Según informó esta mañana El Mercurio, el día viernes llegaron hasta el ministerio Secretaría General de la Presidencia, cartera que tiene a su haber las iniciativas legislativas del Ejecutivo, los secretarios generales de los partidos de la Nueva Mayoría. Gonzalo Duarte (DC), Fernando Zamorano (MAS), Germán Pino (PPD), Osvaldo Correa (PR) y Juan Andrés Lagos (PC) fueron informados allí por el Subsecretario Gabriel de la Fuente de los planes del gobierno: acotar la agenda de 156 proyectos de ley (de los cuales 52 están pendientes de ingresar) a cerca de 40 iniciativas.

Así, los proyectos de ley que tendrán prioridad de aquí a enero 2017, cuando se cierra el año legislativo, son: agua potable rural y velocidad mínima garantizada de internet (ambos actualmente en Comisión Mixta), cuota de inclusión laboral (en su tercer trámite), la ley de servicios de gas, reducción de aranceles para incentivar el crecimiento verde, pensión básica solidaria, caletas pesqueras (todas en segundo trámite) y finalmente la modificación del Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina (EUNACOM).

Así, sin prioridad a mediano plazo, se contempla que para septiembre de 2017 se encuentren aprobados la ley que despenaliza el aborto en tres causales y el proyecto de ley para que el Congreso zanje el mecanismo de cambio constitucional. En cuanto al primero, ya lleva dos años de discusión en el edificio de Valparaíso, por lo que el nuevo cronograma desestimaría el compromiso público hecho por la ministra Pascual de tenerlo aprobado en enero de este año.

Respecto a cambio constitucional, donde lo que se hará es enviar un proyecto de reforma al capítulo XV de la Carta fundamental para que el Congreso decida por mayoría calificada (3/5) el mecanismo: comisión bicameral parlamentaria, asamblea constituyente, convención constituyente, o delegar la elección del procedimiento a un plebiscito.

Otras iniciativas que no se verán definitivamente este año son la agenda de descentralización (Ley orgánica para la elección de intendentes y traspaso de competencias a los gobiernos regionales) y la agenda de infancia, que parece perder su impulso de hace un par de meses luego de los escándalos del Sename.