El pasado 20 de abril, la Fundación Paz Ciudadana, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la ONG Leasur asistieron a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para entregar su opinión acerca del proyecto de ley que busca imponer penas obligatorias para los delitos de hurto, robo y receptación. Los representantes de los tres organismos manifestaron una visión crítica no solo respecto a los problemas internos del proyecto y sus fundamentos políticos, sino también respecto al impacto que su aprobación podría tener en la denominada «lucha contra la delincuencia».

Lo curioso es que luego de una hora escuchando a sus invitados -que hicieron gala de un aparato crítico y un respaldo estadístico importante-, la mayoría de los parlamentarios se largó a debatir haciendo caso omiso de todo lo que acababan de oír. Sin duda, la que menos atención prestó fue la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, quien, luego de señalar que el proyecto «va en la línea correcta», pues «castiga a los delincuentes de la manera que la ciudadanía espera», se mostró concernida respecto a los derechos humanos de «la gente honesta que vive enclaustrada y encerrada producto de ser quisquillosos y muy preocupados de proteger a los delincuentes y sus derechos humanos».

Al parecer, la diputada no escuchó a la directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, cuando señaló que la pena promedio para los delitos de robo con violencia y robo con fuerza es seis y tres años respectivamente, además de que el 70 % de las sanciones que aplican nuestros tribunales de justicia son penas privativas de libertad. En rigor, el sistema chileno ya promueve indiscriminadamente el uso de la cárcel y ahora, con este proyecto, va aún por más.

En este escenario, es urgente dejar de lado el populismo penal y enfocarse en la elaboración de políticas criminales serias, pues el proyecto de ley que está impulsando el actual Gobierno aumentaría por lo bajo en cinco mil personas la población penal de nuestro país, algo que, según las estimaciones de Paz Ciudadana, le costaría al Estado 19,2 mil millones de pesos como gasto directo, y traería aparejados gravísimos problemas.

En primer lugar, según los datos que entregó la misma fundación, el 51 % de quienes van a la cárcel reincide, versus el 28 % de quienes cumplen una pena alternativa. De aprobarse el proyecto, entonces, veríamos un aumento en los niveles de reincidencia de las personas que tienen contacto con el sistema penal. Ello se debería, en parte, a los niveles de hacinamiento y la falta de regulación y programas de reinserción con que funcionan los recintos penales de nuestro país. Tal como lo señalaron los representantes del INDH y Leasur, aumentar la población carcelaria, además de actualmente inviable, es contraproducente. Basta revisar cualquier estudio que aborde la situación penitenciaria en Chile para darse cuenta.

En cuanto a los derechos humanos de quienes cometen delitos -que, según la diputada Nogueira protegemos con tanto celo-, ellos son, en la realidad, vulnerados diariamente. Las condiciones infrahumanas en que viven nuestros presos y la denegación de derechos universales que los afecta -como el derecho a sufragio-, sumadas a la violencia de que son objeto debido a la arbitrariedad con que opera Gendarmería, no pueden más que reducir sus dichos al absurdo.

La cárcel profundiza la segregación que afecta a quienes cometen los denominados «delitos de mayor connotación social». El encierro no solo genera desarraigo familiar y social, sino que también reproduce la criminalidad tanto a nivel de los individuos como de sus familias y comunidades. Además, la estigmatización que implica el paso por la cárcel, en concreto, «tener los papeles manchados», reduce al mínimo sus posibilidades laborales, con lo que solo se agudizan las diferencias sociales y la delincuencia no hace más que aumentar.

Por lo mismo, sería bueno que la diputada Nogueira le prestara atención a las palabras de Guillermo Ceroni, quien durante la misma sesión señaló: «Hoy día como diputado a uno más le vale pronunciarse en forma drástica en esta materia y ojalá meterlos a todos en la cárcel, pero yo creo que nosotros tenemos que hacerlo de forma más seria».

Es cierto, es absolutamente impopular cuestionar el uso de la cárcel, pues la idea de que es la única solución al problema de la delincuencia se encuentra profundamente arraigada en la sociedad chilena. Pero ya es hora de asumir el costo político de las palabras del diputado, evaluar las consecuencias sociales y económicas que tiene recurrir a la cárcel como única herramienta penal y ponerse a trabajar en políticas criminales que se hagan cargo de las razones que llevan a algunos sectores de la población a cometer delitos de hurto, robo y receptación.

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* Litigación Estructural para América del Sur