Si bien ya hay una sentencia confirmada por la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país, la historia del caso Luchsinger Mackay está lejos de terminar.

Tal como adelantó El Desconcierto hace una semana, distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviaron una comunicación oficial al Estado de Chile donde hacen un duro llamado de atención por las presiones políticas que giraron en torno al caso que condenó a cadena perpetua a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel y a 5 años a José Peralino Huinca. Se refieren específicamente a la denuncia de la jueza Ximena Saldivia, quien salió del tribunal unos días antes de terminado el juicio oral denunciando acoso laboral y presiones políticas del juez presidente, Germán Varas, para darle unanimidad a una sentencia condenatoria hacia los comuneros mapuche.

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El documento está firmado por Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados; Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos.

La notificación tiene fecha del 13 de agosto, pero por asuntos protocolares de la ONU, recién se hace pública 60 días después, razón por lo que el documento no pudo ser tomado en cuenta por los jueces de la Corte Suprema que confirmaron la sentencia contra los comuneros mapuche.

Para los relatores, las presiones denunciadas por Saldivia puede significar el "incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar la independencia judicial en su país, así como asegurar un entorno propicio y seguro para la labor de jueces y magistrados".

"Las informaciones recibidas por esta relatoría apuntan a supuestas presiones ejercidas contra la jueza Saldivia a lo largo de este juicio, con el fin que se produjera una sentencia condenatoria a los imputados y de este modo coincidir con la opinión política expresada sobre el caso por el actual gobierno (...)estas presiones vendrían del juez Germán Varas, para adaptar, según esas alegaciones, el fallo a la voluntad expresada públicamente por el Presidente de la República, S.E. Sebastián Piñera, de que los acusados de este caso debían ser condenados, y de este modo poder ser nombrado magistrado en la ciudad de Temuco", dice la notificación.

El documento continúa así: "Quisiéramos expresar nuestra preocupación por las supuestas amenazas y presiones a la jueza Saldivia que, de quedar probadas, constituirían una afectación grave a la independencia del órgano jurisdiccional, pilar fundamental del derecho al debido proceso y garantías judiciales. Los presuntos hechos que se denuncian afectarían de forma directa al derecho de los acusados a ser oídos públicamente en condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, encargado de examinar la acusación contra ellos en materia penal".

De acreditarse las presiones, dice la comunicación, "podríamos encontrarnos ante un intento de incidir directamente sobre la afectación de uno de los miembros del Tribunal que debía dictar sentencia sobre el caso Luchsinger Mackay".

Además, los relatores hacen un directo llamado de atención "a los miembros del Poder Ejecutivo sobre causas que se siguen en los órganos judiciales, que podrían ser consideradas como injerencia en asuntos judiciales", ya que esto pone "en tela de juicio el principio de separación de poderes y la necesaria independencia judicial".

La comunicación de los relatores finaliza pidiendo al Estado de Chile otorgar cualquier información o comentario en relación a las alegaciones, informar acerca de las investigaciones que han realizado para esclarecer los hechos denunciados, informar de la situación laboral actual de la jueza Ximena Saldivia, así como de los recursos judiciales a disposición de los condenados para recurrir a la sentencia y las medidas para asegurar un juicio con todas las garantías procesales para los acusados.

Sin embargo, con una sentencia ya confirmada por la Suprema, el único camino que resta para los condenados es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceso que podría tardar años.

Según pudo corroborar este medio, el documento fue recibido por Cancillería y derivado a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Mira el documento completo acá:

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