La grave crisis de dineros que afecta al municipio de La Florida y que tiene en la mira al alcalde Rodolfo Carter (UDI) va en escalada y podría complicar aún más al líder comunal, ahora que un grupo de parlamentarios acudió hasta el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Se trata de los diputados del distrito 12 Miguel Crispi (RD) Pamela Jiles (PH) Ximena Ossandón (RN) Amaro Labra (PC) y Camila Vallejo (PC), quienes este viernes llegaron hasta las dependencias del organismo para pedir que este investigue el uso de los recursos perdidos y así poder determinar las responsabilidades tanto civiles como penales que puedan existir en el caso.

"Estamos aquí para expresar nuestra preocupación por la grave situación que atraviesa la comuna. Hace mucho tiempo que lo venimos denunciando junto a los trabajadores de la salud y educación, de la mala utilización de fondos públicos, la gran deuda en el pago de sus cotizaciones, el déficit de presupuesto. Aquí puede haber delito y necesitamos que eso se esclarezca", dijo Camila Vallejo.

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La situación se conoció gracias a un informe de Contraloría que indagó en las áreas de Salud y Educación del municipio y que encontró situaciones como el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de dichas áreas, generando intereses, reajustes, recargos y gastos de cobranza por un monto total de $559.431.202.

El texto además detalla que existen 57 cheques protestados por falta de fondos en el área de Educación por un monto de $356.735.882, mientras que en el caso de Salud fueron 195 los documentos sin fondos y la cifra asciende a $701.617.878. Además, se detectó que los aportes municipales para las áreas de Educación y Salud no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ello, cifras que en total ascienden a casi $3 mil milllones.

Al momento de llegar al CDE, los parlamentarios destacaron la presencia de diputados de distintos sectores. "Esto es inédito, es primera vez que existen diputados transversales tras una misma denuncia, esto es dejar la ideología de lado y jugársela por los vecinos y por la transparencia", señaló Ximena Ossandón.

En tanto, Miguel Crispi agregó que "cualquier ciudadano puede darse cuenta de la gravedad, y por eso, creemos que el municipio, y el alcalde que es la máxima autoridad, tiene que dar explicaciones". Contraloría además dio un plazo de 60 días para que Carter aclare qué sucedió con los dineros, pero Crispi también expresó que espera que el pronunciamiento sea antes "por un tema de probidad y de ética".