Piñera es hábil y la oposición parlamentaria tradicional le da carrete. Mientras, el Presidente y su equipo satisfacen a la oligarquía empresarial planeando la represión en territorio mapuche con su recién estrenado su “comando jungla”, prueba de que las élites colombianas y chilenas tienen un historial común de terrorismo de Estado.

Piñera no pone “orden en la casa” -con la corrupción en el centro de carabineros- pero igual ataca cabeza gacha. Y la “oposición” de la ex Nueva Mayoría es incapaz de responder con sabiduría, porque estuvo comprometida con las mismas tácticas represivas desarrolladas por Bachelet-Aleuy (PS) desde la cima del Estado.

Piñera y Blumel generan polémica en torno a la “obstrucción parlamentaria” o a la “sequía legislativa. El PS, la DC y el PPD pisan felices el palito. Así no tienen que levantar proyectos alternativos a las iniciativas legales de Piñera en salud, pensiones, educación, medioambiente que vendrán a reforzar el neoliberalismo y a defraudar las esperanzas de la ciudadanía. Tejado de vidrio.

Sucede que la ex Nueva Mayoría no tiene legitimidad ni pericia alguna para impulsar medidas legales que favorezcan a las mayorías populares porque su pasado de componendas con las fuerzas oligárquicas y sus partidos, y de prácticas políticas consistentes en consolidar el modelo neoliberal en lugar de desmantelarlo, calaron hondo en ellos bajo la forma de una “subjetividad neoliberal”. Y así se transformaron mentalmente en adalides de las políticas de ajustes, y no de cambios. Eso Piñera y su equipo de ministros lo saben. Les recuerdan la reforma tributaria de Arenas como el colmo de la incompetencia. Es la esquizofrenia propia de la política institucional.

Esta es otra escena del juego de fuerzas, pero político-sociales. Cuando Bárbara Figueroa (PC) de la CUT, más los DC y PS allí enquistados plantean un sueldo mínimo de $420 mil en vez de los $276 mil actuales, el ministro del trabajo de Piñera, Nicolás Monckeberg, la quintaesencia del neoliberalismo empresarial, niega de plano tal posibilidad. Dice que “es absolutamente inviable”.

Obvio, este es un tema crucial para este gobierno y para todas las izquierdas y fuerzas democráticas. Pero el silencio de la oposición parlamentaria es total ante el tema salarial. Y sin embargo debería ser el eje de toda política de desarrollo social y de izquierdas. ¿Puede haber “desarrollo integral” a la Blumel con salarios miserables como los que ganan más de la mitad de la fuerza laboral chilena? ¿Puede haber una política hacia la “infancia” en hogares de padres y madres con ingresos miserables y más encima endeudados y sin sistema de salud y con expectativas de jubilación indignas? ¿Puede haber “armonía familiar” como dicen los pechoños de Kast con salarios de malnutrición?

La coherencia no es un atributo de los políticos ni de los dirigentes del sindicalismo burocrático y de colaboración patronal. Bien sabemos que la CUT primero vocifera y después retrocede y negocia a la baja con el poder empresarial.

La lucha por un salario mínimo de $500 mil (es la cifra utilizada por Monckeberg para defender las utilidades empresariales y ridiculizar la propuesta de la CUT) obligaría a hacer un frente común de todas las fuerzas sindicales, de izquierdas y de la oposición parlamentaria. Le permitiría a ésta salir de la incoherencia y del encerramiento legislativo. Bien sabemos que obtener un salario mínimo digno implica conversaciones entre estructuras sindicales, políticas, además de organización, propaganda y movilizaciones nacionales. Y como el terreno salarial y el trabajo explotado (el mecanismo de sus cuantiosas ganancias) es el talón de Aquiles de la oligarquía empresarial representada por Piñera, y de su retórica del “crecimiento”, el PC (Bárbara Figueroa) se mueve siempre con más cautela que con iniciativas para ganar. Esperemos que los parlamentarios y las parlamentarias consecuentes con un proyecto de sociedad justa salgan de la anestesia institucional y defiendan un salario decente de $500 mil para trabajadores y trabajadoras por igual.