[caption id="attachment_59673" align="aligncenter" width="403"] Fuente: Facebook de Fernando Pino Solanas[/caption]

América Latina pasa por una situación política única, que no se repite en los otros continentes. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, diversos gobiernos de tinte progresista han llegado al poder en Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, entre otros.

Estos gobiernos han estado marcados diversas políticas sociales para combatir la desigualdad, con efectos no menores: 50 millones de personas han salido de la pobreza en el continente en los últimos 15 años. Han relanzado también una inédita integración latinoamericana, marcada primero por el rechazo al ALCA promovido por Estados Unidos –del que la semana pasada se cumplieron 10 años- y por el fortalecimiento del Unasur, Mercosur y Celac.

Sin embargo, no todo pinta bien para el progresismo latinoamericano. El avance de las derechas de a poco deja de ser una teoría y pasa a ser una realidad con la inédita votación de Mauricio Macri en las elecciones argentinas, que lo tienen con la primera chance de ganar el gobierno el próximo 22 de noviembre y desbancar al kirchnerismo después de 12 años. En Brasil, el gobierno de Dilma Roussef es sumamente cuestionado por escándalos de corrupción, mientras aplica políticas de ajuste neoliberal. En Venezuela, la oposición es favorita para obtener mayoría en las legislativas de diciembre, con las que podría convocar a un referéndum revocatorio y terminar antes de tiempo el mandato de Nicolás Maduro, quien venció al opositor Henrique Capriles por un mínimo margen en las últimas presidenciales. Rafael Correa en Ecuador también enfrenta duras críticas de los movimientos indígenas que lo llevaron a la presidencia, mientras que Evo Morales en Bolivia parece ser el más fuerte de todos, aunque la continuidad del proceso está directamente ligada a su liderazgo. En enero se votará vía referéndum una modificación a la Constitución que le permitiría a Morales una nueva reelección para 2019, que si se llega a cumplir y gana las elecciones, estaría 20 años en el poder.

Si hay algo que caracteriza la actual coyuntura política –que variados autores califican como el “fin del ciclo de los gobiernos progresistas”- es la caída de precios de las materias primas. América Latina ha sido, desde la conquista, un continente exportador. Oro, plata, cobre, petróleo han sido históricamente aprovechados por la Corona española, las burguesías europeas y empresas transnacionales modernas. Esta política no es cuestionada en países como Chile o Colombia, donde el neoliberalismo ha sido la hoja de ruta de los gobiernos. Pero lo llamativo es que los gobiernos progresistas de la región también se sostienen en el extractivismo, del que aprovecharon la década de alza de precios de petróleo para sostener sus políticas sociales en contra de la desigualdad. Esto ha generado varias críticas a procesos como el ecuatoriano o el boliviano, que reconocen en sus constituciones el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, pero abren la puerta a grandes empresas mineras para que exploten la tierra.

En ese marco se desarrolló en Buenos Aires el foro “Alternativas al Extractivismo”, organizado por el senador argentino y cineasta Fernando Pino Solanas, que tuvo como invitados a Alberto Acosta, ex ministro de Energía de Rafael Correa y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y a Eduardo Gudynas y Maristella Svampa, reconocidos investigadores y ecologistas de la región, junto a una serie de diputados de Argentina, Uruguay y Brasil.

La necesidad de una agenda “postextractivista” se enmarca, como se recalcó en el foro, en las limitaciones que tienen los gobiernos “neodesarrollistas” latinoamericanos. La inclusión de capitales chinos explotando el Amazonas ecuatoriano, el desastre ecológico provocado con Barrick Gold en San Juan, Argentina o el reciente subsidio del gobierno de Evo Morales de 3 mil 556 millones de dólares al sector petrolero para exploración son ejemplos de que la política del extractivismo no ha cambiado en América Latina. “Ni progresistas ni neoliberales han cuestionado la penetración de capital extranjero en las economías periféricas. Todo lo contrario, las promocionan en nombre del progreso”, señaló la argentina Maristella Svampa.

