[caption id="attachment_25179" align="alignleft" width="262"] Tomás Moulian y Alejandro Osorio. Editorial AYUN.1ª Edición, junio de 2014. Santiago de Chile,105 páginas.[/caption]

Tomando como referencia la formación sociológica de sus autores, este pequeño libro debería apreciarse como un manual destinado a despertar en un público no especializado, el interés por develar las relaciones y reacciones interestructurales que generaran las demandas culturales y aspiraciones socioeconómicas -emergentes y soterradas-, de los trabajadores del campo y la ciudad -incluidos los nuevos profesionales que nutren las capas medias ilustradas- junto a los sectores proletarios que va gestando el desarrollo minero y un incipiente sector industrial, a lo largo de los últimos cien años de nuestra historia nacional. Paralelamente, el estudio multifactorial del período debería hacer relevante la conducción o cooptación de las demandas por los partidos políticos, en un escenario cada vez más intervenido por la acción política de actores sociales antes postergados, los que energizan y aceleran el proceso democratizador, desde el período parlamentario y la república presidencialista hasta la recuperación de su tránsito democrático, tras la dictadura militar pinochetista.

Informar la memoria para la gestación de un análisis que contribuya a comprender momentos cruciales de nuestra historia reciente y, colateralmente, superar una ciudadanía predominantemente apática y, por ello mismo, funcional al fortalecimiento de un modelo productivista y enajenado constituye uno de los deberes de la inteligencia.

Contradiciendo lo expresado en el prólogo, rotulado como “Objetivos”, no parece convicente la idea de que estemos ante la posibilidad de construir nuestra propia historia, de refundar la nación, ni de superar -mediante tímidas reformas- cuatro décadas de un modelo de sociedad “exitoso”, impuesto por la fuerza y monitoreado, entre otros tutores, por el Banco Mundial, el FMI y el Departamento de Estado norteamericano. Por otra parte no queda claro si el pasado, antónimo de este presente tan esperanzador, se refiere a los veinticuatro años de administración republicana del modelo neoliberal o a la dictadura militar que lo instauró, porque, la verdad sea dicha, la lucha de los jóvenes de hoy es por las mismas banderas que se levantaron a partir de los ochenta e intensificadas desde los noventa hasta culminar en la cooptada “revolución de los pingüinos” del 2006. Ciertamente, no cabe hablar de alternativas reales de cambio cuando en la periodificación propuesta por los propios autores en comento, el último período –iniciado en 1990- es titulado como “una democracia con representatividad débil y con reacomodo neoliberal.”

Siendo la monumentalidad, el adjetivo a que recurren Moulian y Osorio para referirse a la producción historiográfica de Gonzalo Vial o de Villalobos, este concepto me lleva a precisar que su uso no puede asociarse a un cierto número de tomos -una cuestión meramente cuantitativa- sino a las asociaciones interpretativas o reconstrucción de contextos que permitan las fuentes acopiadas y hermenéuticamente trabajadas. De este modo, obras extensas como las Historias de Chile de Barros Arana o de Encina para los siglos XIX y XX, pueden ser, por la seriedad investigativa puesta en el trabajo, tan referenciales como algunas monografias recientes, nada breves como en el caso “De la regeneración del pueblo a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile. 1810-1890” de Sergio Grez (1997), o “La historia de la infancia en el Chile republicano. 1810-2010” de Jorge Rojas Flores (2010), u otros clásicos títulos del pensamiento socialista como el “Ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile” de Julio César Jobet (1955), “Historia del imperialismo en Chile” de Hernán Ramírez Necochea (1960) o la injustamente olvidada “Biografía de la ficha salario” de Marcelo Segal (1964). El esfuerzo investigativo es incuestionable en todos los historiadores aludidos. La diferencia entre ellos guarda relación con el mayor énfasis que ponen los historiadores del siglo XIX, y en gran medida presente aún en Encina, en su descripción de la actividad política como el objeto principal de la ciencia histórica, a lo que este último, en su monumental obra, agrega el perfil psicológico de los grandes hombres que conducen los procesos más importantes de nuestra evolución.

Si la sola elección de un tema implica la intención de exponer sobre él algo insuficientemente conocido, haciendo relevante eso que otros desdeñaron o deformaron, la investigación histórica es también un acto de justicia y reparación que, desde hace un siglo, acomete en nuestro medio la llamada historia social, indagando en la reconstrucción de las creencias, sentimientos y aspiraciones del “bajo pueblo”, de sectores geográficamente marginados o tardíamente integrados a los actos soberanos del Estado nación.

El período histórico que abarca el trabajo de Moulian y Osorio, tiene un bien merecido calificativo de contemporáneo no sólo por comprender el último siglo de nuestra historia, sino porque trasunta una actividad política que da cuenta de conflictos sociales que tensan la institucionalidad oligárquica, y obligan -a disgusto por cierto- a que la política, hasta entonces deporte privativo de caballeros, deba pronunciarse acerca de una incómoda realidad que por mucho tiempo los oligarcas negaron y que dio en llamarse “la cuestión social”. La guerra civil de 1891, que trunca el proyecto de modernización capitalista gestado desde su gobierno por Balmaceda, aún siendo un conflicto de índole intra aristocrático, venía precedido de la primera huelga general de nuestra historia social; un conflicto iniciado en Tarapacá, ante el que, el propio gobierno – liberal al fin y al cabo – demostró escaso interés y, por ende, ninguna capacidad en cuanto a diagnosticar el origen de aquellas demandas, ni voluntad para intervenir solucionándolas a tiempo. Al contrario, hubo tantas discrepancias respecto del qué hacer, que finalmente se optó por la cada vez más recurrente vía de la represión militar a fin de restablecer el orden, lo cual explica que, más allá del juicio histórico favorable hacia nuestro primer Presidente mártir, los trabajadores no vieran en el enfrentamiento del año siguiente otra cosa que una guerra entre “futres”.

