En el círculo de la casta militar los nombres suelen repetirse. Uno de ellos es el del abogado Maximiliano Murath (40), quien ha sido defensor de varios ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Su fama se ha alimentado de algunas victorias judiciales para ese sector, sobre todo, si se trata de beneficios penitenciarios. Por eso fue escogido como patrocinante del requerimiento que presentaron los senadores de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional por el proyecto de Libertades Condicionales, que busca modificar la norma de 1925.

El documento que revisarán los ministros propone que las personas condenadas por cualquier delito que el derecho internacional califique de genocidio podrán postular al beneficio al cumplir dos tercios de la pena. Además, deberán acreditar dos circunstancias: aportar con antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en causas de similar naturaleza y haber mostrado arrepentimiento de sus actos a través de una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos por los que fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares.

El proyecto aumentaría las exigencias para los condenados por delitos de lesa humanidad, algo que los parlamentarios buscan evitar con esta acción judicial. Murath tiene experiencia litigando en este tipo de casos.

En el requerimiento supone inconstitucional tres artículos del proyecto con una línea argumentativa que en otras ocasiones ya se le ha escuchado. A grandes rasgos, que no es procedente la entrega de información forzada por parte de los condenados porque sería validar un trato inhumano y degradante, y que resulta atentatorio contra la integridad psíquica y la libertad de conciencia que muestren arrepentimiento en la última etapa de su proceso de reintegración a la sociedad. Y también asegura que el proyecto instrumentaliza a este grupo de personas.

Hace unos meses, La Segunda publicó una entrevista a Murath titulada: “El abogado que ha liberado a doce condenados de DD. HH”. Una imagen suya de cuerpo entero acompañaba la página. Ahí, Murath aseguró que a estas personas condenadas no se les ha garantizado el debido proceso y que se les está juzgado severamente a pesar de que hace cuarenta años no cometen delito.

A principios de diciembre el abogado nuevamente tuvo una aparición en la prensa: anunció que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con 15 denuncias en contra de jueces chilenos por transgresión de garantías. En la lista de sus representados figuran el general en retiro de Carabineros Patricio Jeldres, el ex agente de la DINA Klaudio Kossiel, y el coronel en retiro y agente de la DINA y de la CNI Manuel Carevic.

El también profesor de la Universidad de Los Andes es de los casos polémicos. En 2015, obtuvo la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones, agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) condenado a cadena perpetua como autor por el secuestro y homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en el caso Degollados. Y aunque fue una celebración momentánea, en 2016 fue reconocido como el abogado que lograba la libertad condicional de Raúl Iturriaga Neumann, el ex miembro de la DINA y encargado de la ejecución de la Operación Colombo. Unas semanas después la Corte Suprema revocó esta medida y Neumann siguió preso en Punta Peuco.

Otros casos se suman a su historial: defendió al ex miembro de la FACh Freddy Ruiz Bunger, condenado por asociación ilícita y secuestro calificado; al general de Carabineros en retiro Luis Prüssing Schwartz, condenado por secuestro calificado; y al ex capitán del Ejército Jorge Romero Campos, por secuestro calificado. Todos ocurridos en brutales episodios de la dictadura.

Esta trayectoria le valió para que fuese elegido el abogado patrocinante del requerimiento. Los senadores del bloque oficialista tardaron dos días en designar oficialmente a Murath, una vez firmado el documento que reconocía la representación de más de una cuarta parte de los senadores en ejercicio para iniciar la acción judicial.

Este lunes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó que esperarán el fallo del Tribunal sin participar de los alegatos de este miércoles y jueves. Es decir, la defensa del requerimiento depende exclusivamente de los abogados de los parlamentarios oficialistas. Por eso, los senadores han depositado su confianza en Murath quien además de moverse en estos círculos se ha especializado en la argumentación. No solo ha sido profesor de oratoria, antropología y pensamiento crítico en cátedras universitarias, sino que también ha sido finalista en torneos de debates universitarios, además de capacitador, jurado y capitán de selección en instancias hasta internacionales.

Murath sabe bien cuál es la comunicación más efectiva para cada caso y, en especial, para estos, algo que ahora lo mantiene en alianza con los senadores de la derecha.

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El abogado Maximiliano Murath Mansilla fue contactado por El Desconcierto para obtener más información sobre el tema y no obtuvo respuesta hasta el cierre de este artículo.

Lee aquí el requerimiento de Chile Vamos ante el TC por el proyecto de Libertades Condicionales:

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