Estamos finalmente entrando en plena discusión sobre los alcances de la supuesta futura reforma laboral, concebida como el cuarto pilar de las reformas de la Nueva Mayoría. Sin embargo, el debate que se está desarrollando se mueve entre dos polos que no ayudan a enfocar el problema desde el punto de vista correcto. Por un lado existen argumentaciones muy autoreferidas, para los cuales todo comienza y termina en Chile, mientras que por el otro, se registran interpretaciones muy libres sobre “lo que pasa en el mundo”.

Respecto a las reformas laborales, por ejemplo, la SOFOFA plantea de forma autoreferente que no es el momento y hay que esperar a que el país crezca entre 4% y 5%; por el otro lado José Ramón Valente argumenta su contrariedad a las reformas laborales presentándonos su personal visión de “lo que pasa en el mundo” afirmando que “por más de una década se ha discutido en Chile la necesidad de dar mayor flexibilidad a las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores. En un mundo cada vez más diverso, complejo y dinámico, esto parecería ser lo más razonable. Los jóvenes trabajan, después estudian y luego vuelven a trabajar”.

En la misma línea de Valente, Cecilia Cifuentes de Libertad y Desarrollo, plantea ocho puntos de los que la reforma laboral debería hacerse cargo, entre los cuales destaca: permitir mayor  flexibilidad para jóvenes y adultos mayores (punto D) y mayor flexibilidad de funciones del trabajador dentro de la empresa (punto F), ya que según la analista serían las mejores políticas para mejorar la competitividad del país, que es desde donde se observa el problema laboral.

Según los diagnósticos de Valente y Cifuentes pareciera que estuviéramos en un mundo previo a la caída del muro de Berlín, como diría Velasco. Un mundo del trabajo de relaciones laborales rígidas y sofocadas por el poder sindical o estatal, como plantea Cecilia Cifuentes, un lugar donde “se legisla a favor de grupos de interés más poderosos”.

¿Es este diagnóstico correcto? Para contextualizar el debate y liberarlo de una vez por todas de estas oscilaciones, es útil hacer referencia y considerar algunas evidencias sobre Chile que en los últimos tiempos se han producido a nivel internacional. En materia de flexibilidad de contratación, el informe de la OCDE “Employment Outlook 2014”, señala una situación muy distinta. A 2013, Chile es el segundo país de la OCDE con mayor proporción de empleo que dura menos de 12 meses, con un 29%, detrás de Corea del Sur con un 31%. Si se considera solo el empleo masculino, Chile pasa a ser primero en el ranking con un 30% de empleo que dura menos de 1 año. Algo similar ocurre con la flexibilidad funcional; según datos de la Encuesta Nacional de Trabajo y Salud 2009-2010(ENETS), el 70% de los trabajadores dependientes registra múltiples funciones en su contrato de trabajo (polifuncionalidad).

Sin embargo, quizá el argumento más inquietante guarda relación con la participación laboral. Tanto empresarios como economistas de derecha y Nueva Mayoría, han planteado que no es el momento adecuado para reformas laborales para no descuidar este tema, sobre todo para controlar la desocupación. Según el mismo informe OCDE, Chile hacia el 2013 tenía una de las tasas de desocupación más bajas de los países miembros, con un 5,9%, cuando el promedio de los países en conjunto de la Organización era de 7,9%. Pero esto aún no dice mucho sobre el rendimiento laboral efectivo.

Tomando los datos del Informe para la tasa de participación (a los desocupados se les añade los ocupados sobre el total de personas de 15 años y más), Chile ocupa el séptimo lugar  (de 36 países) con un 66,4%, la tasa más baja, mientras que el promedio de la OCDE es del 71,1%. En el caso de la participación femenina ocupa el sexto lugar con un 54,9%, sólo superado por Sudáfrica, Colombia, México y países en crisis económica como Turquía e Italia.

Sin embargo, a pesar de que en el contexto OCDE el país tenga menos personas en edad de trabajar activas que el resto de los países, en 2013 se trabajó en promedio 2.015 horas anuales efectivas de trabajo, lo que nos ubica como el tercer país con mayor promedio de horas trabajadas, detrás de México (2.237) y Grecia (2.036)  según el citado informe.

Es decir, los datos internacionales nos dicen que Chile tiene una tasa de participación inferior en un 6,6% a la tasa de participación promedio de la OCDE, pero en el que se trabaja un 13% más anualmente que el promedio de dichos países. Todo esto ocurre considerando que Chile, según el mismo organismo, fue uno de los países que más creció en similar período.

Faltando estos antecedentes a su argumentación, la opción reformista de Valente naturalmente termina no considerando los aspectos colectivos del trabajo, tales como sindicalización y negociación colectiva, planteando al contrario que las leyes laborales fueron concebidas en un período histórico totalmente distinto a éste y que quienes buscan legislaciones laborales que defiendan el trabajo, vía aumento de la libertad sindical o extensión de la negociación colectiva más allá de la empresa o un derecho a huelga efectivo, “están mirando el pasado” y no comprenden que la mejor defensa del trabajo en el siglo XXI son las múltiples ofertas laborales donde ellos puedan regodearse.

La pregunta cae de cajón ¿cuál siglo XXI mira Valente? ¿Y cuál siglo XX? El Washington Post a partir de un estudio de Nicholas Crafts de la Universidad de Warwick, plantea que la recesión de la zona europea es “peor que la Gran Depresión de 1929”. Valente tiene razón al decir que no hay que mirar el pasado, ya que el problema de la economía mundial en la actualidad es más profundo y su salida requiere soluciones más radicales que la lucha sindical librada durante el siglo XX. Chile, a pesar de su “éxito económico”, tiene incluso peores indicadores que países que llevan más de 5 años en recesión económica: una baja tasa de participación laboral, donde quienes logran trabajar lo hacen bajo patrones de alta intensidad y autoritarismo, con formas flexibles y desprotegidas y sin capacidad de negociar y participar activamente en las regulaciones laborales apropiadas para sus condiciones de vida. Esto viene del déficit de poder sindical y negociación colectiva, junto al nulo derecho a huelga efectivo.

Entonces ¿por qué el énfasis en profundizar medidas que en el mediano y largo plazo nos condenan a un pasado (los últimos 40 años) donde la inmensa mayoría económica (los trabajadores/as) se mantiene excluida, institucional y políticamente de reformas que permitan un mejor vivir a sus hogares?.

El pasado es efectivamente algo por superar, el asunto es cuál pasado se quiere superar.