Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2014 en Chol Chol , en marco del cortejo fúnebre de José Quintriqueo, el comunero mapuche asesinado por un trabajador agrícola al interior del fundo Nilpe, que ese día estaba ocupado por comunidades mapuche de la comuna de Galvarino.

Según la acusación de la fiscalía, “Elisa Rojas, previamente concertada con Daniel Melinao, Juan Pablo Lican y otros sujetos, viajaron desde Ercilla a las comunas de Chol Chol y Galvarino con la finalidad de cometer diversos delitos”.

Ese día, el cortejo fúnebre de José Quintriqueo pasaba por fuera del retén de Carabineros de Chol Chol, rumbo a Galvarino. Allí, según el escrito del fiscal Cristián Voullieme, “un grupo de encapuchados descendió de una camioneta conducida por Elisa Rojas, lanzando tres bombas molotov al interior del cuartel policial”, desatando un principio de incendio que fue sofocado por los mismos uniformados.

El libelo añade que Melinao iba como copiloto y Lican integraba el grupo de encapuchados que viajaba en el pick up de la camioneta. Minutos más tarde, el mismo grupo habría apaleado un bus y sustraído una cámara fotográfica a un funcionario de la Municipalidad de Galvarino. Hasta ahí la versión fiscal.

En conversación con este medio -celebrada en la cárcel de Angol-  el werken Daniel Melinao asegura que el proceso judicial obedece más bien a una persecución política en contra de su comunidad, la que desde 2011 a la fecha mantiene un activo proceso de recuperación territorial en la zona de Chequenco, comuna de Ercilla. Ya controlan cerca de 200 hectáreas y su objetivo, dice, es llegar a las 2.500. Su territorio histórico. Enfrente están el agricultor Juan de Dios Fuentes y las empresas forestales Arauco y Mininco.

Solventa sus suspicacias con anteriores procesos judiciales. En 2013 fue acusado por la muerte del sargento de carabineros Hugo Albornoz, abatido en la Wente Winkul en un allanamiento ocurrido un año antes. Estuvo nueve meses en prisión preventiva hasta ser absuelto por el Tribunal de Juicio Oral de Angol, en enero del 2014. La Corte de Apelaciones de Temuco anuló el fallo y meses después debió afrontar un segundo juicio, el que también ganó, generando un duro revés para el Ministerio Público de Collipulli y para el entonces gobierno presidido por Sebastián Piñera. La investigación fue conducida por el fiscal Luis Chamorro, el mismo que después se desempeñó como lobbysta para Forestal Arauco.

Defensa y persecución

-Nos tienen presos por lo que somos, no por los hechos de Chol Chol. Nos persiguen por la lucha que estamos dando como comunidad. Ese es el fondo de esta acusación”- dispara el werken, mientras arregla un mate. A su costado, Elisa -también presa por esta causa- prepara una ensalada. El tercer imputado, Juan Pablo Lican, comparte junto al resto de los presos políticos mapuche, Luis Marileo y Cristian Levinao, ambos condenados por hechos vinculados al conflicto territorial que se vive en la zona rural de Ercilla.

Daniel explica que por los hechos de Chol Chol el fiscal Cristián Voullieme los acusa al amparo del artículo 15.3 del Código Penal, que castiga a quienes “facilitan medios para la comisión del crimen”. Misma figura utilizada por el fiscal Chamorro en el juicio por la muerte del sargento Albornoz. La diferencia, es que en esa ocasión había un presunto autor directo. En Chol Chol no existe. O no está identificado. Así da cuenta la propia acusación de la fiscalía.

-Nos acusan de facilitar medios para que otras personas, que no se saben quiénes son, cometan una serie de delitos. Es, por decirlo menos, absurdo, ¿no?- se pregunta.

El supuesto medio “facilitado” es la camioneta en que se desplazaban. La fiscalía, además, mediante exámenes de ADN, busca vincularlos a los restos genéticos encontrados en una mecha de uno de los artefactos explosivos que quedó tendido en el retén.

La validez jurídica y científica de estas pruebas deberán resolverse en la preparación de juicio oral, que se inicia este viernes 15 de julio, desde las 9.00 horas, en el Juzgado de Garantía de Colipulli, esto luego que tribunal de Nueva Imperial se declarara incompetente para sustanciar la causa.

Sumado a estos “vicios legales”, Melinao acusa persecución política en contra de la Wente Winkul. ¿La razón? El gobierno de La Araucanía, que actúa como querellante en esta causa, está solicitando penas superiores a la exigida por la propia fiscalía.

El Ministerio Público exige 25 años de cárcel para Melinao y Lican, mientras que para Elisa Rojas solicita 17 años de presidio. Por su parte el gobierno busca encarcelarlos por cerca de 30 años. Así da cuenta la acusación particular presentada por el gobierno regional a través del abogado querellante, vinculado al Partido Comunista (PC), Hernán Valdebenito.