Que las aspiraciones del naciente proletariado minero o urbano no estaban en las agendas de las clases dirigentes, lo demuestra el hecho de que, hasta la Convención Radical de 1906, ese partido laico, de antiguo itinerario progresista, catalizador de las capas medias ilustradas y constituido orgánicamente tres años antes de la guerra civil, no se pronunciara por un reconocimiento a la cuestión social, y ello no fue fácil: previamente hubo de producirse un fuerte debate entre quienes se mostraban sensibles a aquella problemática, encabezados por Valentín Letelier, y sus refractarios, es decir aquellos que restándole importancia, eran liderados por Enrique Mac-Iver, el mismo que seis años antes, el 1º de agosto de 1900, hiciera en El Ateneo de Santiago su famoso “Discurso sobre la crisis moral de la república” y –paradojalmente- era dueño del diario iquiqueño que años antes siguiera, paso a paso, las distintas etapas de la huelga general de 1890. Curiosa situación la de de poseer un diario y demostrar indiferencia y falta de información sobre objetos noticiosos.

Por antecedentes como éstos, entre otros tantos, es que la década de 1890 orienta a una mirada contemporánea acerca de lo ocurrido; en ella los sin voz no sólo tratan de hacerse oír masivamente, paralizando faenas para exigir mejores condiciones de vida e interpelando a las autoridades a todo nivel, sino dejando testimonio escrito de los hechos que les afectan, en una prensa de ellos y para ellos, como una clase que despierta a la conciencia descubriéndose en sí y para sí.

Si el resultado de la guerra civil subordinó los capitales nacionales a los intereses del capital británico en la inversión salitrera, no es menos cierto que, a pesar de la baja tributación que gravó a la actividad empresarial minera en los territorios conquistados a Bolivia y el Perú –he aquí otro aspecto absolutamente contemporáneo de privilegios sobre el que nuestros autores no hacen comentario–, el enorme volumen de sus exportaciones reporta recursos antes inimaginables a las arcas fiscales, y convierten a Chile en el productor de casi el 70% de la producción mundial de nitratos, lo que, como compensación a la secular pérdida de liderazgo del sector latifundista, generó un gran incentivo a la producción agraria de la zona central impulsando la ampliación de la propiedad rural al territorio mapuche, tras la ocupación militar de éste al sur de la recuperada línea del Malleco, y una extensión de la línea ferroviaria longitudinal hasta Valdivia, todo ello posibilitado por una campaña militar relámpago que, a partir de 1880, ocupa con tropas seleccionadas y traídas desde el norte, las zonas aledañas al río Cautín, aprovechando la breve tregua que posibilitan las fallidas conversaciones de paz ocurridas entre la toma del Morro de Arica y el inicio de la Campaña de Lima. Consignemos aquí que la guerra imperialista, promovida por los empresarios salitreros de Chile contra Perú y Bolivia, permitió, gracias a la comercialización de los recursos de los territorios ocupados, dotar al acrecido ejército chileno de un material bélico moderno, de eficacia probada en la reciente guerra franco-prusiana y, de paso, concretar un proyecto pendiente de dominación de la Araucanía que no había podido realizar el imperio español en tres siglos de coloniaje, y cuyas consecuencias mantienen en tensión a dicha región a la hora presente.

Lamentablemente un tema como éste, tan rico en asociaciones, mereció tan sólo un párrafo de nueve líneas, referidas principalmente a desplazamientos masivos de la masa laboral hacia el nuevo norte y a las necesarias modernizaciones en infraestructura vial y portuaria que, de paso, generan el incentivo para una primera etapa sustitutiva de importaciones asumida por la incipiente Sociedad de Fomento Fabril, la que tampoco es mencionada (ver pág.11).

La máxima rentabilidad, lucro o usura, como funciones inherentes al corazón del capitalismo, se verán altamente compensadas si se tiene en cuenta que las transacciones se hacen en dinero con respaldo metálico, mientras que, como lo demostrara Marcelo Segal en un trabajo de investigación injustamente desdeñado por nuestros historiadores más recientes (1), el conjunto de los trabajadores agrarios y mineros recibían como pago la ficha salario, condenados así, a depender de lo que les expenden las pulperías, en un círculo vicioso que, por cierto les mantiene cautivos, y se vuelve inversamente virtuoso para el sector patronal en términos de ahorro de costos y maximización del capital. Este claro ejemplo de esclavitud salarial se prolongará hasta entrada la década de 1930, cuando la crisis económica internacional que afecta al salitre, provoque el retorno a la zona central de los viejos pampinos que, dejando en el norte sus energías juveniles y sus esperanzas, contribuirán a la depreciación del valor de la mano de obra y al aumento de conventillos y barriadas insalubres, principalmente en el entorno de las grandes ciudades como Valparaíso y Santiago.

