habría financiado irregularmente al partido para el efecto de sus gastos corrientes, hablamos de luz y agua, y esto se habría concretado a través de la triangulación de facturas falsas por parte de una ONG de carácter ambiental".

Daño irreparable

Si bien Daza subraya de la necesidad de que esto se esclarezca y que aún se está a tiempo de hacerlo, ya que esta indagatoria sigue abierta, pone en duda que esto se concrete, ya que no ve las voluntades necesarias para que ello ocurra. "Lamentablemente el error o la falta de voluntad de la fiscalía para indagar de verdad lo que ocurrió en el caso SQM se manifiesta en que jamás se investigó la red de corrupción que se denunció", explica.

"Acá sencillamente el fiscal Pablo Gómez sostuvo cuando se inició esta causa que sólo iba a investigar delitos tributarios, sin embargo, es imposible saber la naturaleza de los delitos si previamente no se esclarecen los hechos", añadió Daza, para quien no haber realizado "este ejercicio simple y obvio" terminó "dañando de manera irreparablemente a la causa SQM".

En la misma línea, apunta que "se debió indagar no sólo a la empresa, sino a las personas que recibieron los pagos, siguiendo el camino del dinero, y, además, estableciendo si estas altas autoridades realizaron alguna actuación a cambio de esos dineros o si ejecutaron algún tipo de conducta que favoreciera a la empresa, las sociedades cascadas o al mismo Julio Ponce Lerou, y esto no se hizo".

"Ojalá esa investigación se realice, aunque no tenemos muchas esperanzas de que ocurra, ya que la Fiscalía no ha mostrado voluntad ni competencia suficiente para indagar estos ilícitos", cerró.