En diciembre de 2018 se abrió un sumario por un safari realizado por altos funcionarios de la Contraloría General de la República en Kenia, mientras se hallaban realizando una auditoría financiera a los fondos entregados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a programas de ayuda humanitaria en dicho país.

Los involucrados son cuatros trabajadores de la institución, quienes asistieron a este paseo al parque nacional Masái Mara. Según su defensa, esta salida se habría realizado el 17 de agosto de 2018, fuera de horario laboral.

Contrario a esta versión, la reserva del safari -a la que tuvo acceso Radio Biobio- indica que la actividad comenzó a las 13 horas de mismo día, horario que está enmarcado dentro del horario de trabajo de estos funcionarios. La compra de los tickets fue realizada por  la jefa del Departamento de Auditoría Externa Junta de Auditores ONU-CGR, María Francisca del Fierro Vensprezmy.

Cabe destacar que los viáticos pagados a estos funcionarios por concepto de sus trabajos en Kenia ascendieron a unos 30 mil dólares (más de 20 millones de pesos chilenos).

El servicio fue contratado diez días antes del safari, el 7 de agosto de 2018. De él participaron Del Fierro, Cristel Bustos, Aracelli Ahumada (funcionarias a cargo de la primera) y Alejandro Valenzuela Marín, abogado y asesor directo del contralor Jorge Bermúdez.

Esta irregularidad finalmente fue denunciada por Macarena Martínez, quien viajó a Kenia para fiscalizar el trabajo en dicho país. La misma profesional acusó de acoso laboral y de haberla sacado arbitrariamente del equipo a Del Fierro. Igualmente, la funcionaria indicó el especialista informático Gonzalo Cortés, enviado por la Contraloría a África para trabajos de su área, no contaba con la capacitación necesaria para el cargo.

Por el momento, la indagatoria administrativa que determinará con claridad los hechos y apuntará a los responsables aún se encuentra en curso. Martínez, quien en un primer momento anunció una demanda de tutela en tribunales laborales, finalmente interpondrá un recurso de protección en contra sus superiores por estas irregularidades y el acoso laboral en su contra.

Uno de los involucrados en el caso del safari es el abogado Alejandro Valenzuela Marín, quien fue alumno del contralor Jorge Bermúdez en la Universidad Católica de Valparaíso y recibe un sueldo que puede llegar a los 6 millones 800 mil pesos mensuales.

En relación a estas acusaciones, la Contraloría General de la República (CGR) informó que, con fecha 27 de diciembre de 2018, el Contralor General instruyó un sumario administrativo para aclarar los hechos, verificar la veracidad de la denuncia y determinar las eventuales responsabilidades.

A la vez, el organismo reafirmó que "el cuidado y buen uso de los recursos públicos, así como la integridad de todos sus funcionarios son valores fundamentales, por lo tanto, está tomando todas las medidas necesarias para elevar los estándares de probidad en la institución".

El viaje se realizó una vez que Contraloría fue escogida como integrante de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. Las auditorías se iniciaron en julio del año pasado y se realizaron a los programas como ONU-Hábitat, Fondo de Pensiones de la ONU, ONU Mujer y Misiones de Paz de las Naciones Unidas.

En esa oportunidad, según informó BíoBío, el contralor creo el departamento de “Auditoría Externa, Junta de Auditores ONU-CGR” encargada de llevar a cabo esa labor. La jefa designada fue María Francisca del Fierro Vensprezmyquien aparece en la reserva de los tickets del safari publicado por el medio. También participaron de ese viaje Cristel Bustos, Aracelli Ahumada y Alejandro Valenzuela Marín, abogado y asesor directo del contralor.El servicio fue contratado diez días antes del safari, el 7 de agosto de 2018.

Desde la institución también informaron que hasta ahora ninguno de los funcionarios ha sido desvinculado hasta conocer los resultados de la investigación interna. El contralor Jorge Bermúdez no dio declaraciones al respecto.