Lo que ocurre en el Sename (Servicio Nacional de Menores) es parte de la trágica situación en que se encuentran los derechos sociales en Chile, en esta suerte de  vaciamiento de la palabra y el discurso; la danza de las políticas públicas, supuestamente a favor de los niños y niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos e infractores de ley, no son efectivas. Todo el modelo exhala mercado,  favores políticos, cajas de financiamiento, etc. Como sabemos, esto ocurre con todas las instituciones del estado chileno, que siendo coherente con la premisa neoliberal, financia a las empresas privadas sean estas consultoras, fundaciones, corporaciones o algún invento como este,  con el presupuesto de la nación, esto sucede en educación, salud y por cierto en políticas de infancia. Año a año más del 60% de este presupuesto va al sector privado, consolidando verdaderos nichos de enriquecimiento para el sector que organiza el negocio.

Pero este negocio no es favorable, ni  para los  niños en los que se focaliza la política pública ni tampoco para los trabajadores y trabajadoras tercerizados del SENAME. Pues, en vez de avanzar en derechos sociales, se profundiza año tras año la mercantilización, terciarización y privatización sostenida de las políticas sociales de infancia. El SENAME ha incrementado sistemáticamente, el traspaso de  fondos públicos al sector privado, mediante subvenciones permanentes.

Vale la pena observar, que la partida más importante del presupuesto de esta institución, la constituye las llamadas “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”, que son principalmente los traspasos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) correspondiendo para el año 2016 a un 64.45% del presupuesto total del SENAME.

El siguiente cuadro hace evidente  el  crecimiento en torno a las transferencias a privados:

Elaboración FS&T con datos de la DIPRES

Las transferencias corrientes a privados, crecieron entre el 2011 y el 2012 un 8,85 %, este año 2015, respecto del 2014 lo han hecho en un 16,46 %.

Este proceso de mercantilización, promovido  por las elites descansan en el supuesto de la eficiencia y la eficacia, bajo estas premisas el “estado subsidiario” ha actuado, constituyéndose en el nudo de la falta de derechos sociales en Chile,  desde aquí podemos entender que la ministra Blanco llame  “stock” a los niños, de esta manera prima    el valor de cambio, mercancías transables y se esfuman derechos.

No podemos soslayar que la externalización del conjunto de  programas sociales  del Sename hace que las relaciones laborales que imperan sean precarias e inciertas. Los trabajadores tercerizados desempeñándose en los Organismos Colaboradores (OCAS), desarrollan  sus  funciones sin las condiciones mínimas que garanticen un empleo de calidad (relación laboral estable en el tiempo, contar con seguridad social y garantía de derechos laborales).  De esta forma, son trabajadores y trabajadores precarizados los que ejecutan políticas públicas para el sector más necesitado de nuestra población. Esto es el reflejo de una sociedad  con pies de barro, miope, deshumanizada y pobre, que es necesario transformar.