La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció abusos y actos de tortura contra los 34 detenidos durante la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

En el documento de 65 páginas "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", la ONU detalla, analiza y verifica las violaciones a derechos humanos cometidas entre septiembre de 2014 y enero de 2016, durante la la etapa de investigación de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Los expertos del organismo internacional revisaron los expedientes judiciales y se entrevistaron con detenidos, testigos, abogados y autoridades relevantes que investigaron los hechos ocurridos hace casi cuatro años. Según informa El País, en sus conclusiones encontraron un “patrón consistente de violaciones de derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” de detenciones arbitrarias, demoras significativas en la presentación de los detenidos ante las autoridades y tortura.

La ONU examinó la información de 63 de los 129 detenidos a lo largo de la investigación que dijeron haber sido maltratados. En 51 casos halló posibles actos de tortura. El informe se basa en el análisis de 34 de ellos, 33 hombres y una mujer. “La ONU tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, dice el texto.

Según el texto, todos los casos analizados sucedieron después del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) -equivalente a la Fiscalía- se ocupó del caso, coincidiendo con el aumento de la presión internacional por esclarecer la desaparición del los 43 normalistas de Ayotzinapa. En cambio, no se detectó ningún caso de tortura mientas las investigaciones estuvieron a cargo de las autoridades del Estado de Guerrero o de autoridades penitenciarias.

Entre las prácticas de tortura que se documentan están los toques eléctricos en varias partes del cuerpo incluyendo los genitales, los pezones y el ano; la penetración anal a tres hombres detenidos; amenazas de violación sexual a las familiares de los detenidos; golpes; asfixia con bolsas de plástico y ahogamiento con trapos húmedos, una forma conocida como waterboarding que fue utilizada por los soldados estadounidenses en Irak. Los detenidos responsabilizaron de la tortura a elementos de la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial, los marinos. El organismo internacional subraya que estos delitos no han sido atendidos a pesar de haber sido cometidos hace tres años. “La ONU-DH no ha conocido de ninguna acusación en contra de los posibles responsables de dichas violaciones”, asegura el informe.

Varios de los detenidos fueron miembros del cartel criminal Guerreros Unidos, estrechamente vinculado a las instancias estatales de Guerrero. De hecho, este lunes la Policía Federal (PF) detuvo en Cocula, Guerrero, a Erick Sandoval Rodríguez, alias “La Rana”, presuntamente vinculado a la desaparición de los estudiantes mexicanos e identificado como operador de la banda criminal. En octubre de 2015, la PGR ofreció una recompensa millonaria a quien ofreciera información sobre su paradero.

La investigación, en duda

Además de poner luz a las investigaciones y advertencias que también lleva a cabo el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), el informe de la ONU cuestiona aún más la versión sostenida por el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto, la llamada "verdad histórica", que avala la pesquisa realizada por la PGR. El organismo mundial pone en duda los dichos autoinculpatorios, espontáneos y las evidencias, ya que fueron obtenidas bajo tortura, "no han sido excluidas como pruebas por parte de las autoridades judiciales".

Por su parte, el gobierno de México asegura que le preocupa que la ONU arroje conclusiones que se encuentran bajo investigación.