Señora Directora,

La reforma del sistema de pensiones impulsada por el gobierno viene a confirmar que no existe la voluntad política para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía por miedo a tocar los intereses del gran empresariado –mismo que financia a los partidos de la Nueva Mayoría y Chile Vamos. La situación de las pensiones en Chile es francamente dramática y nuestras autoridades en lugar de escuchar han optado por favorecer otra vez a la elite económica.

El Ministro de Hacienda ha afirmado que nuestro sistema de pensiones está “más adelantado” que otros: por lo tanto, sólo sería necesario hacerle ajustes. En realidad, lo que ocurre es que tenemos un sistema anómalo y que resulta imposible de justificar. La mayoría de los países desarrollados, y también en América Latina, tienen sistemas de reparto solidario.

El sistema de AFP no está pensado para entregar pensiones dignas ni para resguardar nuestros derechos. Las AFP extraen, forzosamente, enormes recursos de los trabajadores y trabajadoras y los traspasa a grandes empresas para financiar sus proyectos (muchas veces fuera del país, drenando nuestra economía). En el proceso, se llevan comisiones millonarias. En simple, este es un mecanismo brutal de desfalco a las familias chilenas, y una de las razones clave detrás de la enorme desigualdad en nuestro país.

No es verdad que un sistema solidario sea “complejo” o “inviable” en el contexto chileno, y así lo han mostrado diversos estudios. La “tasa de dependencia”, la relación entre población laboralmente activa y pasiva, es sumamente favorable y lo seguirá siendo por varias generaciones. De hecho, con las mismas cotizaciones que se pagan hoy (y sin tomar recursos adicionales del fisco) es posible duplicar las pensiones actuales mediante un sistema de reparto.

Eliminar las AFP y establecer un sistema normal de pensiones es de sentido común. En cambio, el gobierno vuelve a optar por defender los intereses de los mismos. Una vez más se ha desperdiciado una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas.  El proyecto no toca ni siquiera el 10% que se le entrega a las AFP, y tampoco cumple el compromiso de la Presidenta de que éstas asumirían las “comisiones fantasmas”. En suma: costos para las personas, protección para las administradoras.

El Ministro de Hacienda ha señalado claramente que con un 1% de las nuevas cotizaciones, en un mecanismo de reparto, logra mejorar en un 20% las pensiones de toda la ciudadanía inmediata. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo con que los sistemas de reparto no sirven?

Es imposible no preguntarse, ¿Para quiénes están gobernando? ¿A quiénes representan?

A las familias trabajadoras, a los pensionados y pensionadas, claramente no. Y a nosotros por lo tanto no nos queda más que sumarnos a la iniciativa y propuesta de #NoMásAFP, y continuar luchando día a día por una vida más justa.