El gobierno de Uruguay envió un proyecto al parlamento que contempla que las cárceles de país charrúa pasen a depender del Ministerio de Educación y Cultura a partir del 2012.
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Cárceles uruguayas pasarán a depender del Ministerio de Educación a partir de 2021
El proyecto de ley, que fue acordado por el gobierno y la oposición, contempla la creación del Consejo de Personas Privadas de Libertad que recibirá de parte de los presos "propuestas e inquietudes relativas a la convivencia cotidiana" dentro de las cárceles.
Según consigna El Observador, el envío de la iniciativa se da después de que se generara un motín el pasado viernes en la cárcel de Santiago Vázquez que contó con tres policías de rehenes.
De acuerdo al proyecto, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo que rige las cárceles, se convertirá en un instituto descentralizado que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con el objetivo de poner énfasis en la intervención psico-socio-educativas de las personas privadas de libertad.
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El proyecto que se concretará a partir de febrero de 2021 contempla que las familias pasen a formar parte del proceso de pre egreso de los centros penitenciarios. Junto con esto, se entregarán herramientas que contribuyan a la reinserción social con el fin de evitar la reincidencia.
Con este fin, se creará el Consejo de Familiares de Personas Privadas de Libertad y el Consejo de Personas Privadas de Libertad. El primero será una "estructura de apoyo" al trabajo de rehabilitación para contribuir en el bienestar de los presos además de participar de diferentes actividades que se desarrollen con los propios reclusos. El segundo será, una organización que recibirá propuestas de los presos relativas a la convivencia cotidiana dentro de las cárceles.
"Con el presente proyecto se aspira a que por primera vez en nuestro país, se establezca un marco legal de tratamiento integral para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, que tenga como base fundamental el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que por diferentes razones, se encuentran vinculadas al quehacer penitenciario", establece el proyecto de ley.
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