El deficiente mercado interno no favorece un proceso de industrialización, así, esta crisis extractiva será sustituida por un nuevo recurso minero, puesto en nuestra mesa por la naturaleza, iniciándose un nuevo ciclo económico sustentado en las inversiones norteamericanas para el cobre nortino de Chuquicamata y yacimiento de El Teniente, en los alrededores de Rancagua. El cobre, como un recurso con gran demanda durante conflictos bélicos, tal cual fuera antes el salitre, acentuará el carácter de enclave estratégico que adquiere Chile, entendido como una economía complementaria dentro del marco de unas relaciones de dependencia que caracterizan aquello que se define como fase neocolonialista. Este hipertrofiante “crecimiento hacia fuera”, más allá de las sucesivas diversificaciones productivas, limitación o ampliación de mercados es, como herencia de la etapa colonial, el antecedente secular del capitalismo transnacional que, reforzado hoy mediante los TLC, continúa erosionando las estructuras materiales y los fundamentos emocionales necesarios para sostener lo nacional. Así la crisis iniciada en 1929 desarticula nuestro comercio internacional y el período de “bonanza” salitrero, confirmando tanto los asertos que Francisco A. Encina hiciera, diecisiete años antes, en “Nuestra inferioridad económica”, como aquellos con que Tancredo Pinochet denunciara la falaz penetración ideológica del imperialismo norteamericano bajo la bandera del panamericanismo, o exponiendo como, al revés de la patriótica defensa de sus intereses e ideales nacionales que practican otros países, Chile, desaprensivamente, entrega a extranjeros sus recursos naturales, su tráfico marítimo, sus espacios recién incorporados a la colonización y hasta la orientación de su educación superior (“La conquista de Chile”1909).

Acorde con el crítico ambiente ideológico en boga, a cien años de iniciada la construcción de nuestra república, un desconocido Luís Emilio Recabarren (dado que la difusión de su obra no fue jamás prioridad en el Partido que fundó), decía un 17 de septiembre de 1911, con la lucidez e independencia de un verdadero revolucionario, a propósito de las recientes festividades del Centenario “…No es el pueblo el que se liberó y emancipó en la lucha por la independencia republicana. Fuisteis vosotros, la clase burguesa del país…; gozad, celebrad vuestra independencia, pero no invitéis a la fiesta a los que habéis sujetado durante cien años” (2).

En 1905, difundiendo el pensamiento socialista, contrario a la conscripción militar obligatoria, el mismo líder escribía en “El trabajo”: “El amor a la patria es una mistificación”. También desde Tocopilla, pero en las columnas de “El proletario” y acerca del 18 de septiembre espeta “Esta fecha sólo marca una nueva jornada de esclavitud para el pueblo”. Y el 21 de mayo de 1911 dice que “Patria es la que deja huérfanos y desolados a nuestros hogares…, ella es la que favorece a media docena de privilegiados con leyes que los enriquecen a costa del hambre de los desposeídos…, ella es la que permite la adulteración y carestía de los artículos de necesidad, ella es la que sostiene una corte de parásitos del militarismo.”

La dolorosa legitimidad de estas opiniones, tan opuestas al transversal nacionalismo patriotero que exhiben hoy nuestros políticos desde el Partido Comunista a la UDI, es la resultante natural de una concentración de la riqueza en manos de una pseudoburguesía dependiente, asociada al gran capital transnacional y ajena, por tanto, a un proyecto de verdadera autonomía nacional. Este sector, al que se vinculan la minería, el latifundio agropecuario y la banca; “la mesa de tres patas”, soporte inestable de nuestra economía, concentra, además, toda la representación política y jurídica del país, acentuando el carácter oligárquico de nuestra república hasta bien avanzado el siglo XX, ello explica los recurrentes cuestionamientos al orden democrático burgués proveniente de las nuevas expresiones políticas, gestadas al calor de las luchas sociales desde finales de la centuria anterior y que incluyen a sectores del artesanado, capas medias profesionales y a las mancomunales del proletariado urbano y minero, en sintonía con las expresiones más radicalizadas del anarquismo y las corrientes socialistas que, a nivel mundial, aspiraban a la sustitución del capitalismo. Lamentable resulta entonces, que toda esta rica problemática no tenga la debida atención de nuestros autores, en un trabajo que debería poner énfasis precisamente en dar a conocer lo que los otros manuales ocultan.

Un gran acierto sin duda, el de nuestros autores cuando describen de manera clara y concisa, el funcionamiento de nuestro parlamentarismo “a la chilena”, diferenciándolo del sistema parlamentario europeo, enfatizando que, en lo esencial, este engendro tendrá como principal razón de ser, evitar recaer en un presidencialismo autoritario, dotando al legislativo de atribuciones coercitivas como la aprobación de la ley anual de presupuesto, las leyes periódicas de contribuciones, la interpelación a los ministros y censura de gabinetes, garantizando así, mediante aquellas, la impotencia del Ejecutivo y que ambas cámaras constituyesen el “espacio donde los diferentes sectores de la élite podían negociar entre sí” ( pág.13).

