Tres meses es el plazo de tiempo que el gobierno de Israel dará a partir de febrero a inmigrantes en situación irregular, la mayoría africanos, para que abandonen el país o serán encarcelados.

La Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras del Ministerio del Interior comenzó una campaña sobre el proceso de deportación de personas que entraron ilegalmente al país, algunos a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo, y que se completará para abril próximo, según explicó la ONG Hotline para Refugiados y Migrantes. Según informaron medios locales, los principales afectados serán 35.000 eritreos y sudaneses que viven en el país.

La ONG indicó que se esperan deportaciones a terceros países con los que este país ya han establecido un acuerdo, como es el caso de Ruanda que recibirá una compensación de entre 3.000 y 5.000 dólares, según los medios locales, por cada migrante. Para ello, el plan gubernamental dispondrá de un total de 200 millones de séqueles, unos 57 millones de dólares.

La medida forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para acabar con la inmigración, sobre todo procedente de los países africanos. De hecho, e mediados de diciembre pasado, el Parlamento israelí (Knéset) enmendó la llamada “Ley anti infiltración”, como parte de las medidas llevadas a cabo contra la inmigración irregular, que incluye sanciones para quienes contraten a personas indocumentadas.

“Les prometí a los residentes del sur de Tel Aviv y a los residentes de otros vecindarios con problemas que actuaría por todos los medios para eliminar a los infiltrados de Israel, y cumpliré esa promesa”, dijo el ministro del Interior, Aryeh Deri, tras acordar el plan con el Ministerio de Defensa y el primer ministro Netanyahu.