En 2011, luego que una senadora argentina presentara un proyecto de ley elaborado por el diseñador Roberto Piazza -víctima de abuso sexual infantil- y sus abogados, el país se convirtió en el primer latinoamericano en modificar la prescripción del abuso con la Ley Piazza, que más tarde fue pulida y pasó a llamarse “Ley de respeto al tiempo de las víctimas”.

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Este hito fijó un antes y un después en el marco jurídico para estos casos e impulsó el debate en el continente. En Chile, por ese entonces, la iniciativa sumó apoyos debido a la resolución del caso Karadima, que terminó sobreseído justamente por la prescripción de sus delitos. Por ello, distintas agrupaciones de sobrevivientes de abuso creyeron que Chile sería el segundo en modificar la norma, cuestión que se truncó en 2017.

Fue entonces Ecuador el segundo país que, gracias a la aprobación de una consulta popular realizada a principios de febrero de este año, enmendó la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes.

Numerosas denuncias por abusos son realizadas años después. Y es que ningún niño, ningún adolescente o incluso ningún adulto está preparado ni física ni emocionalmente para un acto de ese tipo.

La reconocida psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, Liliana Rodríguez, explicó a El Desconcierto que muchas víctimas tienen bloqueados los recuerdos de abuso como un mecanismo de sobrevivencia.

En este sentido el trauma se puede manifestar de diversas formas, una de ellas es la “Amnesia Disociativa”. Según la profesional “este mecanismo se produce a partir de la vivencia de experiencias que producen un shock cuyo trauma conlleva un altísimo nivel de estrés emocional que disocia ese recuerdo como una forma de seguir con la vida”.

Asimismo, la especialista en abuso sexual, discapacidad y violencia de género de la UNLP aseveró: “El abuso no es sólo físico: hay una humillación, cosificación, y arrasamiento de la persona”. Liliana además agregó que el bloqueo de ciertos recuerdos puede acarrear “sintomatologías físicas (enfermedades), pesadillas, dificultades en las relaciones de pareja/ sexuales, parálisis, dificultad en la toma de decisiones y baja autoestima”.

Igualmente, Rodríguez afirmó que muchos pacientes llegan con síntomas como estos a las consultas de psicólogos y “mediante las sesiones descubren que han sido abusados gracias al armado de un rompecabezas en base a registros almacenados”.

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De acuerdo al derecho internacional, la modificación de los estatutos de prescripción puede realizarse en caso de que existan impedimentos estructurales para posibilitar el ejercicio de la justicia.

Eneas Espinoza, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, señaló a El Desconcierto: “Terminar con la prescripción, modificando los plazos o mediante imprescriptibilidad es fundamental primero porque acepta conocimientos científicos respecto del funcionamiento de la mente humana en casos de abuso y segundo, reconoce al abuso sexual infantil como crimen de lesa humanidad”.

En noviembre de 2016, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó su preocupación por los altos niveles de abuso sexual en contra de menores de edad. De igual forma, al año siguiente en Chile un Informe Estadístico del Ministerio Público reveló que las denuncias por delitos sexuales aumentaron en un 3,3%, y los abusos sexuales en un 8.1%.

Estas cifras, sumadas a los miles de testimonios de personas abusadas- como, por ejemplo las víctimas del “caso marista” –empujan a que la sociedad chilena y más en específico los congresistas del país tomen la experiencia de Argentina y Ecuador como un ejemplo en contra de la impunidad.

La eliminación de la prescripción de los delitos de abuso sexual es una medida para luchar contra la impunidad, sancionar la transgresión, defender el derecho a la integridad física/ psíquica y moral de las personas, además de otorgar justicia a las víctimas de estos delitos sin importar el tiempo que transcurre desde el hecho.