Error, en cambio, constituye clasificar como de derecha o izquierda a nuestros “partidos históricos”( pág.16), dado que tales conceptos -surgidos en los debates que dieron origen a la Monarquía Constitucional durante la Francia revolucionaria en 1791-, representaron las posturas absolutamente antagónicas de quienes se mostraban defensores del Antiguo Régimen Absolutista por una parte y, en su extremo opuesto, los igualmente insatisfechos republicanos que aspiraban a una total supresión de la monarquía, mientras en Chile ninguno de estos partidos políticos cuestionaba la validez de su república y todos, negarán la existencia o gravedad de la llamada “cuestión social”. Precisemos entonces; no habrá izquierda dentro de nuestro sistema político sino hasta la constitución de partidos de y para los trabajadores, siendo el primero de ellos el Partido Democrático de Malaquías Concha (1887), y luego el Partido Obrero Socialista de Recabarren (1912), el que, ante la traición a los principios antimilitaristas e internacionalistas por parte de la dirigencia de la Segunda Internacional en el decurso de la Gran Guerra, optará, en el Congreso de Rancagua de 1922, por hacer suyas las críticas de los disidentes revolucionarios que fundaron en 1919 la Tercera Internacional, afiliándose a ésta para convertirse así, en el Partido Comunista de Chile.

Clara resulta la idea anterior si, además, la respaldamos con un ejemplo elocuente; lejos de sumarse a ninguna de las dos alianzas políticas que se enfrentaban en la, por primera vez reñida elección presidencial de 1920, el P.O.S. presenta un candidato diferenciador y propio del mundo del trabajo en la persona de su líder Luís Emilio Recabarren, quien, como resultado de la estrategia distorsionadora y represiva del Ministro Ladislao Errázuriz, es impedido de hacer campaña al ser encarcelado en la cárcel de Tocopilla, como parte de un arbitrario proceso a los sediciosos que incluyó la persecución, a nivel nacional, de dirigentes de la Federación Obrera de Chile FOCH, quema del local de ésta organización y asesinato de sus moradores en Punta Arenas, el asalto a la sede de la Federación de Estudiantes de Chile en el centro de Santiago, hecho de repercusión internacional condenado incluso por el Rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, entre otros hechos de contexto que este libro omite, limitándose a decir que Recabarren “no logra obtener la aprobación de ningún elector, lo cual…revela que un dirigente obrero no concita la aprobación de ninguno de los miembros de esa élite que elige a los presidentes” (pág.32).

Convendría explicar lo de “esa élite”, destacando que el sistema era de elección indirecta, por lo que, desmistificando nuestras centenarias y supuestas virtudes republicanas, sostenemos que jamás hubo necesidad de ningún debate democrático de cara al país debido a que todos los presidentes de nuestra república, tras la elección de José Joaquín Prieto en 1831 y hasta la elección de Juan Luís Sanfuentes en 1915 - es decir durante ochenta años -, serán proclamados sin contendor, dado que no era difícil anticipar la tendencia ganadora entre un número de electores cuya cantidad se mantiene con escasas variaciones y mínimos reemplazos. En 1920 los electores participantes fueron 353 y el resultado tan estrecho, que un Tribunal de Honor de siete miembros integrado por ex Vicepresidentes de la República, Presidentes de ambas cámaras legislativas y miembros de la Corte Suprema hubo de dirimir, por mayoría de 5 votos contra 2, que, efectivamente, Arturo Alessandri había vencido a Luís Barros Borgoño por un voto (177 por aquél y 176 por éste último).

Las mutuales de artesanos, las mancomunales y luego las federaciones obreras, desde hacía tiempo tomaban, cada vez más distancia de los partidos históricos, coludidos en el promiscuo juego corruptor del período parlamentario, para fundar nuevas organizaciones políticas que convertirán al naciente siglo veinte, en el escenario de crisis para los regímenes liberales, en una sintonía de nivel mundial con un creciente cuestionamiento a la idea del progreso y a las bondades del capitalismo industrial y financiero. No es de extrañar, en este sentido, que en 1924, en el colapso de este tan peculiar período, con Alessandri renunciado y el gobierno ejercido por una Junta Militar encabezada por el general Luís Altamirano, su último Ministro del Interior, la Federación Obrera de Chile y el Partido Comunista, afiliado -recordemos- desde su fundación, dos años antes, a la Tercera Internacional (en el libro dice que a la Primera Internacional. Pág.51), hayan convocado a la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de otorgar cabida y respaldo legal a las legítimas aspiraciones democratizadoras que emanaban del mundo del trabajo, lo cual, tras su retorno desde Italia en marzo de 1925, fue desechado por Alessandri el que, argumentando la celeridad con que había que actuar ante plazos tan breves, opta por una salida cupular con argumentos similares a los esgrimidos en la hora actual, nombrando una Comisión de Amigos Personales que excluye toda posibilidad de un debate amplio, revelándose como aquel que, a pesar de las incomprensiones de los primeros años, venía a salvar la sobrevivencia política de su clase mediante reformas a un sistema decadente, pero sin abrir la puerta a las demandas democratizadoras de un sujeto popular con ideología y programa propios.

