La peor tragedia carcelaria de país ocurrió durante la madrugada del 8 de diciembre de 2010 en San Miguel, cuando 81 personas murieron calcinadas tras un incendio que se expandió en el cuarto piso de la torre 5.

Numerosas familias vivieron el dolor de perder a sus seres queridos en terribles condiciones y obtuvieron de parte del Gobierno de la época - durante el primer mandato de Sebastián Piñera- la promesa de entregar una sepultura gratuita a las víctimas de por vida.

Sin embargo, desde el 2015, los cementerios han insistido a los familiares de los internos muertos que paguen la mantención de las sepulturas. Hoy, enfrentan una deuda y un problema terrible: pagar los montos respectivos al cementerio o sus familiares pasarán a una fosa común.

César Pizarro, líder de la agrupación 81 razones por luchar y hermano de uno de los jóvenes fallecidos recibió un correo de una ejecutiva del Parque del Recuerdo en agosto de 2015: "Por medio del presente queremos informar que con fecha 15/06/2015 tuvo vencimiento su cuota anual de mantención por un monto de $58.220 pesos", consignaba.

En primera instancia, el gobierno ofreció a los familiares una sepultura 4x1, con una fosa para cuatro cuerpos. Sin embargo, después de los reclamos, se resolvió que cada uno tendría su tumba. Del total de 81 reos fallecidos, 78 recibieron ayuda para costear los servicios funerarios y de sepultura. La funeraria del Hogar de Cristo logró un acuerdo con el Ministerio de Justicia para ello.

Según consignó La Tercera, el acuerdo firmado por las autoridades de la época sentenciaba que "La Subsecretaría acuerda con el prestador la contratación de servicios funerarios con motivo del incendio ocurrido con fecha 8 de diciembre de 2010, en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, a fin de otorgar las prestaciones necesarias para llevar a cabo las ceremonias fúnebres de 78 fallecidos en el siniestro en mención. Dicha prestación comprende los servicios de traslado de los fallecidos, suministro de urnas, sepulturas y otros complementarios, como; derechos de sepultación, mantención e inyecciones de conservación".

Sin embargo, en el contrato no se estipuló una fecha de vencimiento del acuerdo. Tras escribir al abogado del ministerio de Justicia, Álvaro Pérez, respondió asegurando que éste "no cuenta con las atribuciones legales para pagar dichos montos. Sin embargo, podemos buscar una solución a través de municipios o similares, desde donde se puede encontrar alguna solución para destinar fondos públicos en esto que es de vital importancia".

Luego, los correos con los cobros del cementerio comenzaron a llegar a todos los familiares de los 81 presos fallecidos. Hasta hoy, los llaman por teléfono y les insisten hasta en sus lugares de trabajo por el pago. 

"Me dijeron que si no pagaba iban a pasar a mi hermano a una fosa común. Al resto de las familias también las están amedrentando, amenazándolas", aseguró César Pizarro.

El hermano de uno de los jóvenes fallecido recordó que, tras el fatídico incendio ocurrido hace 8 años, "nadie se preocupó, nadie preguntó “¿qué pasó con los 81?”. Nos dejaron tirados, ¿y qué voy a hacer si mandan a mi hermano a la fosa común? El Estado tenía a mi hermano preso, él estaba pagando lo que hizo. Y me lo entregaron muerto".