La migración haitiana hacia Chile hay que comprenderla dentro del contexto histórico más amplio de una diáspora que ha pasado por distintas etapas y recorridos en el continente. Uno de los argumentos utilizados por la autoridad para imponer una visa consular de turismo a ciudadanos haitianos es que prácticamente todos los países de América del Sur la tienen, con excepción de Argentina, Ecuador y Guyana. Pero ¿estamos hablando del mismo tipo de visa? ¿cuáles son las lecciones que quedan de los países que la han implementado?

El terremoto de 2010, el brote de cólera que le siguió y dos huracanes que terminaron por devastar la infraestructura y la economía del país, determinaron un primer giro en los flujos migratorios históricos que existían hacia República Dominicana y Estados Unidos como principales destinos. La desesperación que produjo el desplazamiento de miles de personas producto de la crítica situación ambiental y económica, junto con el cierre de fronteras del país del norte, y las expectativas de empleo que surgían en un Brasil que invertía en complejos deportivos, llevaron a muchas personas a dirigir su mirada hacia países del conosur. El segundo giro se produjo en 2016 producto de la crisis económica y política de  Brasil, lo que llevó a muchos haitianos a buscar oportunidades en otros destinos, emprendiendo peligrosos viajes a México, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, o buscando oportunidades en países cercanos.

Brasil efectivamente fue el principal receptor de estos flujos en el primer momento. En aquella época fue evidente que su sistema de visados no daba abasto para recibir de manera adecuada a las miles de personas que llegaban por tierra desde la isla. El diagnóstico era desolador, miles de haitianos entrando de manera irregular al país, dificultades para su regularización y crecientes redes de tráfico que terminaron en altísimos niveles de precariedad, exclusión y participación en la economía sumergida. El llamado desde la OEA y los espacios de integración regional (Unasur, Mercosur, Conferencia Suramericana de Migraciones, entre otros) era a que los países contribuyeran a dar respuesta a esta crisis humanitaria lo que se traducía en facilitar la inserción de los migrantes haitianos, propender a regularizar su situación, no criminalizar estos flujos, abrir oportunidades y ciertamente luchar contra redes de tráfico y trata.

Brasil dio la primera respuesta al implementar en 2011 una visa humanitaria, que no hizo otra cosa que reconocer las condiciones de vulnerabilidad estructural del país de origen, como causa suficiente para habilitar la regularización migratoria. En un primer momento estableció un cupo anual de 1200 visas, pero la presión de personas agolpadas en la embajada, los llevó a liberar este número. Esta visa humanitaria, estableció requisitos mínimos para su obtención lo que favoreció el ingreso regular y generó procesos de inclusión al entregar una residencia inicial por 5 años. Esta visa humanitaria no es comparable en ningún caso con la implementada por Chile.

Perú en 2012 comenzó a solicitar una visa consular de turismo a través de un trámite en Puerto Príncipe. Un informe elaborado en Lima por el Instituto de Estudios Peruanos (IEI) sostiene que el alto costo y las dificultades para obtener dicha visa ha hecho que sean muy pocos quienes efectivamente la hayan solicitado.

Colombia también solicita visa consular a haitianos, sin embargo, el 2016 se cuadruplicó el número de haitianos irregulares debido a que quienes ingresaban lo hacían desde Brasil a través de redes de tráfico. La respuesta a este ingreso irregular fue la deportación de más de 20 mil haitianos y el Consejo de Estado de Colombia (uno de los tribunales de Justicia más importantes del país), tuvo que denunciar el carácter ilegal de esas deportaciones por contravenir los derechos humanos de los extranjeros.

Argentina y Ecuador no solicitan visa de turismo, y ninguno de esos países se ha visto desbordado por un flujo desproporcionado de migrantes haitianos. Es más, Argentina emitió en 2017 una resolución para regularizar a aquellos migrantes que hubiesen ingresado como turistas antes del 1 de marzo de 2017.

La respuesta de Chile ha sido la menos solidaria con la crisis humanitaria que enfrenta Haití, y probablemente la menos efectiva para resolver la migración irregular. Los requisitos que establece son extremadamente difíciles de conseguir, especialmente el certificado de antecedentes legalizado con vigencia de 90 días y la acreditación de solvencia económica (la escasa bancarización que existe en ese país hace bastante difícil imaginar cómo se acreditará esta solvencia). En este contexto no debe llamar la atención el bajo número de solicitudes que se han cursado, pero tampoco deberá sorprendernos el incremento de ingresos irregulares que comenzarán a producirse, tal como ocurre en Perú y en Colombia. La visa consular tal como está pensada, no entrega mayor seguridad a los haitianos que deseen viajar a Chile. Si a ello le sumamos el reducido cupo de visas por reunificación familiar, y la poca claridad respecto de los requisitos para la futura visa de oportunidades, la política hacia Haití más se asemeja a lo hecho por Europa con Siria, que al llamado a proteger los derechos humanos de personas que se encuentran en una situación crítica.