Entrando al comentario de otros capítulos del libro, se advierte un error al establecer como cronología para el ciclo salitrero, el período 1891-1932. Si ésta fuera válida ¿cómo explicar una guerra iniciada sin demora en 1879, alentada por nuestros inversionistas y motivada por su ambiciosa necesidad de poseer ese recurso en su totalidad ? La invasión a territorios del litoral boliviano (Antofagasta) y peruano (Tarapacá), no fue para iniciar prospecciones sino porque la explotación de nitratos y otros minerales se había iniciado, a gran nivel, por lo menos dos décadas antes.

En páginas siguientes se incurre en una ambigüedad, teniéndose en cuenta que el texto está dirigido a estudiantes, al señalarse, escuetamente, que la crisis de 1929 “tiene su origen en los países centrales, especialmente en los Estados Unidos”. ¿Centrales de qué? Mejor habría sido decir en los países industriales del hemisferio norte, dañados en su capacidad productiva y adquisitiva tras el término de la guerra internacional de potencias (1914-1918).

También se opaca la importancia testimonial de los ensayistas de la Generación del Centenario, al incluir en dos líneas a sólo dos de ellos; Julio Valdés Canje (seudónimo de Alejandro Venegas) y Nicolás Palacios, como corolario de las “Realizaciones” del mandato de Ramón Barros Luco, como si un mandatario tan mediocre hubiese tenido la imperiosa necesidad de promover el desarrollo del pensamiento crítico. Al contrario, Venegas escribe con seudónimo, en la certeza de que su “Sinceridad, Chile íntimo en 1910” le traerá problemas y así fue, porque, una vez descubierto, el sincero autor perderá su trabajo como profesor del Liceo de Talca.

Los dos ya citados, más Alberto Cabero (“Chile y los chilenos”), Tancredo Pinochet (“Los inquilinos de Su Excelencia”), Francisco Antonio Encina (“Nuestra inferioridad económica”), Luís Emilio Recabarren (“El balance del siglo: Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana”), expresan con valentía el malestar que traía consigo la crisis moral que afectaba a la sociedad chilena y la orfandad en que se desenvolvía la triste vida del “gran huérfano”, como llamaba Nicolás Palacios al pueblo de Chile (“Raza chilena”).

Del gobierno de Juan Luís Sanfuentes se dice que, ante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial se inclinó “por adoptar una política de neutralidad”, omitiendo que Chile, con numerosos colonos y empresarios de ascendencia germana se negaba, como es obvio, a declararse enemigo del país al que, por la admiración que entre nosotros generaba, había terminando confiando la reestructuración de nuestro Ejército, prusianizando de paso a nuestras capas dirigentes y aristocratizando a nuestras fuerzas armadas, paradojalmente tan admiradas en sus desfiles, por el mismo pueblo al que cada tiempo reprimían con fiereza. Y a propósito de militares, en el “ruido de sables: la primera intervención militar del período” (pág.33) no hay una explicación de contexto que dé cuenta porqué en las galerías del Congreso los oficiales “hacen sonar sus sables en señal de repudio” a la decisión de aprobar una dieta parlamentaria y menos, a la maniobra política que hizo posible que el mismo parlamento opositor, aprobara, unos días después y en una larga sesión, todo lo esencial de un programa alessandrista postergado por cuatro años, Tampoco se expone a los lectores que no hubo sólo una junta militar, aquella que, traicionando las proclamas del movimiento militar quiso adelantar las elecciones presidenciales, siendo ello impedido por una segunda junta mediante un golpe de Estado intramilitar en enero de 1925, y que es este hecho el que posibilita el retorno de Alessandri desde Italia en el mes de marzo, a fin de completar su período y el programa, con la ventaja autocrática de un poder legislativo inexistente, tras su clausura seis meses antes.

La Comisión redactora del salvavidas constitucional, dirigida por José Maza, dio forma final a una nueva carta magna de orientación presidencialista en un tiempo brevísimo la que fue –como se esperaba– aprobada mediante un plebiscito absolutamente inducido. Entre sus innovaciones más importantes, la Constitución de 1925 puso fin al sistema de elección indirecta del Presidente de la República, estableciendo su elección directa por el conjunto de los ciudadanos y reconociendo la mayoría expresada en el sufragio acumulativo sin segundas vueltas. Fija un período presidencial de seis años sin reelección inmediata, establece la clausura de debates a fin de evitar la eternización de las discusiones respecto de proyectos de ley urgentes, y garantiza la libertad de cultos al reconocer la separación de la Iglesia Católica y el Estado, como ámbitos independientes.

La incómoda posición de Arturo Alessandri, de continuar contando con la colaboración de ministros militares desde septiembre de 1924, le lleva a renunciar en octubre de 1925, en favor de su Vicepresidente y ex contrincante en la elección de 1920Don Luís Barros Borgoño, que hereda la incómoda situación descrita, tras el aspecto de una gobernabilidad civil en que no resulta difícil adivinar el protagonismo del hombre fuerte del gobierno: el Ministro de Guerra, General Carlos Ibáñez Del Campo, personaje que al igual que Alessandri, representa, -con pequeños matices diferenciadores- un caudillismo transversal a los partidos políticos, propio de una época de transición desde nuestro período parlamentario a la consolidación del régimen presidencial; el abandono de un modelo oligárquico y el inicio de otro que aspira a transformarse en democrático, con amplio espectro ideológico, pero condicionado por una crisis económica mundial de posguerra que, como país exportador de materias primas, nos afecta fuertemente, lo que explica, a su vez, una crisis generalizada a nivel mundial de los regímenes liberales, cuestionados por el mundo sindical, los partidos marxistas, fascistas o nacionalistas, y fuertemente intervenidos por una irrupción pragmática de caudillos militares.

