En Chile a lo largo de la historia se han manifestado una gran cantidad de conflictos por el agua. Desde confrontaciones por usos industriales, agrícolas y económicos, hasta las más graves situaciones de escasez que viven muchos habitantes en nuestro país. El conflicto está presente, pero ¿De dónde nace todo esto? El principal responsable es el Código de Aguas de 1981, pero en el camino ha habido muchos medidas que han contribuido a empeorar aún más la situación de recurso hídrico.

Los cambios radicales que dieron lugar al Código de Aguas de 1981, transformaron al cuerpo legal chileno en una situación única en el mundo. Esto, referido a que en ningún país existe un otorgamiento gratuito y a perpetuidad sobre el agua, convirtiendo a los derechos otorgados en propiedad absoluta de quien los solicita.

Una gran diferencia con el anterior marco normativo, el Código de 1969, el que por ejemplo jerarquizaba los usos ante situaciones en conflicto. Así, en su artículo 30 declaraba que ante diversas solicitudes de aprovechamiento, la concesión se realizaría priorizando la bebida y el servicio de agua potable, luego, el uso doméstico y saneamiento, y finalmente dando lugar a “otros usos”.

Parte de esta normativa fue incluida en la indicación sustitutiva que realizó el gobierno a principios de mes, donde se le da prioridad al consumo humano, pero no se incorpora un listado claro, lo que ha sido criticado por organizaciones sociales.

“Hay algunos que pensaban que se debería establecer una lista, pero los otros usos los puede resolver la DGA si es que se produce un abuso, pero establecerlos en la ley respecto de los otros usos, era rigidizar”, sostuvo al respecto el ministro de Obras Públicas una vez ingresada en el Congreso la indicación del gobierno.

Dejando de lado las particularidades de la propuesta del ejecutivo en esta materia, lo cierto es que la mayoría de los gobiernos que han ejercido luego del ´90 han jugado un rol importante en profundizar la comercialización de las aguas en nuestro país.

La privatización de las sanitarias 

Durante su segunda campaña electoral, en el año 2009, el ex Presidente Frei cargó con un peso que no pudo alivianar: la privatización de las empresas sanitarias.  El hecho fue motivo de polémica durante uno de los debates televisivos que tuvieron los candidatos presidencial de aquel entonces, entre los que estaban Marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate, Eduardo Frei y Sebastián Piñera – quien posteriormente se convertiría en el presidente electo-.

Durante su gobierno –entre 1994 y 1999-, Frei inició la privatización de ESVAL, ESSBIO, ESSAL y Aguas Andinas, reservándose para el Estado sólo porcentajes minoritarios, siendo el mayor de ellos el de Aguas Andinas, con un 40 por ciento.

Esta decisión fue vista como la mercantilización de una de las últimas empresas de servicios que eran totalmente estatales, y según argumentaron las autoridades de la época, se hizo para aumentar la cobertura del servicio.

La medida tomada siguió su curso, y fue durante el gobierno del ex Presidente Piñera que el Estado se desprendió casi por completo –dejándose sólo un 5 por ciento- de su participación en las empresas sanitarias. En ese momento, el por ese entonces senador Eduardo Frei, criticó públicamente la operación.

Tiempo después, el panorama tiene un oscuro lado humano. Chile cuenta con uno de los servicios más caros de agua potable en toda América Latina, y como si esto fuera poco, los precios promedio de la energía superan 60 por ciento al de países de la OCDE (Organización para Cooperación de Desarrollo Económico). En esto, la generación termoeléctrica juega un papel fundamental, pero también está el hecho de que todas las empresas generadoras son privadas.

El caso de Endesa 

Endesa, empresa de capitales españoles e italianos, es la principal en generación eléctrica en nuestro país con un 39 por ciento, según las cifras de Central Energía, lo que equivalentes a 5.403 megawatt de potencia instalada en el Sistema Interconectado Central (SIC).

Pero, esta gigante eléctrica fue alguna vez una la única empresa estatal que proveía de energía a la población. La Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (Endesa), inició sus funciones a principios de 1944, con el objetivo de “explotar la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica de Chile”, constituyendo una de las más importantes empresas estatales del país. Finalmente en 1987, en la dictadura militar, la empresa comenzó un proceso de privatización que acabo dos años más tarde con su completa desafiliación del Estado.

El caso de Endesa y las sanitarias son meramente ilustrativos con respecto a la realidad chilena, donde todo pareciera que para todo lo relacionado con el agua nosotros pagamos más. Y uno de los factores que influye fuertemente en esto es el Código de Aguas de 1981, que entregó miles de derechos a empresas y particulares.

“Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA”, afirma Rodrigo Mundaca en una columna publicada en CIPER Chile.

Las palabras del secretario de MODATIMA (Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente), no sólo dan cuenta del poder que poseen muchas empresas, sino del gran mercado que hay detrás del recurso.

De acuerdo a un informe del año 2011 encargado por la Dirección General de Aguas (DGA) al Banco Mundial, entre los años 2005 y 2008 se realizaron cerca de 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de aprovechamiento de agua por un valor anual de casi 1.200 millones de dólares.