La celebración de las lluvias torrenciales que a principio de agosto han caído en  el Norte de Chile no debe extrañarnos. Después de diez años de escasez hídrica, la presencia de agua en los caudales representa un alivio inesperado para sus habitantes. Ante una de las problemáticas ambientales más importantes de Chile se tuvo que esperar  a la misma naturaleza para hacer justicia.

El 23 de mayo de 2013, bajo el gobierno de Piñera, el proyecto de reforma del actual Código de aguas ingresó a la Comisión de Recursos Hídricos de Desertificación y Sequía.  En el octubre del 2014 el gobierno Bachelet presentó su Indicación Sustitutiva de ley en materia de aguas a la mencionada comisión. Las principales reformas al Código de Aguas promovidas por el Ejecutivo consisten en eliminar la perpetuidad  del derecho de aprovechamiento de las aguas, constituyendo nuevos derechos cuyo límite de duración no supere un máximo de 30 años. Asimismo,  se ha propuesto terminar con su carácter de derecho real, de forma que se acabe con la propiedad de agua y los derechos de aprovechamiento se conviertan en una concesión administrativa temporal y prorrogable. Otra novedad consiste en la prohibición de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en áreas protegidas y en los glaciares y  la determinación  de usos prioritarios del agua que prevalecerán sobre la creación y limitación de los derechos de aprovechamiento. El otorgamiento  de estos derechos será basado en el interés público y el consumo humano será priorizado por sobre el consumo agrícola, industrial o minero.

Ahora bien, las intenciones parecen valiosas, pero no hay que emocionarse demasiado, debido a que los mencionados avances se aplicaran solo a los derechos de agua que no hayan sido otorgados, mientras que los derechos de aprovechamiento existentes son derechos adquiridos. Y las cifras no alivian la decepción. Según el propio Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, lo que resta por entregar se acerca a un 10%.  En el mismo sentido, si bien se ha valorado la priorización del consumo humano del agua y el reconocimiento de la indivisibilidad jurídica de agua y tierra, los derechos de aprovechamiento  en el sector minero (artículo 56 del Código de aguas) permanecerán inalterados, preservando el privilegio de las aguas del minero. Al parecer, los señores de la minería mantendrán imperturbables su “derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores”.

Pero lo peor está por llegar. No obstante los reclamos de las organizaciones sociales y la amplia discusión  que existe en torno a su reforma, en el debate actual no cabe la modificación del artículo 19 numeral 24 de la Constitución del 1980, consagrante de la propiedad privada de las aguas y cuya superioridad jerárquica por sobre cualquier otro instrumento legal menoscaba cualquier intento de terminar con la mercantilización de las aguas. Entonces, cabe preguntarse, ¿como exactamente se solucionará la gravísima crisis hídrica derivada de la mercantilización de este bien común natural si no se acaba con su mercantilización?

Actualmente el proyecto de reforma del Código de aguas se encuentra en la fase final del debate ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, para posteriormente pasar a la Comisión de Agricultura. Y a la luz de lo anterior, hay que preguntarse si, así tal como queda el proyecto, se solucionan efectivamente los problemas más importantes que la aplicación del Código de Aguas ha generado ¿Se puede decir que hay cambios sustanciales y profundos a la situación hídrica derivada del actual código de aguas y la actual Constitución dictatorial? Claramente no. Porque mientras no se desprivatice este bien común esencial para la vida, nada habrá cambiado.

No nos queda más que esperar. Habrá que ver si los cambios impulsados cumplirán con las promesas de convertir el agua en un bien nacional de uso público, o si estamos frente a un proyecto de ley disfrazado que finge terminar con el modelo de lucro y exclusión del agua creado en dictadura. Esta reforma, que acaba de terminar su debate en el parlamento más deslegitimado de la historia, afectará la vida de todos los  habitantes de Chile. Quizás esta política  extractivista de crecimiento indefinido podrá seguir apropiándose de los derechos de los ciudadanos en total impunidad, pero los crímenes sociales y ambientales, como hemos visto,  no se quedaran esperando a que el sistema chileno cumpla con sus compromisos.