En este contexto, teniendo en cuenta el debilitamiento de la credibilidad pública hacia los partidos tradicionales, resulta comprensible que éstos cedan el gobierno y se cobijen -a la espera de tiempos mejores- al alero de éstos nuevos césares que, autoritariamente pero con respaldo constitucional, imponen un orden imposible de lograr por los actores tradicionales de la política. En este escenario se comprende la relevante presencia gubernamental de Carlos Ibáñez que, calificada sin una explicación básica como dictadura, fue resultado de su proclamación como candidato vencedor sin contendor, tras la renuncia de un mandatario pusilánime como Emiliano Figueroa en 1927. Carlos Ibáñez contará así, con la colaboración implícita de los partidos políticos tradicionales, expresada en un Congreso Nacional absolutamente obsecuente y posteriormente ratificado en los cupos de representación partidaria, de común acuerdo entre sus directivas políticas y el Ejecutivo en las Termas de Chillán, evitando el cumplimiento constitucional de una campaña eleccionaria, lo que explica su desprestigio ciudadano, su ilegitimidad, su falta de representatividad y el apodo de “Congreso Termal” con que sesionó, hasta la instalación de la mal llamada “República Socialista” que lo disolvió en junio de 1932, tras deponer al gobierno electo de Juan Esteban Montero que mantuvo en funciones a dicha representación legislativa; hay un dicho popular que dice que “la culpa no es del chancho sino del que lo alimenta”…

Sólo dos cortos párrafos se destinan, aparte de resaltar la política represiva de Ibáñez hacia dirigentes obreros, comunistas, intelectuales, estudiantes universitarios y su antes aliada cúpula alessandrista -que opta por el exilio-, a destacar aspectos sustantivos e innovadores como respuesta a la crisis económica mundial de aquellos años, señalando que “Durante su gobierno el Estado experimenta un importante crecimiento”, dando como ejemplo de ello la creación “de las Cajas de Crédito Minero y Crédito Industrial, destinadas a generar préstamos para el desarrollo de las respectivas actividades productivas” y también más adelante, cuando leemos que “canaliza el apoyo del Estado hacia la industrialización, dando un vuelco respecto a la política económica tradicional, de carácter liberal extremo y partidaria, al contrario, de la prescindencia del Estado.” (pág 37), faltándoles mencionar que tras el propósito de obtener el mejor precio posible para nuestro aún principal producto de exportación, creó la Corporación de Salitres y Yodo de Chile COSACH, única encargada de la comercialización de estos recursos en el mercado mundial. Se pasa por alto también la influencia previa de este gobernante militar, como Ministro del Interior de Figueroa, en la creación de un organismo vital para una acción más ajustada a derecho de todas las instituciones del país, como es la Contraloría General de la República, en 1927.

La renuncia de Ibáñez ante las incontenibles protestas callejeras, a fines de julio de 1931, llevó a sucesivas otras renuncias, que incluyen el breve ejercicio de la Vicepresidencia por su último Jefe de Gabinete, Juan Esteban Montero, por poco más de veinte días, renunciando a su vez, para asumir su candidatura presidencial. Asume entonces Manuel Trucco Franzani, a quien corresponderá en septiembre, sofocar una insurrección de la escuadra naval que tuvo como bastiones el muelle de Talcahuano, la Escuela de Comunicaciones de Valparaíso, la base aérea de Quintero y el puerto de Coquimbo, oponiéndole tropas de tierra y aire del Ejército, en un incordio motivado por sucesivas demoras en el pago de sueldos a funcionarios públicos civiles y militares, a lo que se agrega –como ejemplo de la pobreza fiscal- la impopular rebaja de sus remuneraciones. Desconocido es por la mayoría de los chilenos este episodio, así como la preocupación que provocan en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las consecuencias negativas que un alzamiento militar en dichas circunstancias pudiera tener para sus intereses estratégicos en Chile, ante sus posibles conexiones con fuerzas sociales favorables a un nacionalismo de izquierda. El hecho es que, diplomáticamente, hubo ofrecimiento de apoyo de la Infantería de Marina (3) para el caso de que al gobierno chileno le fuera imposible dominar la situación con recursos propios. Esto llevó a que se viera en el alzamiento -apoyado mayoritariamente por la tropa- la injerencia de una conducción comunista, que dicha organización política siempre ha negado, a pesar de la militancia reconocida de algunos marineros participantes en los hechos.

