El martes 27 de junio, la matriz de la Compañía Minera Cerro Bayo, Mandalay Resources, emitió un comunicado señalando que “por la magnitud del evento, cuya verdadera dimensión hemos ido conociendo al realizar las operaciones y evaluaciones técnicas propias del manejo de la emergencia, podemos concluir, con mucho pesar, que lamentablemente no existe posibilidad de encontrar con vida a los mineros Jorge Sánchez y Enrique Ojeda”.

Con esta declaración, la empresa notificó el desenlace fatal de las tareas de rescate de los dos trabajadores, que desde la madrugada del 9 de junio permanecen atrapados al interior de la mina Delia 2, luego que esta se inundara completamente producto del vaciamiento de la aledaña Laguna Verde.

Y el vienes último, en una nueva comunicación, la minera informó que “está revisando varias alternativas para el futuro de la minería en Cerro Bayo y está consultando con todas las partes interesadas en este proceso de revisión, incluyendo empleados, sindicatos y funcionarios gubernamentales”. De esta forma, aplicará la figura de “fuerza mayor”, que permite a las empresas desligarse de sus obligaciones contractuales con proveedores, clientes y contratistas.

La otra mina

A pesar de estas malas noticias, la minera mantiene firme un proyecto paralelo que busca rehabilitar túneles abandonados, a menos de 10 kilómetros del área donde permanecen atrapados Sánchez y Ojeda. Se trata de la Mina Javiera, sin movimiento desde 2008 y la cual para su reinicio de operaciones requiere, paradójicamente, el retiro de 580 mil metros cúbicos de agua desde su interior para depositarlos en la Laguna Salitrosa, con lo cual triplicaría su volumen. Estas instalaciones se ubican además a ocho kilómetros del límite de la Reserva Nacional Jeinimeni, en el área de humedales de un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad.

Para ello, en febrero presentaron una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que el 12 de junio recibió su primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), con 32 observaciones de diversos servicios públicos. El plazo para responder vence el 25 de julio, según comunicó el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Una tarea que se ve compleja dada la situación de emergencia en que se encuentra actualmente la compañía.

Este proyecto ya había generado preocupación en la comunidad por sus posibles impactos ambientales, algo que las autoridades locales se apresuraron en descartar.

Además de significar un riesgo para un área de humedales, se apuntaba a que aunque estaba en una zona “bajo protección oficial”, no se aplicó la letra D del artículo 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (y no solo declaración) para toda actividad localizada en -o próxima a- “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

Además, el Sistema Nacional de Información Ambiental califica la zona como “un ecosistema frágil con poca representación en el sistema de protección, con presencia importante de especies en categorías de conservación”.

De esta forma, en las próximas semanas tanto el gobierno como la propia empresa deberán dilucidar si siguen con este proyecto, considerando el fuerte cuestionamiento que existe hoy entre la comunidad local tanto a la compañía como al Estado producto de la tragedia que, según todos los indicios, terminó con la vida de dos trabajadores.