Las medidas legislativas en torno a las atrocidades cometidas durante la dictadura cívico militar, implementadas por la Concertación durante los años 90', mostraron avances considerables en algún ámbitos, pero también han dejado significativas deudas pendientes, sobre todo en torno a la impunidad, la falta de justicia y condena real a militares y civiles involucrados directa o indirectamente en violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet.

Lo anterior demuestra sin lugar a dudas el proyecto de sociedad que se fraguaba en la consolidación de un Chile post dictatorial que, encabezado por la Concertación, elaboró un discurso de impunidad enmascarado bajo la idea de ‘reconciliación nacional’ y búsqueda de la verdad ‘en medida de lo posible’, dejando un conflicto abierto cuyas consecuencias son cada vez más evidentes en nuestra sociedad.

Es así que ha sido una constante el último tiempo que diversas organizaciones de ex presos políticos de la dictadura de Pinochet coordinados a nivel nacional se manifiesten, intentando exigir al Estado y los gobiernos diversas demandas históricas de reparación real. Del mismo modo, la coordinadora nacional de organizaciones de Derechos Humanos de Chile se ha reactivado llamando a movilizaciones nacionales en rechazo a la petición de beneficios carcelarios e indultos por parte de algunos acusados por delitos de lesa humanidad de Punta Peuco. Promoviendo entre sus demandas la modificación del Código Penal para volver imprescriptibles las violaciones de derechos humanos, lo que actualizaría la ley a nivel internacional y además dificultaría la obtención de beneficios para los genocidas, que actualmente se benefician de la media prescripción. Así, muchas situaciones relacionadas con nuestro pasado reciente aún no están resueltas de manera institucional, existiendo una deuda latente por parte del Estado y los gobiernos post dictatoriales con las víctimas de la represión políticas y con la ciudadanía en general.

Sin embargo, el conocimiento mediático de la sociedad chilena, respecto a los episodios del golpe militar y posterior dictadura, ha ido ‘democratizándose’ durante los últimos años, gracias a diversas instancias generales. Así, programas transmitidos por señal abierta –en el marco de las conmemoraciones del 11 de septiembre- o la recuperación de espacios de memoria, permiten a la sociedad resguardar y volver a encontrarse con su pasado, conservándolo por medio de múltiples canales. No obstante, todavía no existe una política nacional que indague, al mismo tiempo, en las responsabilidades transversales que implica reconciliar a la sociedad chilena con su pasado reciente, encargándose –de alguna manera- de las perpetuaciones intencionales que han encontrado amplia resonancia en el Chile contemporáneo, y que tienen al olvido como su principal estandarte de batalla. Dichas constantes, en consecuencia, han generado una sociedad profundamente neoliberalizada, desprovista de una esencia política; individualista y competitiva, que no se acomoda más que a un sector político y económico del país.

Con lo anterior, es necesario tener presente que el capitalismo instala en su desarrollo la cultura del ‘cambio continuo’; es decir, la reinvención constante del sistema, entrelazada con la intención de negar la memoria, pues se pregona por el futuro, como una cuestión indivisa, sin tomar en cuenta el pasado o el ejercicio memorativo. De esta manera, disputar la memoria del pasado reciente se transforma en una cuestión estratégica, pues nos impulsa a preguntarnos colectivamente: ¿Qué recordar?, ¿por qué recordar? y ¿para qué recordar? Y es por esto que legislar en torno a la memoria es un desafío importante para las sociedades y quienes pensamos construir un proyecto colectivo transformador a nivel político, económico y cultural en nuestro país, ya que se relaciona directamente con la forma en que nos recordamos, y de qué manera nos proyectamos a futuro.

En este sentido, comprendemos el conflicto que esto podría generar en nuestra sociedad, pero partimos de la base que la Memoria Histórica debe tener la capacidad de imponer criterios en base a la veracidad de su contenido, produciendo formas de recordar el pasado, a propósito del contexto presente. Y en ese sentido, hay que partir en la innegable existencia de al menos 28.259 víctimas de prisión política y tortura, de más de 2.000 ejecutados políticos y más de 1.200 detenidos desaparecidos. Y retraer dichos sucesos a nuestro contexto actual, reflexionando sobre la realidad de los Derechos Humanos en nuestro país ¿queremos en Chile vuelvan a ocurrir hechos similares? ¿Qué enseñanza está entregando el Estado, si con una innegable cifra de víctimas la proporción en torno a la justicia por los crímenes de lesa humanidad es mínima? ¿Qué compromiso democrático y de DD.HH. tienen las fuerzas armadas y de orden si aún se siguen autoformando institucional y libremente? ¿Qué está promoviendo el Estado al mantener a criminales enjuiciados por delitos de lesa humanidad en prisiones copadas de privilegios? ¿Qué reconocimiento real entrega la esfera estatal si las organizaciones de Ex Presos Políticos y Familiares de Detenidos Desaparecidos siguen mendigando demandas relativas a reparaciones reales, administración de justicia y verdad? El buen desarrollo de todos estos elementos es fundamental para generar condiciones mínimas de entendimiento con el pasado, permitiendo –con ese ejercicio- disputar la memoria.

En este sentido, proponemos que se legisle integralmente sobre memoria histórica.  Debemos  avanzar en justicia real acabando con los beneficios carcelarios de criminales civiles y/o militares acusados por violaciones a los derechos humanos; que se juzguen todos los crímenes sin prescripciones ni jerarquías. Otro punto esencial es la verdad total, poner fin a los pactos de silencio; liberación de los archivos que puedan involucrar conocer y/o facilitar procesos judiciales y de identificación de victimarios de los delitos de lesa humanidad, así como de sus cómplices civiles. La reparación integral se debe traducir en la reactivación del compromiso en la búsqueda de los cuerpos que aún se encuentran desaparecidos;  atender las necesidades  en torno a salud, pero también en torno a educación y vivienda de las agrupaciones de ex presos políticos y sobrevivientes de la dictadura es una obligación moral de nuestro país. Las lamentables apariciones televisivas de personajes como Loreto Iturriaga y la nula capacidad del periodismo para responder con conocimiento de las atrocidades cometidas debe reimpulsar el proyecto presentado por la diputada Karol Cariola que prohíbe la exaltación y el homenaje de la dictadura militar.

Por último el creciente desconocimiento de lo ocurrido tanto en los medios de comunicación como en la ciudadanía muestra que hay que trabajar también la memoria en educación, en este sentido la implementación -a partir de 2018- de la nueva asignatura de Formación Ciudadana, como la generación de los Planes de Formación Ciudadana en todas las comunidades educativas como lo mandata la nueva ley, ofrece una gran oportunidad para integrar la memoria, verdad y justicia en las escuelas desde la infancia. Del mismo modo, es fundamental impulsar reformas que obliguen a las escuelas matrices de las FF.AA incluir e implementar efectivamente planes y programas en derechos humanos generados desde el Mineduc e instancias especializadas.

La promoción de esos cuatro ejes generaría un campo más amplio en el cual repensarnos colectivamente en Chile, posibilitando la proyección de una sociedad donde el olvido no tenga cabida, la justicia encuentre razón y la dignidad alcance a las mayorías, cultivando la memoria como algo vivo y presente, transformando el ‘nunca más’ en una frase cargada de futuro. Así, avanzar en la disputa del conocimiento sobre nuestro pasado reciente, guarda estrecha relación con las disputas constructivas de una sociedad verdaderamente democrática en el devenir histórico.