El triunfo de Montero en los comicios, posibilita su regreso a la Presidencia de la República el 15 de noviembre, pero, la sublevación de la escuadra y el consiguiente enfrentamiento entre tropas nacionales llevará a que, ante el alzamiento de la Base Aérea de El Bosque en contra del nuevo mandatario, el 4 de junio del año siguiente, ningún cuerpo militar intente impedirlo, constituyéndose, sin resistencia alguna, un gobierno cívico militar de tendencias variopintas que dio origen, por doce días, a lo que grandilocuentemente se llamó la “República Socialista”, calificativo que, acorde a los temores del gobierno norteamericano, colocaría nuevamente en peligro sus intereses, por lo que, contando al interior de la propia junta con un aliado como Carlos Dávila, proibañista, diplomático y hombre de confianza de Washington a quien la Junta había desplazado recientemente, le darán su apoyo para conspirar con otros disidentes, logrando tras un golpe interno, deshacerse de los integrantes de tendencia socialista. Será el de los cien días de Dávila, el más largo de los gobiernos de facto de 1932, antes de que pueda convocarse nuevamente a elecciones presidenciales

Todos los historiadores han cuestionado el tradicional énfasis que a lo político han asignado los manuales destinados a la Educación básica y media, cuyos capítulos parecen propender a una memorización acrítica de los sucesivos gobiernos y su obra material y cultural por parte de nuestros alumnos. Nuestros sociólogos incurren en dicha práctica aunque con más omisiones, debidas, tal vez, al propósito de ser breves. De este modo, lamentablemente, se despachan en pocas páginas muchos gobiernos, incluido el segundo de Arturo Alessandri.

Se llega así, rápidamente, a la reñida elección presidencial de 1938, mencionando al Frente Popular y a sus integrantes sin explicar a este referente como parte del tardío viraje de la Internacional Comunistaen su Congreso de 1935, en el que, abandonado un enfrentamiento frontal de clase contra el capitalismo, se propicia impulsar eldesarrollo de amplias alianzas políticas y sociales con partidos burgueses, con el propósito prioritario de detener el avance de la influencia nazifascista.En relación con Pedro Aguirre Cerda, el candidato de este referente para dicha contienda eleccionaria, en el texto se lee que antes fue “diputado, senador y ministro. En este último rubro ocupa el cargo de Ministro del Interior en el segundo gobierno de Alessandri Palma…” Esto contiene un conjunto de errores pues, el caso es que Aguirre Cerda, efectivamente, ejerce el cargo de Ministro del Interior pero no en una sino en cuatro breves ocasiones, todas ellas durante el primer gobierno de Alessandri, en 1920, 1921y1924(4), cuando el líder de la Alianza Liberal representaba una esperanza de cambios en contra de los sectores más reaccionarios de la derecha, los que, como se ha señalado, le devolvieron su confianza y apoyo durante el segundo gobierno. Además, la colaboración de los radicales con el segundo gobierno del “León” fue breve, finalizando antes de concluir el segundo año, tras la masacre de campesinos de Ranquil en 1934, hecho que motivando a la ruptura de su alianza, favoreció la predisposición de los radicales a dialogar con comunistas y socialistas para integrar el Frente Popular.

Tal vez sea útil, a propósito del caso expuesto anteriormente, señalar que las interrupciones en el ejercicio de un cargo ministerial en aquel período de nuestra historia, pueden explicarse, muchas veces, como un resultado de las censuras de gabinetes tan frecuentemente practicadas por la oposición política durante el régimen parlamentario, siendo la administración de Arturo Alessandri la que, en menos de los cinco años que duraba el mandato presidencial, llego a tener dieciséis gabinetes.

Nuestros autores hacen bien en destacar las realizaciones de los gobiernos radicales, como un fortalecimiento de políticas de Estado orientadas hacia una sustitución de importaciones, lo que requiere para su consecución, tanto de un fomento a la industria como de un gran desarrollo energético y educacional. Estas realizaciones sobrepasarán los aspectos programáticos de un gobierno en particular, caracterizándose por su continuidad y complementariedad a lo largo de tres décadas, y obedecen a una concepción moderna del Estado, entendido como el responsable del progreso material y cultural de una nación. Sin embargo Moulian y Osorio no dejan tampoco de llamar nuestra atención -y esto es también un mérito del libro-, acerca de las sombras tras este proceso modernizador; así denuncian la postergación programática que por largo tiempo experimentará nuestro campesinado (debido a su escaso desarrollo político), de parte de los partidos políticos de izquierda, como también motivada por presiones de la derecha, representativa del latifundio y que aún conserva importante poder político, como por deformaciones ideológicas que orientan el análisis de los comunistas hacia una estrecha concepción obrerista y, en pro de fortalecer la consolidación de la revolución democrático-burguesa, otorgaron un preferencial cuidado a su larga alianza con los radicales, a la inversa de los demás partidos de la alianza centro-izquierdista que la van abandonando paulatinamente. Será el gobierno democristiano de la “revolución en libertad”, el que, como alternativa reformista a la alianza de la izquierda, en el marco de la guerra fría y de la Alianza para el Progreso, reparará esta injusticia, impulsando una reforma agraria y una ley de sindicalización campesina entre 1964 y 1970.

Desaprovechan nuestros autores la exclusión de los comunistas de la vida pública por parte del Presidente González Videla -otrora el más izquierdista de los líderes radicales-, para la exposición de un más exhaustivo análisis del contexto que explica esta “traición” que es, por cierto, el de “la guerra fría” y el espionaje, como método para desestabilizar al enemigo al interior de las respectivas áreas de influencia, que repartieron el mundo entre los vencedores de la segunda guerra mundial, y la consiguiente consolidación continental de esa configuración por parte de los Estados Unidos mediante la creación de la OEA, el TIAR y los Pactos Bilaterales de Asistencia Militar entre 1947 y 1952.

