El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acordó prisión incondicional para los ex consejeros independentistas Jordi Turull Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, y la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Se da la circunstancia, además, de que Turull había sido propuesto como candidato a la Presidencia del gobierno catalán, luego de que Llarena impidiera que lo fueran otros dos candidatos anteriormente elegidos por el Parlamento: el ex presidente Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas en el exilio; y Jordi Sánchez quien se encuentra en prisión sin fianza, también.
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Juez español decreta prisión sin fianza para ex presidenta del Parlamento catalán y 4 ex consejeros independentistas
La decisión judicial ha desatado protestas y manifestaciones masivas en Barcelona y las principales ciudades catalanas para rechazar lo que el movimiento considera como una "deriva judicial represiva".
Llarena tomó esta decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que atendió la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por el partido de la ultraderecha española Vox, que solicitó previamente prisión incondicional para todos ellos.
Según el juez, existe un grave riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por el delito de rebelión.
Los encausados se unirán así al ex vicepresidente, Oriol Junqueras, el ex consejero Joaquim Forn, y a los dos líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuizart. Todos ellos están acusados de rebelión, penado con entre 15 y 30 años de cárcel.
Posteriormente, el juez también dictó una orden de detención internacional contra otros siete altos cargos del movimiento que se encuentran fuera de España, entre Bélgica, Suiza y Reino Unido, en condición de exiliados.
Ante el escenario que se plantea en Cataluña tras el envío a la cárcel de los políticos soberanistas, existe una alta probabilidad de que los catalanes y catalanas tengan que acudir a las urnas nuevamente el próximo mes de julio. Eso, si no se llega a un acuerdo antes de dos meses y se propone a un nuevo candidato.
La decisión judicial ha desatado protestas y manifestaciones masivas en Barcelona y las principales ciudades catalanas para rechazar lo que el movimiento considera como una "deriva judicial represiva".
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