Ya es común que, cada vez que la movilización va en alza, la violencia vuelve a tomar el primer plano, sin importar si hay tanta como afirma la prensa o si es lo que se quiere lograr. Tanto rechazarla como reivindicarla confunde los términos de discusión, y hace surgir la falsa dicotomía de “aprobar o rechazar la violencia”, sin importar la forma que tome. En lo que sigue, me propondré abordar el problema de manera materialista, explicar por qué esta falsa dicotomía surge y por qué la defensa a la violencia de encapuchados en las manifestaciones y protestas estudiantiles fracasa. Si bien suele justificarse como producto de la violencia sistémica, argumentaré que terminan afianzándola, debido a la incapacidad—tanto de individuos como colectivos—de asumir completamente la irrupción de una fuerza revolucionaria dentro del marco de la lucha de clases.

Es posible plantearse el problema válidamente desde múltiples perspectivas; por ejemplo, desde la moral o la política. La movida ilegítima es traspasar juicios de una dimensión a otra. No porque no estén relacionadas, sino que las especificidades son distintas; en palabras de Schmitt, en uno hay buenos y malos, en el otro amigos y enemigos. Independiente de esto, incluso es cuestionable que puedan hacerse juicios morales con sentido: cuando decimos “esa persona es buena” no es en el mismo sentido que cuando se dice “esa silla es buena”. En el último enunciado describimos hechos, cosa que podría hacerse sin predicar bondad (por ejemplo, “esa silla satisface su función adecuadamente”), sin embargo, en el primer enunciado no es posible hacerlo—un juicio de valor absoluto no relativo a algo—como función, interés, necesidad, etc.—no se pueden inferir descripciones de hechos. Esto quiere decir que, tanto el contenido del rechazo a la violencia como de su aprobación—el contenido del juicio—, corresponden puede que correspondan a otra dimensión o sencillamente son un sinsentido (literalmente). En cualquier caso, es un error.

Por violencia se entienden muchas cosas. Las definiciones iniciales de Isabelle Sommier (2008, pp. 10-13) son útiles y serán asumidas. Por violencia—a secas—entiende un “comportamiento que apunta a causar heridas a las personas o daños a los bienes”. Por violencia política, “todo ataque colectivo lanzado en el seno de una comunidad política, dirigido contra el régimen político, sus actores—tanto grupos políticos en competencia como de los representantes del poder de turno—o sus políticas”. La violencia es revolucionaria “en la medida en que busca atacar el poder del Estado desde una ideología de cambio social radical”. Tanto las tres definiciones como el cambio social radical, no son propiedad exclusiva ni de las fuerzas progresistas, ni de las reaccionarias.

La longevidad de las cuatro décadas de neoliberalismo ininterrumpido no se explica desconociendo la complejidad y ni el mérito del contenido o de la habilidad de la clase política; la despolitización de la sociedad no es casual, es producto del intento de la clase política por construir en la tierra el cielo antidemocrático de una política sin sociedad. Esto se logra mediante la desarticulación—consciente e intencionada—de la organización social de base, volviendo impensable la acción colectiva. Aún más grave es la parte positiva del proyecto (nunca ha sido solamente vaciarnos de creencias y convertirnos en escépticos en la vida social) que nos llena a más no poder de neoliberalismo: somos neoliberales para trabajar cuando creemos que emprendemos, también cuando parte de nuestro salario se convierte en capital para la ganancia privada de las AFP; estudiando, cuando nos guiamos por la posibilidad de conseguir financiamiento; amando, cuando la endogamia social nos presenta un correspondiente de nuestro mismo entorno—y nos guste—; en definitiva, han ido neoliberalizado nuestra vida entera, y nuestra misma identidad es determinada por el modo de entender la realidad de la clase dominante. Nada muy distinto a lo que contiene la afirmación de que “las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en la sociedad”. Pero esto no explica el repudio a la violencia sentido desde la ciudadanía, ya sea en sus casas o desde las organizaciones políticas. Parte del problema es la naturalización de dar por sentada a explicación, como si se debiera al sometimiento de los individuos y de la clase trabajadora o producto de la pusilanimidad y tibiedad política de parte de las organizaciones reformistas. Estas últimas muchas veces cometen el error de ponerse a identificar delincuentes como si jugaran a ser policía. Esto es justamente como necesita la clase dominante que estemos dando la discusión: bajo la ilusión de que la violencia en tanto tal es algo que se aprueba o rechaza, y actuar asumiendo sus posiciones y manera de entender el problema.

