Con la entrada en vigencia del reglamento de la Ley 20.571, Chile pasó a formar parte del puñado de países que han decidido regular la generación de energías renovables no convencionales (ERNC) a nivel domiciliario. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre los sistemas pioneros de Europa y Estados Unidos respecto a la naciente legislación chilena.

El sistema de regulación domiciliaria más utilizado alrededor del mundo es el denominado Balance Neto o “Net metering”, el cual consiste en la medición de la energía consumida y la energía inyectada por el usuario final, quien sólo debe pagar la diferencia entre lo consumido y lo inyectado en la factura de cada mes, y en caso de existir un excedente de inyección a la red, la empresa debe pagar al usuario cada KiloWatt (KW) al mismo precio que el de venta.

En casos particulares, como el de California en Estados Unidos, las empresas eléctricas eximen a los usuarios de los costos de implementación del sistema de medición de net metering y los costos administrativos asociados al aumento de carga inyectado a la red, los cuales son solventados por todos los usuarios de electricidad del sistema. Así, en este Estado norteamericano se llegaron a producir 386 MW con el sistema de inyección domiciliaria para el año 2008, de los cuales el 95% correspondió a energía solar fotovoltaica.

En otras zonas del mundo han optado por fomentar aún más el uso de este tipo de tecnologías, ya que han visto en ellas una fuente de energía constante, rentable y que beneficia directamente al sistema eléctrico y al bolsillo de los hogares.  En países como Alemania e Inglaterra se ha implementado un sistema denominado Feed-in Tariff (FIT), donde cada KW inyectado al sistema eléctrico tiene un precio mayor que el de compra desde las viviendas, lo cual va acompañado de una legislación que obliga a las empresas eléctricas a recibir la energía producida desde los hogares mediante fuentes renovables. Cabe destacar el caso de Inglaterra, donde a pesar de no contar con niveles de radiación óptimos para la generación fotovoltaica, en sólo dos años han llegado a tener una capacidad instalada de 1,5 Giga Watts (el triple de potencia que el proyecto Alto Maipo), de los cuales más del 70% corresponde a generación domiciliaria.

Por nuestra parte, en Chile, un país abastecido por una gran cantidad de recursos energéticos de origen renovable, se incorporó el reglamento de Ley N° 20.571 que expresa una suerte de “incentivo” para el desarrollo de sistemas de generación en base a fuentes de energías renovables. Los primeros esfuerzos en la elaboración de esta ley pretendían generar un sistema similar al implementado en países desarrollados como los mencionado anteriormente, sin embargo, después de más de dos años de tramitación se ha generado un modelo que difiere en parte del sistema de “Balance neto” como tal, el denominado Net Billing. Según el nuevo reglamento chileno, las inyecciones de energía realizadas desde los hogares serán valorizadas a un precio menor que el de compra, específicamente será equivalente al precio nudo, es decir el precio base al cual las empresas distribuidoras venden a sus clientes regulados sin considerar costos por servicio ($48,82 / KWh promedio para el caso del Sistema Interconectado Central), mientras que el precio que pagan los usuarios,  redondea los $81/ KWh (caso de Santiago). Además, el usuario debe realizar un estudio que certifique el correcto funcionamiento de su sistema mediante la evaluación de un profesional afín o un eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, lo cual implica otro costo para los interesados en generar e inyectar energía al sistema local.

En un proyecto de investigación realizado por Celedón y Cortez, de la Universidad Católica de Chile el año 2013, se evaluó la factibilidad económica que tendría la implementación de un sistema solar fotovoltaico de 4 KW  en un hogar chileno en Antofagasta, Santiago y Concepción, contrastando los resultados para una regulación Net Metering, Net Billing y Feed-in Tariff. Considerando el actual escenario legislativo de nuestro país en la materia, los resultados de este estudio no son en absoluto alentadores, ya que se estableció que con los actuales precios de insumos fotovoltaicos y de electricidad, la inversión inicial no se recuperaría para ninguna de las ciudades evaluadas. Incluso considerando que el actual sistema de Net Billing se cambia a Net metering, el estudio demuestra que se vuelve económicamente inviable para un hogar promedio realizar este tipo de inversiones, generando una recuperación de la inversión en 35 años para Santiago, 16 años para Antofagasta y 30 años para el caso de Concepción.  Considerando que la vida útil de los paneles fotovoltaicos es aproximadamente 30 años se podría suponer que para las ciudades del centro y sur del país no existe una recuperación de la inversión, mientras que para la ciudad nortina se comenzaría a gozar de los beneficios del sistema solar después de 16 años.

Finalmente y suponiendo un escenario con una legislación de tipo Feed-in Tariff, el estudio de la Universidad Católica establece que para el caso de Antofagasta esta medida es adecuada, ya que supondría un pago por parte de las empresas distribuidoras de 1,3 veces el precio actual de venta hacia los hogares  para recuperar la inversión en 10 años. Mientras que para Santiago y Concepción esta medida no es suficiente por sí misma, ya que requeriría de un pago cercano a 2 y 3 veces el precio actual de venta respectivamente para tener un retorno de la inversión en 10 años, lo cual difícilmente se llevaría a cabo producto de las pérdidas económicas que representaría para las empresas distribuidoras de electricidad.

Considerando lo anterior, pareciera que la nueva legislación por fin da la posibilidad de autoabastecerse de electricidad en las viviendas y permitir vender los excedentes a las compañías eléctricas, pero es una medida que carece de un real impacto que promueva el uso de energía renovables y el autoconsumo en los hogares, lo que se ve reflejado en el precario incentivo económico que hay para la implementación de sistemas residenciales, pagando poco más de la mitad del precio de la electricidad proveniente de los hogares respecto al de las compañías, generando una recuperación de la inversión en un plazo excesivamente largo. Además el cliente debe velar por realizar los trámites respectivos para evaluar la posibilidad de conexión al sistema de distribución, y generar un contrato con la empresa respectiva, procesos que pueden volverse engorrosos y terminar por entorpecer el objetivo de la nueva ley. Por último, se hace indispensable generar mayores incentivos por parte de las autoridades, quienes deberían subsidiar el acceso de las personas a los equipos de energías renovables y facilitar el proceso de tramitación de la medida, ya que como se ha demostrado en otros países, puede convertirse en una práctica que libera presión a los sistemas eléctricos mediante el autoconsumo, y que puede llegar incluso a convertirse en un actor importante de la matriz energética del país.

Fuentes:

-  Cristóbal Celedón e Israel Cortez:

http://web.ing.puc.cl/~power/alumno13/netmet/NET%20METERING.htm#inglaterra

- Ley 20.571:

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1038211

-  Reglamento Ley 20.571

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/media/2014/09/06/do-20140906.pdf