Con el Caso Corpesca y SQM-Longueira, la Fiscalía ha conseguido que el sector pesquero concentre la mayor cantidad de investigaciones criminales en contra de gerentes, empresas, dirigentes empresariales, senadores y diputados, varios de ellos ya procesados. Ahora falta que las investigaciones del Ministerio Público apunten al puñado de grupos empresariales que fueron parte de las redes de corrupción que se beneficiaron de un enriquecimiento multimillonario al margen de la ley a costa de la sobreexplotación y el agotamiento de las pesquería país, sin que las justicia metiera sus narices en ello. En este ilícito, tienen participación los últimos Subsecretarios de Pesca, altos directivos de IFOP y Sernapesca. Da la casualidad que los anteriores resultan ser los mismos grupos empresariales involucrados en los delitos de financiamientos a la política, de cohecho para la aprobación de la Ley Longueira y quienes tienen entre sus nóminas de pago a ex funcionarios públicos que ocuparon cargos de autoridad en Instituciones del Estado y que eran parte de los que los ayudaban en sus actuaciones al margen de la ley.

Esperamos que esta denuncia ante el Ministerio Público sea acogida por el Fiscal Nacional, y en ello las redes sociales y los medios de comunicación tienen un rol importante que jugar. Igual suerte corre la investigación que afecta a los anteriores grupos empresariales y que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica con el "Rol 2375-16, por eventuales conductas anticompetitivas en el mercado de compra de pescado", que está referida a la colusión entre grandes grupos empresariales pesqueros y grandes armadores artesanales, y de la que da cuenta una infinidad de contratos en que estos han reconocido los intereses que los vinculan y ser "cuasi socios" como lo acuñó uno de ellos ante el Tribunal de la Libre Competencia, y que da la casualidad que corresponden exactamente a los dos grupos que se pusieron de acuerdo en lo que se conoce como Mesa Longueira, la cual le sirvió a este último para validar comunicacionalmente la Ley que lleva su nombre, en la que estos dos grupos se repartieron en forma privilegiada las cuotas pesqueras a perpetuidad con el apoyo de diputados y senadores.

No debemos seguir siendo indiferentes a que nuestras instituciones no funcionen, puesto que la corrupción se ha apoderado de ellas. El sector pesquero muestra un panorama desolador como consecuencia de lo anterior: más del 72% de las pesquerías sobreexplotadas y agotadas; miles de empleos desaparecidos y desastre ambiental demencial de ecosistemas. En la que tienen participación y responsabilidad los últimos cuatro Subsecretarios de Pesca.

Este año la Contraloría General de la República ha emitido tres informes que vuelven a colocar a Subpesca en el centro de las investigaciones. Es de esperar que don Jorge Bermúdez, el actual Contralor, no repita la participación que tuvo Contraloría con las "pescas de investigación ideológicamente falsas" en que Subpesca proveía de resoluciones exentas que no tenían valor legal y el organismo contralor no las objetaba, lo que facilitó el rol de los subsecretarios de turno para ser parte de las redes de corrupción que ampararon por más de una década a los grupos empresariales para que se beneficiaran de la sobreexplotación de todas las pesquerías con resoluciones por "pescas de investigación "por cientos de miles de toneladas, a pesar que el anterior Contralor, don Ramiro Mendoza, tenía a la mano el dictamen que el año 2004 sancionó a esas resoluciones como actos viciados sin valor legal, y un abuso de poder, las que decidió no denunciar ante el Ministerio Público, el que por esta razón no se dio por enterado de estos ilícitos y por lo mismo no han sido investigados ni sancionados por la justicia hasta ahora.

Entre los años 2001 y 2006, Felipe Sandoval fue el brazo derecho de Ricardo Lagos en la Subsecretaría de Pesca, es decir, durante todo su gobierno, período que se destaca por un desastre ambiental, social y de corrupción que supera incluso al período de dictadura.

1. El merluzeo de responsabilidad del ex subsecretario de Pesca Felipe Sandoval

Sandoval autorizó 604.300 toneladas de Merluza en cinco años y hoy como resultado de ese tipo de decisiones, este recurso terminó sobreexplotado y agotado. Por lo mismo, el gobierno de Ricardo Lagos -del que era su subsecretario de Pesca- tiene responsabilidad en el peor desastre ambiental y social que conozca la pesca artesanal de pequeña escala en su historia, llevando el desempleo y el hambre a miles de pescadores y pequeños emprendimientos que tenían a la merluza como medio de sobrevivencia en decenas de caletas pesqueras de nuestro país, mientras Chile perdió una especie pesquera estratégica para su alimentación saludable.

