Fue en octubre pasado cuando autoridades como el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, y el director del Servicio Nacional de Consumidores (Sernac), Ernesto Muñoz, celebraron ampliamente la promulgación de la ley que fortalecía el Sernac y le entregaba una serie de nuevas herramientas para regular, fiscalizar y sancionar empresas, lo que para muchos la convertía en un “león con dientes”.

Sin embargo, todo se desinfló en poco tiempo. Tal como se especulaba, la iniciativa salió trasquilada luego de su paso por el Tribunal Constitucional, que resolvió eliminar 28 normas que le permitían emitir sanciones, y este jueves se conoció el fallo con la argumentación del organismo.

En síntesis, en el texto el organismo señala que consideró como "inconstitucionales" las nuevas facultades del Sernac debido que, frente a casos de abusos al consumidor, la institución "actuaría como juez y parte por cuanto ejercería sus facultades fiscalizadoras (de naturaleza administrativa) para luego aplicar una sanción (de naturaleza jurisdiccional), con efectos que van más allá de una mera sanción administrativa".

De este modo, agregaron que las facultades que apuntaban a que el Sernac pudiera juzgar “sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne”.

Desde el TC eso sí aclararon que se “mantuvo incólume el aumento de sanciones y el régimen de protección a los consumidores propuesto en el proyecto”.

Esta iniciativa fue discutida durante más de tres años en el Congreso, y luego de ser aprobada, no fue bien recibida por el mundo empresarial. De hecho, fue la Cámara Nacional de Comercio (CNC) la que a mediados de noviembre presentó un inédito escrito ante el TC –un "téngase presente"– solicitando al tribunal una revisión exhaustiva que derivó en que el proyecto terminara mutilado.

Uno de los puntos que más se había destacado fue que la nueva normativa obligaba a las empresas a responder los reclamos de consumidores -de no hacerlo recibirían una sanción-, y si dicha respuesta no era satisfactoria, se debía abrir un espacio de conciliación para encontrar a acuerdos que contentaran a ambas partes, con preferencia a la reparación por sobre la imposición de multas (que podían alcanzar hasta los $105 millones). Además, se creaban nuevos mecanismos para que el Sernac pudiera indagar con mayor facilidad los incumplimientos de las empresas.