-La querella del gobierno revela el tinte político de la acusación. Sería interesante conocer la posición del PC sobre este tema. Qué su partido sea interviniente activo de la persecución penal en contra de las comunidades mapuche en resistencia, pidiendo incluso sanciones más altas que la fiscalía- lanza Melinao.

El werkén va allá en sus críticas y toca las entrañas del partido de Recabarren: “El PC dice apoyar las luchas sociales, pero en nuestro caso y en el caso mapuche en general, ha guardado un silencio cómplice avalando la represión y la militarización de nuestro territorio impuesta por sus aliados del gobierno”.

Melinao fue detenido en febrero de este año, solo un mes después que se pusiera en marcha la nueva Prefectura Control y Orden Público de La Araucanía, con sede en Pailahueque y dirigida por el general Máximo Lira. Unidad creada para combatir la violencia rural desatada al sur del Bío Bío, pero que bajo el disfraz esconde la protección de intereses forestales y la persecución a las comunidades mapuche en resistencia.

Escenario político y judicial que además coincide con la puesta en marcha, por parte del Ejecutivo, de una nueva mesa de diálogo, instancia que la Wente Winkul calificó como un “tongo mediático” que esconde bajo la alfombra las contradicciones que se viven en Wallmapu.

En un comunicado difundido el lunes, criticaron el encuentro, asegurando que su intención es “frenar el proceso de reconstrucción del pueblo mapuche” y la “lucha contra las empresas capitalistas, forestales y latifundistas”, las que desesperados por el proceso de avance de la lucha mapuche levantan tongos mediáticos como la mesa de diálogo, pero al mismo tiempo persiguen judicialmente a las Comunidades en Resistencia criminalizando las demandas de nuestro pueblo”.

La cuestionada mesa de diálogo tuvo su primer encuentro el pasado jueves en la intendencia de La Araucanía y contó con la presencia del ministro del Interior, Mario Fernández, junto a otros tres secretarios de Estado, más intelectuales y personeros políticos, empresariales y mapuche, estos últimos de nula representatividad en las comunidades en resistencia, los grandes marginados y ausentes de la cita convocada, a petición del gobierno, por el obispo de Temuco, Héctor Vargas.

“Justicia winka”

La muerte de José Quintriqueo agitó los campos del Wallmapu aquel 1 de octubre de 2014. El comunero falleció cuando una treintena de mapuche ingresó al fundo Nilpe, en Galvarino, reclamando la propiedad del terreno. En plena ocupación el capataz del predio, identificado como José Cañete, lo arrolló con un tractor provocándole la muerte.

El homicida fue detenido y en una primera instancia fue condenado a 5 años de libertad vigilada, fallo que fue anulado por la Corte de Apelaciones de Temuco en diciembre de 2015. Tras un segundo juicio, Cañete fue sentenciado a 5 años y un día de presidio, desatando las críticas del mundo mapuche frente a lo que consideran “el racismo de la justicia winka”, según acusa Melinao.

-Un tipo mata un mapuche en un contexto de recuperación de tierras y recibe 5 años de sanción. Y a nosotros, que no hemos matado a nadie, nos quieren encarcelar por 30 años por supuestos delitos en los que ni siquiera están identificados sus autores, subraya.

La inconsistencia de la acusación quedó en evidencia el 23 de junio pasado, cuando el Juzgado de Garantía de Collipulli decidió modificar la prisión preventiva de Juan Lican por el de arresto domiciliario total. En el fallo, el magistrado Francisco Magaraño argumentó: “Me queda la duda respecto de los hechos. La participación del imputado no me queda bastante clara. Tenemos indicios de encapuchados, pero en el tema de la participación me cabe la duda razonable…”

De igual forma, en su resolución, el magistrado puso en duda la validez científica del análisis pericial de ADN efectuado por la Policía de Investigaciones.

La fiscalía apeló verbalmente y la Corte de Apelaciones de Temuco revocó el fallo manteniendo la prisión preventiva para Lican.

Se acerca el fin de la visita y Melinao recuerda que casi la totalidad de los integrantes de la Wente Winkul han pasado por los tribunales. Varios de ellos presos en distintos periodos de tiempo. Otros permanecen clandestinos. Todos vinculados a las revueltas y hechos represivos propios de la disputa territorial que agita la zona. Huelgas de hambre y una decena de allanamientos también han marcado su historial de resistencia. ¿Heridos? para qué contar.

Frente a este escenario, el werken confía en su absolución y en la de sus compañeros. Lo mismo que el defensor, Nelson Miranda.

-Existe la seguridad de que llegaremos a un fallo absolutorio, porque no existe ni la más mínima prueba para que se configure siquiera algún tipo de coautoría, que en nuestro ordenamiento jurídico raya el límite con la complicidad. La pregunta es cómplices de quién, si ni siquiera están identificados los autores. Es más, los acusan de haber observado los hechos y no haberlos impedido. Todo esto ocurre en el contexto de un cortejo fúnebre donde había cientos de personas que deberían ser, bajo la lógica de la fiscalía, al menos sospechosas. Pero no. La acusación se fue derecho a la Wente Winkul Mapu-.