Cruzado por la interpelación al Ministro del Interior, se ha firmado el esperado proyecto de ley de migración. Pese a la baja participación en su proceso prelegislativo y aun sin ofrecerse un análisis pormenorizado del contenido, se ha exigido por parte de algunos sectores la suma urgencia en su tramitación. Así, han primado voluntades que buscan regular rápidamente lo que no se ha actualizado en más de 40 años, instalando posturas de bajo análisis y sin hacer parte del proceso a la ciudadanía.

El tema migratorio ha sido abordado en Chile recientemente desde dos perspectivas. La perspectiva de la seguridad nacional y el orden público, y la perspectiva de los derechos humanos. Ambas, cruzadas sin embargo por la ausencia de debate y definiciones respecto de los desafíos de la integración social que conlleva esta “nueva” realidad migratoria, y del modelo de sociedad que implique potenciar. El proyecto de ley presentado por la Presidencia declara una perspectiva de derechos, regula desde una visión de seguridad, y se abstiene respecto del modelo social impulsado.

Entre sus aspectos a destacar, el proyecto mantiene el domicilio de esta agenda en el Ministerio del Interior, creando además un Registro Nacional de Migrantes e impulsando la obligación perpetua de comunicación del domicilio junto a extensas causales de expulsión, algunas de ellas facultativas de autoridad administrativa, y todas ellas inspiradas textualmente en criterios de seguridad y orden público. Con ello, pareciese que la presidencia entiende  que actualizar la normativa significa ponerle la firma del año electoral correspondiente, sin relevar la complejidad multifactorial del fenómeno. Una suerte de posverdad que ha llegado al Congreso: declarar que la normativa se inspira en un enfoque de derechos humanos no lo vuelve real, menos cuando buscamos legislar.

Es imprescindible que en esta discusión sean considerados los actores de la sociedad civil vinculados al tema, es un proceso prelegislativo que debió ser responsable con la necesidad de elaborar políticas públicas con el arraigo territorial y social suficiente, para asegurar su coherencia con las realidades locales y su correcta implementación. Así, una nueva legislación migratoria debe materializar el enfoque de derechos declarado, incorporando el desarrollo de la interculturalidad como pilar de un nuevo modelo social, abordando el fenómeno migratorio desde su magnitud y complejidad.

Lo anterior requiere del compromiso del Estado en al menos tres grandes áreas. Primero, la modernización y fortalecimiento de la institucionalidad en materia migratoria, mediante la creación de un Servicio Nacional de Migrantes, de enfoque intersectorial. Segundo, la garantía de derechos fundamentales, con especial énfasis en el ejercicio de derechos laborales, de salud, educación y vivienda. Y finalmente, el empuje de una transformación cultural, que por un lado incorpore al migrante en la toma de decisiones en línea con lo establecido en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, y por otra, eduque en integración e interculturalidad incorporando la enseñanza del fenómeno en los curriculum escolares. Solo así, podremos empezar a hablar de migración de manera responsable e inclusiva.