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A un día de iniciarse el juicio oral en contra de 10 altos ejecutivos de las cadenas de farmacias acusadas de coludirse en 2008, parlamentarios de la Nueva Mayoría pidieron al Ministerio de Economía que se restablezca la pena de cárcel para los casos de colusión entre empresas.
La solicitud la hicieron en conjunto con el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristián Vittori.
En reunión con Luis Felipe Céspedes, titular de la cartera de Economía, los diputados DC, Gabriel Silver y Daniel Farcas, aseguraron que para evitar este tipo de casos se requiere fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. Para ello, presentaron una propuesta de modificaciones al decreto 211 que regula la libre competencia.
Para Calderón, la competencia entre diversos actores del mercado fundamental para que los consumidores puedan elegir. “Sin embargo, en nuestro país, los mercados se encuentran concentrados en pocos proveedores, lo que facilita la colusión y la formación de carteles”, aseguró.
Las ocho propuestas entregadas consideran la consulta obligatoria al TLDC en caso de fusiones de empresas; establecer penas de cárcel efectivas para directores de empresas que hayan atentado contra la libre competencia; prohibición a empresas proveedores para fijar precios; prohibición para que proveedores que abastecen al pequeño comercio puedan fijar precios por volumen de compras; nuevo marco normativo que castigue con multas al menos de tres veces el daño causado; dotar al Sernac de legitimidad activa para denunciar al TDLC las conductas monopólicas; regulación de las estructuras de interloking (participación cruzada); y dedicación exclusiva para los ministros que integran el TDLC.