Cómo se ha ido dando la lucha por el derecho a la educación es señal de mayor politización en la sociedad, y si bien la correlación no implica causalidad, ha sido el fenómeno más duradero en estas cuatro décadas. No sólo ha permitido el surgimiento de nuevos esfuerzos políticos en donde algunos se plantean la democratización de la sociedad y otros hasta su transformación radical: también ha emergido un cuestionamiento a la ideología de mercado y a la clase política, incluso ha sido tema desde la sobremesa de la once hasta en debates con actores de todo el espectro de la política. Esto cobra aún más relevancia considerando los niveles de despolitización de la sociedad y es así como en la masividad es en donde se ha jugado su fortaleza y duración. No por una cuestión matemática (ni de mayorías), más bien es debido a su capacidad de involucrar conscientemente al cuestionamiento de la existencia del mercado, en una dimensión de nuestras vidas, a amplios sectores de la sociedad.  En otras palabras: cuestionando la existencia de un nicho de acumulación de ganancia privada de manera amplia.

Hay tres obstáculos que enfrentan las organizaciones políticas que buscan irrumpir en la lucha política, que toman distintas formas, y ninguna pasa por la aceptación o no de la institucionalidad en la lucha que ha de darse. El primero, es encontrarse con la desarticulación social, que termina enfrascando a las organizaciones políticas en el localismo o en la delegación y suplantación electoralista del populismo. El segundo, encontrarse con la altísima capacidad de procesamiento que posee la clase política, que provoca que fuerzas progresistas sean sumadas y oxigenen la vigencia de la Concertación. La tercera, la capacidad de la clase dominante hacer efectivas sus ideas, al punto de que quienes se organizan en su contra terminan por profundizar las causas que provocan los obstáculos. Estos últimos terminan por afianzar tanto la legitimidad de la violencia del Estado y como el consenso ideológico con los valores de la dominación. Este último obstáculo se retrata cuando hay gente convencida de una forma de blanquismo trasnochado y convencidos de que la violencia, que revienta marchas y manifestaciones, es una forma de sacar el estupor al resto.

Hay otra distinción que hace Isabelle Sommier que es útil y será asumida: habría un registro materialista y otro idealista de justificación de la violencia política. Si seguimos a Gramsci en que la supremacía de un grupo social es dictadura más hegemonía (en otras palabras, dominio y dirección intelectual y moral de la sociedad) es importante tener presente que la coerción sigue siendo parte de la vida de todo Estado. Para comprobar esto basta con ir un día sin dinero a sacar los remedios que necesitamos de una farmacia, sin importar cuáles ni cuántos médicos certifiquen nuestra situación en recetas, no será este el tipo de papel que aumente la ganancia de las farmacéuticas.; que aún no las grandes mayorías simplemente vayan a apropiarse de todo, es la otra cara de la moneda. Con lo desvalorizado que está el trabajo (en otras palabras, no hay dinero para nosotros) lo anterior es como lo que cantaran Los Miserables: “bruscas y suaves maneras de matar”. Así es posible afirmar que las leyes, antes que manifestación de la justicia, son advertencia de lo que ocurre de no ir conforme el interés del capitalista. Por una parte, la justificación de registro materialista dirá que, debido a esto, la institucionalidad no merece ninguna concesión. Por otra parte, el registro idealista dirá que la violencia es un instrumento de liberación individual y colectivo para sacar del estupor al resto, promoviendo la acción colectiva insurrecta, convirtiéndola en fuerza creadora “a través de un doble sacrificio: el del oprimido y el del opresor” —en palabras de Frantz Fanon que cita Sommier.

