La construcción social de la “libertad de expresión”, en un contexto de profundas desigualdades donde su acceso no es igual para todos/as, trae consigo innumerables interpretaciones. Más allá del genuino deseo de expresarnos libremente, esta construcción interpela a una parte de la sociedad que considera “provechoso”, en el nombre de la libertad de expresión, utilizar cualquier espacio que promueva cualquier ideología y por cualquier medio. Es precisamente en el nombre de la “libertad” que hoy en día los medios de comunicación criminalizan a migrantes, indígenas, prostitutas, estudiantes, vendedores ambulantes; en general a todo pobre.

De este modo, observamos cómo la libertad, en ocasiones, se disfraza de una falsa deconstrucción porque su discurso se abraza con el racismo, el machismo y la discriminación. Lo anterior se refuerza bajo el discurso normativo de aquellos que apelan por el respeto al marco legal chileno; como si alguna vez la norma hubiese estado por delante en las demandas por un Chile más justo.

Así las cosas, vemos cómo el discurso de la libertad cohabita con discursos de odio; o cómo el discurso de los derechos humanos convive con el de la doctrina de seguridad nacional (basta ver los diversos proyectos de ley migratoria). Estas evidentes contradicciones, sin mayores cuestionamientos, invitan a revisar los límites de lo que se reconoce como “libertad de expresión”. En particular, se abre la discusión respecto de la visita de Kast a nuestras universidades. Una persona que ha señalado públicamente que las mujeres no tenemos soberanía de nuestro cuerpo, que debemos cerrarle la frontera a los migrantes, militarizar la Araucanía, que la gratuidad en la educación pública no es adecuada, soslayando la lucha de los movimientos sociales. En esta difusa dicotomía nos encontramos hoy en día.

Más allá de su visita y la discusión que intenta promover en nuestras universidades, observo violentos simbolismos en su intención política. Quienes se encargan de solicitar espacios públicos en el nombre del “pluralismo” e  incitan todo tipo de odio, instrumentalizan a las universidades públicas para generar rupturas que en nada aporta en nuestra intención de promover los intereses de las comunidades regionales. Universidades que históricamente han respondido a las necesidades locales, cuando paradójicamente han sido ellos los que han despreciado la necesidad de fortalecer la educación pública.

En las Universidades regionales intentamos conducir un quehacer intelectual consciente con los intereses de la clase trabajadora y los movimientos sociales, que no es más que el resultado de lo que demanda la realidad regional y que no hemos despreciado. Promovemos el sentido público de la educación, porque en ella se sintetizan los intereses de la sociedad, donde tienen cabida los estudios de los procesos sociales con toda complejidad.  En este contexto no podemos permitir que desaparezca coyunturalmente lo que hemos intentado construir durante años.

Lo que ocurrió en las universidades públicas es una manifestación de un descontento de la sociedad en general, una consecuencia de lo que se ha gestado durante años. No son solo estudiantes, sino que también de los movimientos sociales que encarnan las profundas desigualdades de este país que hoy se lamenta lo que ayer permitió; incitar al odio impunemente.