[caption id="attachment_33565" align="alignleft" width="610"] Fotografía: radio.uchile.cl[/caption]

El proyecto de Reforma Laboral despachado por el Ejecutivo al Congreso, de ser implementado en lo medular, marcará un punto de inflexión para el sindicalismo nacional. La propuesta, tal como lo destaca el mensaje de la presidenta Bachelet enviado el 29 de diciembre pasado, tiene el objetivo de “modernizar el sistema de relaciones laborales chileno" y, para esto, se busca fortalecer la negociación colectiva al interior de las empresas y potenciar la actividad sindical y a los sindicatos como sujetos de negociación, con el fin de enfrentar la desigualdad en el mundo laboral, promoviendo la capacidad y autonomía de las partes (léase “capital y trabajo”) para negociar en igualdad de condiciones, abriendo la puerta a una cultura de cooperación y colaboración. Lo que se espera, dicen desde el gobierno, es generar las condiciones óptimas de negociación entre los empresarios y los trabajadores representados en sindicatos, con los objetivos de, por un lado, mejorar las condiciones laborales y, por lo tanto, de vida de los trabajadores y, por otro lado, elevar el nivel de productividad de las empresas.

Este proyecto enviado al parlamento forma parte da la llamada “agenda laboral”, está siendo comentado en los medios por académicos, dirigentes sindicales y expertos del ámbito de la legislación laboral y si bien es cierto producen un incremento en la decepción de algunos dirigentes que habían construido expectativas basadas en el discurso expresado especialmente por la ministra del Trabajo. El análisis técnico que se hace, ahorra esfuerzos desde nuestra mirada sociológica de algunas partes del proyecto que se presentan como “avances” para los trabajadores, en circunstancias que no lo son; y nos permiten analizar el espíritu del proyecto o, dicho de otra manera, el soporte ideológico que de nuestra perspectiva contribuye a la consolidación del modo de acumulación vigente, basado en la ausencia de derechos colectivos efectivos de los trabajadores, que permiten la gigantesca brecha en la repartición de la riqueza que los mismo trabajadores producen.

La corriente de pensamiento regulacionista[1], que atraviesa de punta a cabo el Proyecto, concibe al sindicalismo como un actor necesario que, en tanto único representante de los trabajadores frente al capital, puede y está llamado a negociar las condiciones laborales al interior de las empresas y participar en la mejora de los procesos productivos, establecer sus ritmos, proteger el empleo (y, por lo tanto, el desempleo) e influir en el reparto equitativo de las ganancias obtenidas por el incremento de la productividad a la que éste contribuye.

En medio de esta declaración de buenas intenciones los impulsores de esta corriente de pensamiento olvidan o, mejor dicho, omiten, una cuestión fundamental: vivimos en una sociedad capitalista fundada en la contradicción capital/trabajo, donde, más allá de “las legítimas diferencias y aspiraciones de las partes” (como suele referirse la tecnocracia criolla al conflicto institucionalizado), el capital somete al trabajo en virtud de generar mayores niveles de plusvalía, la cual sólo es posible producir mediante el exceso cuantitativo de trabajo, sea prolongando la duración de las jornadas laborales u optimizando la aplicación de la fuerza del trabajador, aumentando la intensidad.

Al ocultar, por un lado, la mecánica del capital y, por otro, al omitir que los trabajadores están inmersos en un cuerpo político donde las relaciones de poder los transforman en presa de las lógicas capitalistas que buscan cada vez mayores tasas ganancias, el cúmulo de declaraciones filantrópicas, que puede ser leído en detalle en el mensaje de Bachelet que prologa al Proyecto de Ley enviado a la Cámara de diputados, se transforma en un mecanismo discursivo eufemizador que, como tal, en su manifestación y puesta en forma, oculta aquellas ideas que si se expresaran de manera recta y franca serían incómodas, molestas y hasta insoportables o, más específicamente, explicitarían las consecuencias concretas de la Reforma sobre los trabajadores y los sindicatos.

Como varios análisis ya han dado cuenta, la Reforma Laboral no es otra cosa que una sofisticación de las limitaciones jurídicas que se han implementado sobre los trabajadores desde fines de los 70 en el país, intentando delimitar y producir, institucionalmente, a las organizaciones sindicales y su contexto, en virtud de su debilitamiento. Esto, junto con la ejecución de otras políticas sobre la fuerza de trabajo, con el objetivo de controlar, gestionar, disciplinar y optimizar su uso –como se ha demostrado en el caso de la flexibilidad laboral- lo que busca permanentemente, es conformar y consolidar un cerco político-institucional que al mismo tiempo de aumentar las fuerzas de los trabajadores en términos productivos, disminuye, esas mismas fuerzas, en términos de obediencia política.

Reformas como la enviada, se agregan al conjunto de acciones que corresponden a innovaciones en los dispositivos de control sobre la sociedad, sumándose al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la ingeniería social, etc. que el neoliberalismo produce para hacer más estable la dominación.

Es sobre todo por esto que no debemos ser ingenuos y menospreciar la Reforma. Tras “la gran reformita laboral”, como la han llamado, subestimándola, connotados abogados nacionales, existen poderosas armas político-ideológica que lo que buscan es producir un determinado escenario así como definir a sus actores y formas de relacionarse, con la intención de entregar las condiciones para no obstaculizar el funcionamiento del capitalismo. Regulación institucional de las tensiones y conflictos, por un lado y, por otro, la configuración de un sindicalismo ya no como representante de los intereses de la clase trabajadora sino que, más bien, como un aliado del capital, que facilita la administración del trabajo y el control de los antagonismos de clase. No más “conflictos inorgánicos”. Ahora, negociación colectiva que asegure la productividad y gestión de los recursos humanos, en virtud de implementar lógicas de flexibilidad laboral al interior de las empresas. No más contradicción capital/trabajo. Ahora, “equilibrio entre respeto de derechos y conciencia de deberes”, compromiso común y recíproco entre trabajadores y empleadores respecto del destino de las empresas. Como si estas no fueran fruto de la explotación de los trabajadores, como si las ganancias fueran de quienes producen la riqueza, como si los medios de producción fuesen de propiedad social. No más “huelga” como instrumento legítimo de presión de los trabajadores, que, como tal, operaba bajo la amenaza de detener la producción. Ahora, un paradójico instrumento de presión: una huelga que asegure el continuo de la producción y, es más, a los sindicatos como actores que deben garantizar el funcionamiento mínimo de las empresas mientras dure la paralización…

No porque la Reforma no sea lo que esperaba la gran mayoría de los sindicatos y trabajadores ésta será deficiente, mediocre o insignificante. Por el contrario, en su aparente carácter baladí se camufla su potencialidad: consolidar el cerco político-institucional heredado de la dictadura de Pinochet, mantenido, desarrollado y perfeccionado por los gobiernos post-dictatoriales.

NOTA

Katia Molina Ponce, Mauricio E. Muñoz Flores y Felipe Valenzuela Silva son sociólogos. Su desarrollo investigativo ha prestado especial dedicación al trabajo, las reestructuraciones productivas, la flexibilidad laboral, las organizaciones sindicales y las identidades colectivas.

[1]Los promotores de este pensamiento, al contrario de los neoclásicos o neoliberales, no creen en la tendencia automática o “natural” de los mercados para alcanzar su equilibrio y, por lo tanto, generan instituciones en virtud de promover las regulaciones necesarias para el correcto funcionamiento de estos.