"Un 30% de las personas que participan en las marchas son delincuentes", afirmó este miércoles el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, mientras participaba de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Sus dichos causaron el rechazo de diversos sectores, por lo que la misma autoridad ratificó sus palabras a través de un comunicado público difundo vía twitter. "Este es un error del que me hago cargo en su totalidad", señaló.

Sin embargo, para los estudiantes de la Confech no se trató de un "desliz", sino un reflejo de la política represiva que ha mantenido el gobierno. "Esto no fue al azar, es parte de la línea política que ha seguido el ministerio del Interior durante al menos los últimos tres gobiernos con la criminalización de los movimientos sociales", afirmó la presidenta de la FEUSACH y vocera de Confech, Marta Matamala.

Según la dirigenta, las cifras mencionadas por Aleuy apuntan directamente a la Confech, tratando de instalar un discurso de invalidación frente a las movilizaciones estudiantiles y su masividad.

"No entender que la violencia es una reacción social ante el país en que vivimos, donde cada vez que se conglomera un alto número de personas se producen este tipo de hechos, es no entender que se trata de un fenómeno sociológico y no responsabilidad de quien convoca", argumenta.

El porcentaje entregado por Aleuy es una "cifra bastante sensacionalista, que apuntando justamente a que los miembros de la Comisión de Seguridad dotaran de mayores facultades a Carabineros, incrementar el número de efectivos en las calles y seguir con una línea de seguridad interior del Estado que una orientación represiva".

FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA REPRESIVA

"Lamento haber confundido a los miembros de la Comisión y por ende a la ciudadanía con porcentajes inexactos sobre la participación en actos vandálicos y delictuales. No ha sido mi intención establecer una distancia frente a los actores sociales que justificadamente participan en actos públicos, por el contrario, siempre hemos estado disponibles para buscar los mejores acuerdos para asegurar el uso del espacio público respectando el derecho de todos", declaró el subsecretario.

Para los estudiantes de la Confech las palabras de Aleuy fueron mucho más que la entrega de información poco precisa producto de un lapsus inocente. Según Matamala, se trata de "la segunda parte de una cara que ha mostrado el gobierno". Y es que las reformas amortiguadas con el "realismo sin renuncia" conllevan, para ellos, una doble lectura del escenario político.

"Hacia afuera, de forma pública, dicen que son dialogantes, pero como contraparte se fortalece la política represiva. Lo hemos visto durante las últimas semanas donde han aumentado los allanamientos al interior de de las universidades e incluso colegios y liceos", describe.

"Ya no estamos hablando únicamente de que no van a cumplir promesas, sino que además de un aumento en los niveles de represión en las calles debido a la insatisfacción que esta noticia produce en la gente. Lo que quieren es que se queden en la casa", explica.

"no pueden ser únicamente desmentidas por medio de un comunicado sino que en este caso tiene que haber una rectificación en torno a la línea de seguridad que tiene el ministerio del Interior de la que son responsables tanto el Subsecretario como el ministro Burgos.

NADIE SE HACE RESPONSABLE

No es primera vez que Mahmud Aleuy produce rechazo en el mundo social. Desde que Rodrigo Avilés fue brutalmente agredido en la marcha del pasado 21 de mayo, se han exigido responsabilidades políticas por parte del gobierno. Así lo hizo ver su familia, que interpeló directamente a las autoridades de Interior para asumir las consecuencias del caso.

En el gobierno, nadie se adjudicó dicha responsabilidad.

"Se tiran la pelota de uno a otro, eso es clarificador. Quién hoy se encarga de la represión. Todos sabemos que las órdenes vienen del ministerio", dice Matamala.

Además, se refirió a la situación actual que viven estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiana y la UTEM, que permanecen recluidos bajo prisión preventiva en la Cárcel de Santiago 1.

"Aquí hay una política de terrorismo de Estado que tiene por responsables al subsecretario y al ministro. Nosotros lo hemos señalado pidiendo incluso su renuncia cuando ocurrió lo de Rodrigo. Hoy día nosotros pedimos su renuncia, pero acompañada de un cambio en las políticas de seguridad interior del Estado. Mientras eso no ocurra es bastante complejo porque la línea sigue siendo la misma", sentenció.