La ley del royalty minero ha estado en la palestra pública debido al escándalo generado por el intercambio de correos entre Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y Pablo Longueira, senador de la UDI mientras se tramitó la polémica iniciativa. Contesse envió al hoy renunciado militante UDI un artículo que le permite a SQM acceder al beneficio de invariabilidad tributaria. Dicho artículo ingresó al Congreso tal cual como se lo enviaron a Longueira.

Esta jornada, el fiscal a cargo del caso SQM Pablo Gómez le pidió al Congreso todos los antecedentes respecto al trámite de dicha ley para estudiar la posibilidad de cohecho en el actuar del entonces senador Longueira.

La ley del royalty -que fue defendida por el ex presidente de Piñera- fue publicada en el año 2010 con el fin de recaudar dinero para afrontar la reconstrucción del terremoto de febrero de 2010. Para lograr que las empresas mineras aceptaran la modificación, el gobierno les dio una mano a las transacionales:

El proyecto pretendía aumentar el royalty en los años 2001 y 2012, que registrarían 700 millones de dólares extras para el Estado. Claro que uno de los conflictos fue que las empresas mineras contaban con la invariabilidad tributaria entregada por la ley 20.026, aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos, que no permitía el aumento de impuestos a las empresas que estaban sometidas a este requerimiento.

El presidente de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga explica en una columna publicada en Radio Universidad de Chile  que Piñera, para lograr que las empresas mineras aceptaran la modificación,  le tendió una mano a las transnacionales: El incremento tributario se daría solo si las empresas lo aceptaban voluntariamente, por lo que el entonces presiente propuso prorrogar en 8 años el beneficio de invariabilidad tributaria.

Entonces, la promesa de 700 millones extra solo se explica por el ahorro de 2500 millones de dólares anuales al que accedieron producto de la extensión de la invariabilidad. Alcayaga lo explica así: la actual invariabilidad termina en 2017. Es decir, desde 2018, las mineras deberían pagar el 10% de sus ventas, que en promedio para las mineras privadas alcanza los 2 mil 500 millones de dólares anuales.

Piñera, en su defensa reciente de la ley del royalty aprobada durante su gobierno, aseguró que esta "aportó más US$3.200 millones al país, para destinarlos al esfuerzo de la reconstrucción en el período 2010-2013".

Para Alcayaga, esto es mentira.

Cochilco, en su anuario de 2014, entrega la recaudación de las 10 mineras privadas más grandes, desde 2006 hasta 2014. La información es así (en millones de dólares):

2006- 676
2007- 622
2008- 415
2009- 284
2010- 792
2011- 643
2012- 442
2013- 356
2014- 309

Alcayaga dice que para entender estos datos, hay que tener en cuenta que -salvo el 2009- el precio del cobre ha sido siempre superior al del año 2006, cuando era de 3 dólares. Por lo que, en teoría, el royalty debió haber sido superior al 2006 en todos los años menos en 2009. Pero la realidad es distinta: en 2011, con precio de 4 dólares, el royalty debió haber sido un tercio superior al de 2006. Es decir, de US$900 millones, no de US$643, como lo fue.

Además, no se cumplió la promesa de los 700 millones de dólares extras que recaudaría la ley en 2011-2012.

"Las cifras lo acreditan. Es evidente que el objetivo del royalty de Piñera no fue aportar más recursos a la reconstrucción, sino prolongar desde el 2017 hasta el año 2025 la invariabilidad tributaria de las mineras, y evitar que el año 2017, en plenas elecciones presidenciales, se discutiera una nueva ley que recondujera la invariabilidad tributaria. Por eso las mineras renunciaron a la invariabilidad tributaria el año 2010, para la nueva invariabilidad se discutiera el 2010 y no el año 2017. Esa fue la gran jugada de las transnacionales mineras", dice Alcayaga.