Desde este miércoles entró en vigencia un cambio introducido en el Código Alimentario Argentino que prohíbe las grasas trans de origen industrial en todos los alimentos procesados.

La nueva disposición exige la restricción del contenido de grasas trans de origen industrial (aceite vegetal hidrogenado) en los alimentos industrializados de acuerdo a estándares internacionales, estipulando que no debe ser mayor a 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y a 5% del total de grasas en el resto de los alimentos.

La modificación en la norma alimentaria se introdujo en 2010, y la restricción para las aceites y margarinas venció en 2012, pero a partir de ayer se sumaron el resto de los alimentos.

El Ministerio de Salud trasandino lazó hace cuatro años la campaña "Argentina 2014 libre de grasas trans", para dar así un periodo de tiempo razonable a la industria alimenataria para adaptarse a las tecnologías necesarias para cumplir con la norma.

"Resulta muy alentador constatar que la mayoría de los productos ya informan nulas o mínimas cantidades de grasas trans de origen industrial, de acuerdo a lo que establece el Código Alimentario. No obstante, es de suma importancia que los cambios alcancen a todos los productos comercializados en el país, sin excepción y que se compare la información provista en los paquetes de alimentos con el análisis químico desarrollado por el Estado, a fin de garantizar un monitoreo efectivo del cumplimiento universal de la política", señaló Lorena Allemandi, directora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC), según consigna El Clarin. 

Un informe emitido por dicha entidad identificó que 42 de los 878 productos de las principales marcas más vendidas en supermercados aún superan el límite establecido. La grasas trans aún están presentes en productos de repostería, alfajores y de panadería.

Se espera que la medida evite anualmente más de 5 mil complicaciones cardiovasculares, y cerca de 1500 muertes por enfermedades coronarias. Con esto, el sistema de salud trasandino se ahorraría cada año hasta 100 millones de dólares o unos 860 millones de pesos en tratamiento y control de dichos pacientes.