El pasado 21 de agosto la Presidenta Michelle Bachelet, en una ceremonia en La Moneda, firmó su largamente anunciado y muchas veces aplazado proyecto de Ley de Migraciones para Chile, que carece de un real enfoque de derechos humanos como muchas organizaciones de la sociedad civil han planteado y que necesita seriamente cumplir con las recomendaciones y estándares internacionales que organismos regionales y de Naciones Unidas han solicitado. Algo que hasta el momento se vislumbra complejo y lejano.

El súbito interés por enviar este proyecto no proviene de la buena voluntad del ejecutivo, sino que estuvo motivada por la interpelación al Ministro del Interior, Mario Fernández, formulada a comienzos del mismo mes por parlamentarios de derecha, como medida de presión para agilizar la presentación de dicho proyecto. A su vez, estuvo marcado por la renuncia el 25 de julio de Rodrigo Sandoval al cargo de Director del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), debido a diferencias con otras autoridades de gobierno en cuanto a la forma y el fondo de la propuesta y su modo de abordar la migración, lo que vino a constatar la crisis política existente en el tema.

Al margen de lo anterior, lo que resulta claro y preocupante es que los planteamientos por una ley de migraciones con enfoque de derechos humanos han quedado en el tintero para las autoridades, y con ello, las aspiraciones de las organizaciones migrantes y de la sociedad civil que han trabajado por largo tiempo en el tema, demandando una legislación acorde a los estándares internacionales, que considere sus reflexiones y propuestas respecto a la migración en Chile.

Tampoco el gobierno ha destinado el tiempo suficiente para su discusión. El proyecto de ley ingresó con suma urgencia -es decir, con 15 días para su despacho- aunque este plazo se “alargó” a 30 días, lo que claramente es insuficiente para desarrollar un debate serio en torno a la movilidad humana, en uno de los países latinoamericanos donde ésta más ha aumentado en las últimas décadas, siendo el único país que aún no modifica su legislación migratoria. Otra señal de alerta vino de la mano de autoridades oficialistas y de oposición, que durante la interpelación al Ministro Fernández, a cargo de la diputada RN Paulina Núñez, se dedicaron a hacer un gallito de fuerza entre ambos conglomerados, en vez de abocarse al tema central aquí, la migración, siendo los titulares y cuñas de los medios de comunicación el aumento de migrantes haitianos al país y la supuesta ignorancia del gobierno sobre el tema. Nada extraño si se considera que estamos en periodos de elecciones y esto a más de algún político le favorece, aprovechando el tema para captar un poco de votos.

Es preocupante que en tal magna instancia además, no se hablara de la ausencia de un enfoque de derechos humanos, y la continua mirada securitista de la migración en el proyecto de ley recién presentado; ni de la falta de una nueva institución como un Servicio Nacional de Migraciones, que haga frente a las necesidades inmediatas que el DEM no ha podido subsanar; de la ausencia de políticas públicas que aborden la migración como un fenómeno multidimensional que no se abarca con una categoría más o menos de visas, como estipula el proyecto, sino que con un enfoque integral basado en derechos. Nada de esto se dijo porque las organizaciones de la sociedad civil, académicos(as), municipalidades y actores involucrados realmente en la materia, no estuvieron invitados(as) a esta última parte de la discusión.

Cabe recordar que en 2014 se realizaron encuentros consultivos con la sociedad civil para discutir qué elementos debía tener la nueva ley y qué enfoque se debiese considerar. El llamado incluyó a organizaciones migrantes y pro migrantes, organismos internacionales, gobiernos locales, centros académicos y otras instituciones que trabajan en el tema. Este era un primer paso hacia la formulación de una ley de migración moderna y respetuosa de los derechos humanos y de los tratados internacionales firmados por Chile, contando además con participación, aprobación e injerencia de quienes están involucrados en la materia directamente. Si bien no era una consulta vinculante, el DEM se comprometió a que las opiniones allí vertidas se tomarían como referencia para el nuevo articulado de la ley, y que se informaría de sus avances en los distintos niveles del ejecutivo y legislativo, hasta llegar a su promulgación.

Sin embargo, junto con desaparecer del debate público las versiones trabajadas por el Ejecutivo, en un evidente gesto de exclusión y pérdida de transparencia de un proceso que buscaba ser participativo, aplazó una y otra vez la presentación del proyecto, limitándose a implementar medidas cortoplacistas y únicamente paliativas, ello para superar piedras en el camino, pero sin que ninguna abordara los problemas de fondo que afectan a las comunidades migrantes. Este sería precisamente el motivo por el cual Sandoval renunció a su cargo, argumentando: “Se están implementando decisiones que son erróneas y que pueden traer costos graves para lo que significa la gestión de la migración, las lógicas de convivencia y la capacidad del Estado para hacerse cargo de la realidad migratoria del país”.