A la luz de lo antes expuesto podemos situar la discusión de manera materialista para juzgarla políticamente. La violencia de encapuchados en marchas y manifestaciones por la educación no sólo no logra su cometido, al contrario: fortalecen la legitimidad del monopolio de la violencia del Estado y profundizan su apropiación empresarial mediante la oxigenación de su clase política. Hacen menos probable la emergencia de una fuerza social amplia dispuesta a entrar de lleno a la lucha política para intervenir efectivamente en la lucha de clases. Otorgan material para que la movilización popular se asocie con el repudio, provocando aún más escepticismo en la acción colectiva: ni todos sus pasquines fotocopiados lanzados en manifestaciones podrán hacerle competencia al monopolio de los medios masivos de comunicación—¿por qué será pasan al primer plano cuando las movilizaciones van al alza? Por otra parte, no es ni deseable ni su rol que las dirigencias de los movimientos sociales estén haciendo cátedras en pantalla sobre la violencia estructural y la hegemonía capitalista.

Aún se podría concluir que se rechaza la violencia a secas y que aún no se explica el porqué del carácter contraproducente de parte de encapuchados en las marchas y manifestaciones. Tengamos en mente las definiciones anteriores de violencia. El problema a enfrentar es de un orden distinto al de la legalidad o gradualidad: tiene que ver con la capacidad de potenciar la creatividad y movilizaciones sociales surgidas de la organización social de base. Para esta discusión no es problemático ni el uso de la capucha ni el grado de la violencia. Encapucharse de hecho cobra sentido cuando los secundarios se toman sus establecimientos producto de posibles represalias; las barricadas cuando los portuarios hacen efectiva la paralización y huelga, también los chilotes bloqueando el flujo de las carreteras; sobre todo la radicalización de los métodos cuando el pueblo mapuche ha de defenderse, contra la invasión del Estado que militariza su territorio y agarran a lumazos y balazos a ancianos y niños por igual—es hasta una ridiculización pretender homologar lo que ocurre allá con la violencia que despliegan unos cuántos en las marchas por los derechos sociales.

No es sólo abstracción y ejercicio intelectual afirmar que la gradualidad de la violencia no sea relevante: de hecho, es posible encontrar formas de violencia legitimadas en la movilización. Respecto al grado, desde el insulto hasta atentar contra la vida no son los determinantes a la hora del contenido del juicio político. Cortar el tránsito es violento en tanto imposición por la vía de la fuerza y de los hechos la alteración del orden público en desmedro de otros. Esto no toma sólo la forma de las barricadas de neumáticos en llamas con un par de encapuchados detrás lanzando molotovs: también lo hacen estudiantes movilizados —con lienzos y pancartas, sentados y bailando— en la alameda frente a la casa central de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica. Y es que no se trata de poner la otra mejilla, para nada: se trata de la expresión de una creatividad impredecible, proveniente de la organización social una movilización consciente de sus fines. Así es posible entender el verdadero problema tras la violencia de encapuchados en la movilización estudiantil: son síntoma de algo muy profundo y grave. Hay que siempre tener presente que la clase política del empresariado no se mantiene vigente sólo interpretando tendenciosamente las demandas sociales o arrastrando a las organizaciones en la “política del día, política parlamentaria, de corredores, de intriga”. También mantienen su vigencia cuando individuos y colectivos terminan actuando como ellos quieren —y por sobre todo necesitan que así lo hagan—, identificando a la izquierda revolucionaria y a la rebeldía bajo sus términos: como la resistencia provocada por la derrota pasada. En vez de dotarse a sí mismos con una identidad propia, emergida al calor de la misma rebelión en contra del orden establecido, se visten y actúan como la ideología dominante dice como lo hacen quienes pertenecen a la izquierda revolucionaria: fetichizando la resistencia, fetichizan la derrota. La confusión es algo profundo y grave puesto que es sintomático de otra cosa: de una deficiencia de creatividad, que la lucha social por los derechos ha demostrado tener. Es el tipo de creatividad que es capaz de ampliarse universalmente, incluyendo así a toda la sociedad bajo un mismo proyecto, para poder comenzar a hacer un mundo distinto en una sociedad en donde la vida nos pertenezca.