Proyecto de ley pone en riesgo la televisión pública de Colombia
El proyecto de ley sobre modernización del sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en Colombia, que según el gobierno del presidente Iván Duque viene a hacer frente a la disminución de las inversiones en el sector e incentivar el aumento de la conectividad en el territorio nacional, tiene a la oposición y a la opinión pública alerta por la serie de irregularidades y de intereses privados comprometidos.
El pasado jueves 6 de diciembre se realizó el primer debate el proyecto de ley, aprobándose aún con la gran muestra de descontento por parte de la bancada de opción. Senadores/as y diputados/as se retiraron del recinto argumentando que el proyecto no tuvo una amplia discusión con todos los sectores involucrados y que estaba siendo aprobado en medio de varios lobbistas de los canales privados. Además afirman que es gravísimo que no se haya consultado a las comunidades étnicas, pues se transgrede la constitución.
Según la oposición, el proyecto que pretende actualizar la Ley 1341 de 2009 y que cuenta con urgencia por parte del gobierno, concentra el poder de regulación de comunicaciones en el gobierno de turno y quita autonomía y recursos a la televisión pública y comunitaria; estimula los monopolios y la concentración de propiedad de medios puesto que entrega a los privados y a unas empresas en particular, el manejo del espectro radioeléctrico y las concesiones de televisión pública y radiodifusión sonora de por vida y casi sin pagar nada por ello. Asimismo, aumenta el plazo de las licencias de 10 a 30 años con renovación automática y propone que los recursos destinados a la cultura queden atados al IPC al igual que la educación.
“Este proyecto afecta profundamente a la autonomía en la creación y difusión de contenidos, es un golpe profundo a nuestra identidad cultural, a la construcción de país, a la paz, todo eso para beneficiar claramente con miles de millones a los sectores privados de este país. Los que están aprobando este proyecto de ley son personas que nosotros ya tenemos identificadas, que fueron financiadas precisamente por las grandes cadenas de televisión”, afirmó la diputada María José Pizarro.
Por su parte, el senador Antonio Sanguino declaró que “eso es inaceptable porque una decisión pública no puede tomarse en contubernio entre unos sectores del Congreso de la República y agentes privados y beneficiaros directos del proyecto. Todas las bancadas una y otra vez propusieron eventos públicos, unos foros regionales, consultas previas, pero la precipitud para votar el proyecto, antes del 15 de diciembre, es porque el 11 de enero Caracol y RCN tienen que pagar 256 mil millones de pesos (más de 54 mil millones de pesos chilenos) y es lo que quieren ahorrarles con el articulado del proyecto”.
Y agrega que “el proyecto busca ampliar las concesiones con una renovación casi que vitalicia para los actuales dueños del espectro electromagnético en el país. En segundo lugar, convierte a la autoridad en materia de telecomunicaciones en un agencia de bolsillo para el gobierno, lo que significa un riesgo para la democracia, porque cualquier gobierno va a definir los contenidos de la televisión pública y privada”.
Justamente Señal Colombia, canal público, retiró de su parrilla el programa 'Los Puros Criollos' el mismo día que su presentador expuso públicamente sus críticas al proyecto de modernización del sector TIC, una muy mala señal del futuro que se espera tras la aprobación de este proyecto de ley.
Los congresistas de oposición piden se elimine el trámite de urgencia y se consideren a debate las más de 140 propuestas que ellos han presentado. Mientras, el debate continuará en su segunda jornada, el viernes 14 de diciembre del presente año.
