A pesar de que hay más de dos mil glaciares en Chile, que forman parte clave del patrimonio ambiental del país y aúnan el 82% del total de Latinoamérica, no existe una legislación al respecto. Por eso, el año pasado un grupo de parlamentarios ingresó un proyecto de ley para la protección de glaciares que se está discutiendo hoy en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.

Estas enormes masas de hielo son las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Recargan cerca del 70% de los ríos, lagos y napas subterráneas en zonas secas y períodos de escasez de agua, permitiendo a los poblados abastecerse de esta.

Hace años que el calentamiento global ha impactado en el derretimiento de los glaciares, lo que produce una amenaza para la provisión de agua potable en pueblos y ciudades, además de problemas en agricultura y otros rubros. Las faenas mineras que intervienen zonas donde hay glaciares también aportan a su destrucción, por eso muchos países han optado por legislar para proteger estas reservas de la industria.

Ese era el objetivo original de la ley que está en tramitación: prohibir la intervención de cualquier glaciar que estuviera en territorio chileno. Pero luego de un acuerdo que firmaron algunos parlamentarios con el gobierno, el proyecto se ha sometido a cambios. A pesar de que sigue dando reconocimiento legal a los distintos tipos de glaciares que existen, los declara bienes públicos y prohibe que hayan derechos de agua sobre ellos, en marzo de este año, luego de meses de negociación, el gobierno ingresó una nueva indicación a la discusión.

En esta se afirma que sólo se prohibirá la actividad en aquellos glaciares que forman parte de una reserva natural o que sean declarados Reserva Estratégica. Todo el resto quedaría susceptible de ser explotado con previa aprobación del proyecto por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Cabe recordar que el SEIA está siendo analizado por la comisión asesora presidencial para reformarlo, comisión criticada por un grupo de parlamentarios, sindicatos y organizaciones ciudadanas que alegan un conflicto de interés por parte de los miembros. Por lo mismo se agruparon en una comisión paralela que este lunes lanzó un diagnóstico sobre el actual sistema ambiental. Ahí se evidencia que los glaciares forman parte de los componentes del territorio que no están “suficientemente normados y son excluidos de la evaluación” y que, por lo mismo, “existe la necesidad de aumentar la regulación en tales aspectos”.

Pero la indicación del gobierno, para las organizaciones ambientalistas, está lejos de cumplir ese objetivo. “Lo que queremos es una ley sin letra chica. Que en forma y en espíritu declare intocables los glaciares, en todos sus tipos, formas y localizaciones, por su valor ecosistémico”, declara Matías Asún, vocero de la organización ambientalista Greenpeace en Chile, a eldesconcierto.cl. Esta idea es apoyada por las diputadas Camila Vallejo (PC) y Cristina Girardi (PPD), que también forman parte de la comisión paralela que ahora trabaja en propuestas alternativas para la reforma del SEIA.

¿Ley de protección o explotación?

El gobierno plantea que los glaciares protegidos deben cumplir requisitos. Es precisamente este punto, contenido en el artículo 5, el que se discutirá en la sesión de hoy en la comisión. En ese contexto se espera que el gobierno determine algunos de los requisitos que un glaciar debiera reunir para ser Reserva Estratégica. A pesar de que aún no se han establecido formalmente, se habla de la cantidad de agua que aportan al cauce de ríos como uno de los factores a tomar en cuenta. En una de las jornadas de discusión parlamentaria, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, sostuvo que se estaba asumiendo que “todos (los glaciares) son una reserva hídrica relevante, lo que no necesariamente es así o al menos no existe la información disponible para hacer esa aseveración”.

Para Greenpeace este criterio es errado, ya que la importancia de los glaciares no reside solamente en ese aporte. Por ejemplo, al reflejar más del 40% de la luz solar, enfrían el planeta y se conforman como importantes reguladores climáticos, rol que no es contemplado en la ley propuesta.

“La idea de reserva estratégica es proponer que los glaciares sean valorados en función del valor que los hombres le dan al agua que aporta; si aporta mucho agua, es reserva, si es más rentable hacer una operación minera que proteger el glaciar, entonces no es reserva. Es un concepto tremendamente acotado y mercantil. El gobierno no tiene voluntad de proteger los glaciares, está cediendo a los intereses de las grandes corporaciones mineras”, declara Asún.

La organización afirma que si se aprueba este proyecto casi todos los glaciares de la zona norte y central podrían desaparecer. Según Chile Sustentable, se trata de 4.200 glaciares emplazados en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana. Territorios de alta población y necesidad hídrica.

Este es uno de los puntos por los que la diputada Andrea Molina (UDI), integrante de la Comisión de medioambiente de la Cámara, rechaza la indicación del gobierno. “En la quinta región no hay glaciares protegidos y no podemos dejar unos adentro y otros afuera. Yo votaría en contra de esta indicación, no me parece correcta en un proyecto de proteger glaciares porque no da el ancho, no incluye a todas las regiones”, alega en conversación con eldesconcierto.cl.

Pero las grandes corporaciones mineras tampoco están satisfechas. "Si bien hubo avances en relación a la moción parlamentaria original, que planteaba prohibiciones casi absolutas, la indicación del Ejecutivo nos deja serias inquietudes. Subsiste la tendencia a la protección per se en vez del análisis sobre el aporte de cada glaciar en términos hídricos y ecosistémicos. También introduce una revisión de los permisos ambientales ya otorgados, con la consecuente incertidumbre", dice Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero a eldesconcierto.cl. La agrupación reúne a las empresas mineras más grandes de Chile como Barrick o Anglo American y propone que la institucionalidad actual es suficiente en términos de regulación de la actividad en glaciares.

El diputado Daniel Melo (PS), que también es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, cuenta que ha habido mucha presión de parte del sector minero en contra de la prohibición total de intervenir glaciares. “A ellos les acomoda mucho que todo siga operando tal cual está. Si esa nueva ley (la original) entrara en vigencia, proyectos como Pascualama o Alto Maipo no tendrían ninguna posibilidad de ser ejecutados como hoy en día se están llevando adelante”, explica Melo a eldesconcierto.cl.

“No entendemos cómo el ministro es capaz de sostener una indicación que supone que el medio ambiente se conserva solo si es rentable. Estamos sometiendo el valor del medio ambiente al ejercicio especulativo de las grandes corporaciones; estamos pensando en no tocarle el bolsillo a los tipos más ricos y poderosos”, concluye Matías Asún, de Greenpeace.