El Tribunal Constitucional anuló la norma que prohibía a los controladores de las universidades tener fines de lucro y con esto se reabre el debate respeto de la legitimidad de este tribunal, el cual con sus decisiones, una vez más se contrapone a la opinión y deseo de la enorme mayoría de chilenos de tener educación gratuita. La decisión de este tribunal es gravísima y atenta claramente contra el derecho a educarse de todos quienes vivimos en este país. En lo concreto el tribunal declaró inconstitucional el artículo 63 de la futura ley de educación superior, que expresaba con absoluta claridad la prohibición de que las universidades y los centros de formación técnica, constituidos como corporaciones, puedan contar con controladores con fines de lucro.

Cuesta entender las razones o motivos que pueda tener este tribunal para terminar, a partir de esta decisión, con un sentido anhelo de nuestro país. Así las cosas el futuro de la gratuidad está en riesgo. Pero esta lamentable noticia nos debe llevar a una reflexión aún mayor: esto es posible hoy en Chile porque aún contamos con una constitución antidemocrática e ilícita, no sólo en su origen sino fundamentalmente en su contenido. Una constitución heredada desde la dictadura y que los tibios gobiernos democráticos han sido incapaces, y tampoco han querido, resolver.

Una vez más el fantasma de esta constitución, contraria a los intereses de los sectores populares y trabajadores de Chile, está operando. Así queda demostrado a través de los argumentos esgrimidos por quienes estuvieron de acuerdo con este fallo. Ellos son los jueces Iván Aróstica, Marisol Peña, Juan José Romero, María Luisa Brahm, Cristian Letelier y José Ignacio Vásquez. Entre sus fundamentos figura la recurrente preocupación por la llamada “libertad de enseñanza” establecida en el artículo 19, número 11 de la Constitución Política. Recuerdo que esta libertad se traduce en la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Por tanto, de acuerdo a este fallo, ya no sería posible obligar a quienes deseen abrir un centro de educación técnica o superior a tener que prescindir del lucro como parte importante de su motivación y actuar.

Este fallo del Tribunal Constitucional reabre nuevamente el debate sobre la necesidad de contar con una nueva constitución en nuestro país. Una que considere los anhelos y deseos más profundos de quienes habitamos esta tierra. Una constitución que sea expresión de lo que somos y aspiramos como sociedad, centrada en el ser humano y que promueva y garantice todos nuestros derechos y aspiraciones de justicia y libertad como pueblo.  Dicho objetivo no puede sino ser concretado a través de una Asamblea Constituyente que represente toda la diversidad del Chile de hoy.

Por esto este fallo nos lleva a reflexionar más en profundidad sobre nuestra arcaica y poco democrática institucionalidad nacional.