Dos años se demoraron las cadenas coludidas en reponerse del shock luego del éxito de las Farmacias Populares (FFPP), provocado por 144 municipalidades que crean un nuevo tipo de centro de salud: la Farmacia Popular. El objetivo de ésta es el rescate de los servicios farmacéuticos como una prestación de salud y no una mera venta comercial, donde lo central es la orientación y educación farmacéutica que acompaña a cada dispensación del medicamento de una forma segura, informada, accesible y honesta. Estos nuevos establecimientos públicos empujan las fronteras del Estado neoliberal, no focalizando “beneficios” a una población vulnerable, sino que permite el ejercicio de un derecho a toda la comunidad. La discusión que abrió las FFPP es entre salud v/s lucro, farmacia como centro de salud v/s farmacias como retail. La disminución del gasto de bolsillo en medicamentos (70% promedio) y el ahorro a las familias chilenas ($17 mil millones en el 2017) es tan solo uno de los múltiples resultados de la recuperación de la atención farmacéutica como un derecho.

Todo esto en respuesta a la indolencia de las cadenas farmacéuticas que transformaron las farmacias en centros de retail comercial, que somete a sus trabajadores a un régimen de turnos inhumano y un sistema de remuneraciones en base a puntos por ventas diferenciados por medicamentos, transformando la ilegal “canela” como el pilar estructural de sus sueldos. Lógica comercial que tiene como principal víctima la familia chilena, reducida a un cliente impotente de un mercado coludido y abusivo, que se había impuesto como la normalidad en nuestro país. Además de sentenciar a 54 comunas del país a no tener ningún tipo de farmacia por no ser rentables.

Hace algunas semanas Farmacias Ahumada lanza su plan de descuento en respuesta a las FFPP que establece un descuento a ciertos medicamentos asociados a tratamientos definidos bajo su criterio comercial. A esto se suma la respuesta de Salcobrand de la mano de la Municipalidad de Las Condes, donde establece descuento a una cantidad limitada de medicamentos. Por tanto el alcalde Lavín impulsa una alternativa que va en sentido contrario de las FFPP, una evidente involución donde se entrega el derecho de los vecinos a la voracidad de las cadenas que promueven el uso irracional de medicamentos (donde el negocio estará en los medicamentos adicionales que se lleve junto a su “oferta”). Opción que deja dudas como: si es solo un convenio
de colaboración sin asignación de recursos por parte de la municipalidad a la cadena, ¿por qué no hace extensivo esos descuentos a toda la red de sucursales del país? o ¿estamos en presencia de condiciones comerciales que discrimina a vecinos de otras comunas?, y si hay recursos traspasados desde las arcas municipales a la cadena, ¿bajo qué mecanismo se desarrolló?

La elección del alcalde Lavín por las cadenas del retail farmacéutico limita el acceso a sus vecinos de todos los beneficios de las farmacias populares como son: comprar la cantidad justa de comprimidos prescrito por el médico gracias a las áreas de fraccionamiento de las FFPP, acceder a medicamentos intermediados por Cenabast (hasta 20 veces menor a su valor comercial), tampoco podrán los vecinos de Las Condes comprar en otras comunas de Chile, como si pueden los vecinos que son parte de las más de 60 municipalidades que conforman la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares ACHIFARP, tampoco podrán acceder a las importaciones directas que se están gestionando desde la ACHIFARP, tampoco podrán ser parte de los comité de usuarios de FFPP que están naciendo en todo el país (Valparaíso, Huechuraba, Recoleta y Punta Arenas, entre otras). Pero lo más lamentable es que no tendrán una atención farmacéutica como un derecho.

En resumen, la iniciativa de Salcobrand–Lavín es un lavado de imagen a una cadena, coincidentemente la misma cadena que aún no cumple con entregar la propiedad al Minsal del dominio y marca de “Farmacia Popular”, compromiso público que realizo su gerencia general hace más de un año, luego de una masiva y contundente exigencia ciudadana.

En Valparaíso, la farmacia popular es parte de una estrategia de economía e innovación en salud, cuyo propósito es incorporar a la comunidad en la producción de salud, involucrándolos en la gestión de iniciativas económicas junto al municipio para enfrentar las prácticas oligopólicas en medicamentos, insumos y prestaciones críticas. Iniciativa complementaria a la que desarrollamos a través de los Cesfam destinada a recuperar los derechos en salud, que hasta ahora el mercado bajo un modelo neoliberal representado en visiones como las de Lavín, ha empobrecido a la mayoría de los chilenos y que esconde el lucro de las cadenas farmacéuticas.

Por eso nuestra apuesta como alcaldía ciudadana es defender el derecho a la salud, no sólo enfrentando el rol subsidiario del Estado, sino también desde nuestra propia acción frente al mercado. Es una apuesta colectiva que pone el acento en la producción de salud y en el enfrentamiento al lucro y la inequidad asociada, que pone en evidencia el agotamiento del neoliberalismo y su incapacidad por garantizar derechos para todos.