Frente a estos rezagos y variaciones en el texto del proyecto de la nueva ley, es preciso señalar que el Estado chileno ha sido objeto de múltiples recomendaciones por parte de organismos regionales e internacionales de derechos humanos respecto a la situación de personas migrantes, refugiadas y apátridas en el país. De hecho, pese a ratificar la Convención para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares el año 2005, el Comité que monitorea la implementación de este instrumento le recomendó a Chile ya el 2011, seis años atrás, modificar la legislación migratoria que data del año 1975, de acuerdo a los estándares internacionales y, en particular, acorde a las disposiciones de la Convención antes mencionada, lo que aún no se materializa.

Lo mismo recomendó el Comité de Derechos Humanos en 2014 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial el año 2013, manifestando este último su preocupación respecto a la discriminación y obstáculos que presentan los y las migrantes en el país, particularmente los de origen latinoamericano, en el ejercicio de sus derechos. El Comité de Derechos del Niño en 2015, en tanto, se refirió a la necesidad de una nueva ley de migraciones que incorpore explícitamente los derechos y garantías de los niños y niñas migrantes, lo que tampoco se refleja en el actual proyecto de ley.

El Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, por su parte, le recomendó a Chile el 2011 establecer un sistema de información nacional sobre migración, a través de una base de datos centralizada que tenga en cuenta todos los aspectos de la Convención e incluya información detallada sobre trabajadores migratorios presentes en el Estado parte, de aquellos trabajadores migratorios que se encuentran en tránsito y emigrantes. Además le alienta a recopilar esta información y estadísticas desglosadas por sexo, edad y trabajo desempeñado. No obstante, el Registro Nacional de Extranjeros que explicita el proyecto ingresado no toma en cuenta estas recomendaciones. Entre otras cosas, porque solo contempla a inmigrantes y no a emigrantes, y porque, estando a cargo de la Subsecretaría de Interior bajo el control de Policía de Investigaciones y Carabineros, revela un enfoque de seguridad y control, muy distinto a un sistema de información nacional migratorio que sirva para plantear políticas públicas o, por último, para fines estadísticos, el que debiera estar a cargo de entidades civiles, y no policiales, como el Ministerio de Desarrollo Social o el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Lo anteriormente expuesto, refleja en definitiva el espíritu del proyecto, uno que continua con la mirada de la migración como amenaza a la seguridad nacional y que no visualiza la movilidad humana como un derecho humano. Pese a que el proyecto presenta en su preámbulo una declaración de derechos y principios que son acordes a los estándares internacionales, la ley en sí solo enfatiza su aspecto de extranjería y no de migración.

Un ejemplo de ello es que el nuevo sistema de visas del proyecto está concebido para impedir la entrada de personas no profesionales. En efecto, la nueva categoría de visitante explicita una lista de profesiones y quehaceres que excluye al grueso de migrantes que trabajan en el país en el área de servicios o en trabajos no calificados, sin mencionar que incrementar las categorías de visas, lejos de “regular” la migración, la restringe y favorece la irregularidad. Cabe destacar además que, con la actual ley de extranjería, un(a) migrante puede acceder a una residencia definitiva en dos años, pero con el actual proyecto tendrá que esperar cuatro. Esto porque la visa temporaria solo se podrá obtener si se tiene la visa de visitante, tras dos años, debiendo por tanto esperar por la visa definitiva dos años más. Lo anterior, lejos de disminuir la cantidad de trámites burocráticos en el DEM, lo que hará es aumentarlos, y sin una nueva institución migratoria, no se vislumbra el fin a las interminables filas en las oficinas de extranjería.

Muy importante es mencionar que el proyecto de ley tampoco garantiza el acceso universal a derechos como salud, educación, trabajo o vivienda, más allá de las urgencias o necesidades inmediatas. Por ejemplo, en salud, señala que únicamente tendrán acceso aquellos(as) que cuenten con un permiso vigente para permanecer en el país, ya sea en calidad de titulares o dependientes, y de no contar con éste, solo tendrán derecho a atención de salud niñas, niños y mujeres embarazadas (incluyendo periodo de parto y puerperio) en caso de urgencia vital. Un retroceso, considerando que hoy en día, las personas inmigrantes, independiente de su situación migratoria, tienen acceso a Fonasa con el fin de garantizar su acceso al sistema de salud, tratando de igualar las condiciones que se ofrece a la población nacional.

En suma, el proyecto de ley presentado dista mucho de lo que las organizaciones de la sociedad civil, académicos(as), gobiernos locales y organismos internacionales vienen señalando por años y que continúan sosteniendo: la necesidad de una nueva ley de migraciones que contenga una perspectiva de derechos humanos, que sea debatida y analizada por todos los actores directamente involucrados y que no sea promovida “a la rápida”, en medio de un periodo pre-eleccionario, tal como ocurre actualmente. Es de esperar que, entre tanta premura y tolvanera, no sean las personas migrantes, los(as) excluidos, los(as) trabajadores(as), los(as) que se esfuerzan día a día contra viento y marea, los que paguen los platos rotos por culpa de quienes ponen por encima sus intereses mezquinos y egoístas. Esos que olvidan que otrora ellos o sus familiares también fueron migrantes y experimentaron en tiempos difíciles la solidaridad y fraternidad para con la diáspora chilena.