La socióloga enfatizó en que en las elecciones presidenciales del 22 de noviembre, por ejemplo, ambos candidatos –Mauricio Macri y Daniel Scioli- continuarán con la agenda extractivista. En Argentina, el kirchnerismo es criticado duramente por su poderosa agenda extractiva, que incluye una serie de tratados firmados con China y Rusia que tienen cláusula de confidencialidad y a los que ni los propios parlamentarios trasandinos tienen derecho a acceder. Scioli, por su parte, es cercano al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, señalado como uno de los principales lobbistas de Barrick en Argentina, empresa que derramó más de un millón de litros de cianuro en el río Jáchal en septiembre.

Según Maristella Svampa, “Jáchal era hasta solo unos meses era no solo la capital nacional de la minería sino el modelo que progresistas y neoliberales mostraban para hablar bien de la megaminería”.

[caption id="attachment_59675" align="alignright" width="300"] Eduardo Gudynas Fuente: Facebook de Fernando Pino Solanas[/caption]

 

Para el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, uno de los mayores problemas de los gobiernos progresistas de la región es que han limitado la idea de justicia social a una mera compensación económica. “Un estudio en Brasil analiza los últimos 15 años indicadores de consumo de elementos claves en los hogares brasileños. Hay consumos que se dispararon desde la asunción de la administración Lula: el uso de computadoras, celulares y lavadoras automáticas. Lo que es dramático es que el número de hogares que tiene acceso a agua potable ha permanecido estancado en todo Brasil en los últimos 15 años. No ha habido ningún cambio. Aquí hay una tarea de reconstruir la idea de justicia social que ha sido muy degradada por los gobiernos progresistas”, señaló.

Por su parte, el economista Alberto Acosta, quien fuera ministro de Rafael Correa y hoy es crítico al gobierno, considera que lo que han aplicado los gobiernos progresistas “es una redistribución de ingresos cuantiosos y no se han modificado las estructuras que generan pobreza y miseria. Seguimos embarcados en un camino sin salida, porque el extractivismo representa devastación social y devastación de la naturaleza. El extractivismo, que conocemos de hace más de 500 años, atropella derechos humanos y derechos de la naturaleza y abre la puerta a políticas caracterizadas por la criminalización de quienes defienden estos derechos”.

Hacia una agenda postextractiva

El primer paso para ponerle fin al extractivismo según Eduardo Gudynas es romper con la teoría de que no hay alternativas posibles. El uruguayo propone fortalecer el sector agropecuario y potenciar la producción de alimentos. Pero “salir de una agropecuaria industrializada, mecanizada de agroquímicos y transgénicos como la de la soja, para recuperar una diversidad de producciones. Esto no es utopía, son cuestiones de realidad inminente porque no vamos a tener energía. Los países que comiencen primero la transición agropecuaria van a estar en mejores condiciones para enfrentar la próxima crisis”, asegura.

Plantea también que es necesario bajar el gasto del Estado, que actualmente es subsidiario de empresas extractivas y tomarse en serio las regulaciones que ya existen en América Latina pero que no son aplicadas.

Una transición para salir del extractivismo incluiría la mantención de algunas empresas mineras o petroleras, pues la salida brusca sería devastador para el país. Cambiar los patrones de consumo, repotenciar y reamar un sector industrial realmente integrado en América y cambiar la matriz energética por energía eólica o sola fueron algunas de las propuestas de Gudynas para una agenda postextractiva.

La discusión se enmarca en clara oposición a lo que ha sostenido uno de los líderes intelectuales del proceso boliviano como el vicepresidente Álvaro García Linera, quien ha sostenido que el extractivismo es una política temporal para garantizar recursos para el Estado. Ante eso, Alberto Acosta considera que es “perverso creer que vamos a salir del extractivismo con más extractivismo. Más extractivismo ahondará nuestra dependencia, ahondará nuestra senda de subdesarrollo. No podemos ser tan boludos como para seguir ampliando la frontera extractivista aún cuando los precios del petróleo se caen”.

Según el economista, mantener esta política es lo que esperan los países ricos: Más materias primas, más baratas y más dependencia.