Breve resulta así, la descripción del segundo y errático gobierno de Carlos Ibáñez, “el candidato de la escoba”, quien, aprovechando la atomización orgánica de las izquierdas recurre al populismo y, como referente internacional, a la figura “justicialista” de Juan Domingo Perón. Interesante es consignar la tendencia oportunista de un sector del Partido Socialista (“Popular”) que, aspirando a influir en el anciano general, participará de su gobierno durante el primer año, mientras el sector menos ideologizado y anticomunista, ajeno a dicha alianza, es izquierdizado por la conducta consecuente y perseverante de Salvador Allende, quien, habiendo sufrido prisión y persecución durante su juventud universitaria en la lucha contra el general, lo enfrentará nuevamente en 1952 apoyado por esta fracción del Partido Socialista de Chile y aquellos votantes comunistas que no fueron detectados y borrados del padrón electoral, más las mujeres simpatizantes de aquel partido clandestino que votan por primera vez en una elección presidencial, todos unidos en el Frente Nacional del Pueblo. Su votación, aunque escasa, constituye un referente moral que le respalda como el futuro gran líder socialista de la izquierda unida y sectores progresistas.

Se desaprovecha también, a mi juicio, la compleja jornada del 2 de abril de 1957, para un análisis sociológico necesario y absolutamente contemporáneo, centrado en la manipulación política del lumpen; que de cuenta de sus condenas o de su romántica idealización como expresión del coraje popular ante, en este caso, la ausente conducción de una izquierda casi en punto muerto.

Bien planteados, aunque con gusto a poco, son los subcapítulos dedicados a nuestra “vía chilena hacia el socialismo”, una opción libre de “vaticanos ideológicos”, no alineada y exploratoria de una tercera vía, frente al chantaje nuclear del conflicto Este-Oeste y la ilusoria opción socialdemócrata de humanizar el capitalismo.

Digamos finalmente, que los breves capítulos finales XIIyXIII, constituyen un magistral ejemplo de síntesis aunque - y este es uno de los problemas presentes a lo largo de todo el texto - centrados en la descripción prioritaria del conflicto político. Carente de errores, con muy buen uso de la información, es ésta la parte más coherente de todo el libro. Habría que haberse extendido más, por ejemplo, en la redacción de “El paso de la democracia protegida a la democracia representativa convencional” (pág.104) cuando en su letra b), al señalar como una de las tareas de las presidencias democráticas el avanzar hacia “la existencia de un sistema con un Parlamento organizado en dos cámaras, la de diputados y senadores”, se omite agregar: con la totalidad de sus miembros electos mediante sufragio popular, a objeto de terminar con la desequilibrante situación que presentaran en el Senado los senadores “institucionales” o “designados”. Esta fue una cuestión que a los gobiernos democráticos les costó más de diez años conseguir eliminar, y cuya permanencia obstaculizó el logro de los ya hipertrofiados quórums, necesarios para introducir cambios sustantivos al modelo heredado. A su vez, faltó precisión redactora en “Los problemas heredados”, cuando en el primer párrafo leemos ”Ello básicamente a través de un sistema electoral binominal que genera un empate político…”- habría que haber agregado - en la representación parlamentaria, alterando, en favor de la derecha, los desiguales porcentajes de votación obtenidos “entre fuerzas de la dictadura y fuerzas democráticas.” (pág. 105).

“Alea jacta est ”, toda escritura será siempre una aventura, de cuya lectura otros lectores dirimirán las distancias entre lo propuesto y lo obtenido. ¡Salud!

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NOTAS

José Miguel Neira es profesor de Estado en Historia y Geografía y Magíster en Historia y Ciencias Sociales.

1- Marcelo Segal, “Biografía de la ficha salario”. Revista Mapocho. Tomo II, Nº2. Biblioteca Nacional, Editorial Universitaria S.A. Santiago de Chile 1964.

2- L.E.Recabarren “¡Salud!”. En “La Prensa Obrera en Chile” de Osvaldo Arias Escobedo. Chillán, Convenio CUT-Universidad de Concepción. 1970 y citado por Genaro Arriagada en “El Ejército chileno, la prusianización y la primera oleada antisocialista. 1900-1931”. Trabajo sin fecha, aunque se presume corresponde a los primeros años de la de 1980 e incluido en “El pensamiento chileno en el siglo XX”. Compiladores: Eduardo Devés, Javier Pinedo y Rafael Sagredo. Ministerio Secretaría General de Gobierno, Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Fondo de Cultura Económica, México 1999. Pág. 41.

3- Patricio Manns “La revolución de la escuadra. Historia y documentos secretos sobre la revolución de la Escuadra en 1931”. Ediciones Universitarias de Valparaíso 1972, págs.137a 139.

4- Luís Valencia Avaria , “Anales de la República”, Tomo I. Primera Administración Alessandri. Págs. 394 a 400.Santiago, Talleres de la Imprenta Universitaria, junio de 1951.