En noviembre del año pasado, el ex candidato diputado por el distrito 8, Camilo Lagos, presentó una querella criminal en contra de la Municipalidad, apuntando a su alcaldesa Cathy Barriga, al administrador municipal Felipe Contreras y al diputado Joaquín Lavín Jr., además de otros cuatro asesores, por el delito de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

Según los detalles revelados por El Mostrador, se hace referencia a los contratos y sueldos de Carlos Vargas, quien está contratado por la Cámara de Diputados como personal de apoyo al diputado Joaquín Lavín (con un sueldo de $780 mil pesos) y a la vez cuenta con un contrato a honorarios por la por la municipalidad de Maipú, como asesor del concejal UDI, Horacio Saavedra (con un sueldo de $7.457.437).

El documento también mencionó el caso de Romina Castillo, quien está contratada por la Cámara de Diputados (con un sueldo de $470.000) y por el municipio, con una remuneración que asciende a $1.000.000. Otro funcionario llamado José Sarmiento repite el mismo patrón, con un sueldo de $1.000.000 por su trabajo como conductor en la Cámara de diputados y otros $1.227.667 por trabajar para Maipú.

A la vez, también se sumó el caso de Gastón Bustamante, asesor parlamentario del diputado Lavín, quien al igual que los casos anteriores, recibe un sueldo de $333.333 en la Cámara y otro monto de $1.000.000.

En este escenario, se le atribuyen cargos a Barriga y a su administrador municipal, Felipe Contreras, quienes en común acuerdo "consintieron en que se defraudaran caudales públicos de la municipalidad de Maipú por un total de $10.675.104, correspondientes a los honorarios de Carlos Vargas, Romina Castillo, José Sarmiento y Gastón Bustamante".

El 9 de noviembre de 2017, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Camilo Lagos.