[caption id="attachment_101051" align="alignnone" width="821"] Foto: Agencia Uno[/caption]

2. Expropiación del mar interior que afectó a Chiloé, Aysén y Magallanes

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, Sandoval se encargó de respaldar e instalar una institucionalidad que posibilitó que los inversionistas con intereses en la mega industria acuícola de salmones y mitilicultores pudieran apropiarse de las aguas interiores de la Patagonia para sus empresas por la vía de las concesiones acuícolas. Con este modelo, ideado por una institución del Estado como Subpesca, se les expropió el mar interior a los habitantes de la Patagonia sin que estos alcanzaran a tomar conciencia de los resultados nefastos a mediano y largo plazo que tendría la anterior decisión para sus vidas y sus comunidades.

El modelo ideado se desentendió de lo que pudiera ocurrir con la fabulosa vida marina que existía en las Aguas del Mar Interior y de la que daba cuenta la biodiversidad de especies, la cual alimentó por siglos a pueblos como el huilliche y chilote. El objetivo fue imponerle a ese territorio marítimo la mega acuicultura, no importando el daño medioambiental que ocasionara lo anterior. Por lo mismo, mientras Chiloé y la Patagonia son testigos de cómo se han sobreexplotado todas las especies de la Patagonia, sus mares padecen de la eutrofización y de miles de litros de antibióticos que han destruido su rica trama alimentaria. En los círculos de las élites políticas y empresariales, se le reconoce a Felipe Sandoval como el experto en haber conseguido todo lo anterior. Hoy es el Presidente de la Asociación de Salmoneros, participa en programas Corfo público-privados y la Presidenta Bachelet, aunque parezca una ironía de la vida, lo nombró hace un tiempo como parte de la Comisión para sugerir cambios a las normativas de Impacto Ambiental (SEA), la misma en su gobierno pasado lo había nombrado en la Mesa del Salmón para el rescate de esa industria con el apoyo del Estado.

3. Pescas de investigación ideológicamente falsas con que se devastó el jurel, la merluza austral, el congrio y otras pesquerías del país

Este modelo de pesca ilegal, ideado en la Subsecretaría de Pesca, es responsable del desastre ambiental demencial de muchos ecosistemas marinos, entre ellos los de la Patagonia. Felipe Sandoval, en el gobierno de Ricardo Lagos, ideó y amparó la pesca al margen de la ley de la Sardina austral en la Patagonia y desde las instituciones del Estado favoreció el enriquecimiento multimillonario de los grupos económicos Fiordo Austral y ALIMAR que la devastaron al frente de Chiloé y Aysen, y a la que agregaron la extinción de la anchoveta del Mar Interior, ocasionando un desastre ambiental a los frágiles ecosistemas de los canales del sur y a su trama alimentaria, sembrando de desempleo a las poblaciones de esa parte del país. En este mismo tipo de ilícitos se encuentran comprometidos los últimos cuatro subsecretarios de Pesca, el ex Presidente del IFOP Jorge Pichott (actual brazo derecho del Ministro Céspedes) y el ex Director Ejecutivo del IFOP Jorge Toro Da Ponte (actual encargado de Sernapesca para la pesca ilegal) y varios miembros de los actuales Comité Científicos y miembros del Consejo Nacional de Pesca, entre ellos Pablo Galilea.

4. El Ministerio Público y el desafío de perseguir la corrupción

La Contraloría, en dictamen del año 2004, sancionó que las "pescas de investigación" por miles de toneladas eran actos viciados y sin valor legal. Estas recurrían al mismo modelo usado por el Senador Orpis y el ex Ministro Longueira en el caso de las "boletas ideológicamente falsas", es decir, cumplían con la apariencia formal, pero mentían sobre el propósito de fondo de las mismas, en este caso "pescas de investigación" por miles de toneladas que perseguían un fin comercial y se encubrían en "fines científicos". Para ello, los subsecretarios de Pesca dictaban resoluciones exentas que aparentaban el cumplimiento de la ley pero correspondían a una fórmula ideada para evitar que sus subalternos denunciaran estos hechos ante el Ministerio Público. Los grupos económicos que se favorecían de ellas dieron forma a una asociación ilícita a la que sumaron a los Subsecretarios de Pesca, IFOP, universidades y de esta forma multiplicaron por cientos las "pescas de investigación ideológicamente falsas" a su favor y consiguieron beneficiarse de un enriquecimiento multimillonario por cientos de miles de dólares al margen de la ley.

Francisco Mujica, recientemente elegido vice-presidente de Sonapesca, denunció el año 2011 ante la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados, a los industriales de la VIII Región (Asipes) de tener responsabilidad en la devastación del jurel, para lo que habrían echado mano a las pescas de investigación por millones de kilos de este recurso -sin que esos diputados, en calidad de funcionarios públicos, denunciaran estos ilícitos al Ministerio Público-. Según CIPER, en iguales delitos por millones de kilos de jurel, tendría participación Corpesca mientras Francisco Mujica era su gerente general. Vale precisar que la empresa que gerenció el anterior se encuentra pronta a ser procesada por el Ministerio Público por delitos que son distintos al del enriquecimiento con "pescas de investigación ideológicamente falsas".; 2) Fiordo Austral y Alimar, la primera con empresas en la X y XI Región confeso su enriquecimiento con la pesca ilegal de la Sardina austral ante el Tribunal de la Libre Competencia y en otros documentos agregados a la denuncia ante el Ministerio Público, la que también se encubrió en una "pesca de investigación ideológicamente falsa"; 3) Carlos Vial de FIPES confesó en declaraciones por la prensa que la merluza austral, congrio dorado y otras pesquerías de la zona sur austral o Patagonia las habían obtenido por la vía de las pesca de investigación, por miles de toneladas y todas ellas ideológicamente falsas, autorizadas a través de resoluciones exentas que llevaban la firma de los subsecretarios de Pesca denunciados.

5. Subpesca y las compensaciones económicas que comprometen al Estado por la sobreexplotación

La actual Ley de Pesca compromete al Estado en compensaciones económicas y así se lo ha recordado la Contraloría al Subsecretario Raúl Sunico, quien durante el actual gobierno es responsable de darle continuidad a la exportación de las pesquerías declaradas sobreexplotadas y colapsadas, con lo que ha intensificando el desastre ambiental y compromete al Estado en compensaciones económicas a largo plazo por lo mismo : "su artículo 9°A preceptúa que en los casos que una pesquería, de conformidad con los puntos biológicos de referencia determinados, se encuentre en estado de sobreexplotación o agotada -situación en la que están los recursos anchoveta y sardina común ya referidos-, se deberá establecer dentro del plan de manejo, previo acuerdo del Comité de Manejo, un programa de recuperación que contendrá una serie de acciones que la misma norma define, entre las que se incluye la consideración de las medidas de mitigación y compensación para pescadores artesanales, tripulantes de naves especiales y trabajadores de planta, según lo consigna la letra F) del referido artículo.". Subpesca, que ha demostrado un actuar diligente en actos de corrupción, en este caso que la compromete con la pesca artesanal lo ha postergado intencionalmente desde el año 2013 y por ello la Contraloría le ha puesto un plazo que ya está vencido. Los pescadores artesanales están en todo su derecho a exigir las compensaciones económicas al Estado a través de los Tribunales en todas las pesquerías que se encuentren en igual situación que el anterior caso zanjado por Contraloría, por estar establecido en la actual Ley de Pesca.

El anterior tema debería ser de preocupación del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría General de la República, ya que el hecho que lo anterior termine afectando a las finanzas públicas ha sido y es de responsabilidad de los subsecretarios de Pesca y de la corrupción en la que se encuentran comprometidos, peor aún, es posible que se vean favorecidos con estas compensaciones económicas algunos que han sido parte de los que se beneficiaron con la sobreexplotación a la que los ha ayudado Subpesca.

Hasta ahora los chilenos hemos sido testigos de cómo la riqueza pesquera país ha sido destruida a manos de grupos empresariales que se jactan de haberse convertidos en multimillonarios recurriendo a la corrupción sin que la justicia los incomodara en nada. Mientras otros que han sido parte de estas redes de corrupción se han protegido unos a otros, y por esta razón, muchos de los involucrados siguen teniendo un rol protagónico en la definición sobre el futuro del sector pesquero y acuícola a pesar que ello nos afecta como país, y a cada uno de nosotros y a las futuras generaciones, la de nuestros hijos.