La semana pasada, se supo la noticia sobre el intento fallido de crear una ley para favorecer el software libre para las agencias del gobierno de Chile, por sobre el software de las compañías privadas. Según Vlado Mirosevic, quien patrocinó el proyecto de ley, el gobierno gasta miles de millones de pesos cada año en licencias de software, especialmente de Microsoft.

Mirosevic había ganado mucho apoyo para el proyecto de ley y consiguió aprobarlo, pero otro proyecto tramitado inmediatamente después dejó sin efecto el primero. Más tarde se supo que Microsoft había ejercido una gran presión sobre el parlamento con el fin de continuar recibiendo los contratos de software del gobierno chileno.

Las negociaciones en curso para la Asociación Trans-Pacífico (TPP), que continuarán durante 10 días en Hanoi, Vietnam, a partir del 1 de septiembre, también han sido criticadas por favorecer en gran medida los intereses empresariales. La asociación, que es básicamente un amplio acuerdo de libre comercio, ha sido muy controvertido por varias razones desde que se iniciaron las negociaciones en 2008.

El acuerdo entre las 12 naciones del Pacífico de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam (notoriamente, sin China) ha sido ampliamente criticado por su falta de transparencia y tendencia hacia principios neoliberales, por sobre el bien de todas las partes involucradas.

La crítica más contundente hacia las negociaciones para el TPP es la naturaleza secreta de las negociaciones. Este cuestionamiento ha venido desde una amplia gama de personas, pero quizás lo más sorprendente, ha venido de algunos de los líderes de las propias naciones participantes. Incluso estos líderes no tienen pleno acceso al contenido de las negociaciones, mientras la ciudadanía se queda casi por completo en la oscuridad. Por otro lado, muchas fuentes han señalado que los representantes de las empresas se han mantenido en el circuito a través de reuniones regulares y están ayudando a liderar el proceso en una dirección favorable para ellos.

Esta situación lleva a la pregunta: ¿los intereses comerciales tienen ahora más poder en la negociación que los propios gobiernos? Tal parece que se ha encontrado una manera de evitar casi por completo la política y la responsabilidad pública en la creación de leyes que afectan a todos.

En Chile, en diciembre de 2013, 35 diputados y 15 senadores firmaron un documento pidiendo más transparencia en las negociaciones. Michelle Bachelet también se opuso a apurar el proceso para un acuerdo, diciendo: "Las negociaciones del TPP no deberían acelerarse. Este tratado debe ser revisado."

Muchos demócratas en el Congreso de los Estados Unidos también han hablado en contra de las negociaciones planteando la demanda de que el Congreso pueda sumarse al debate también.

Lo poco que el público sabe sobre las últimas propuestas han llegado a través de versiones filtradas. Wikileaks publicó el capítulo sobre Propiedad Intelectual en noviembre de 2013, y el capítulo sobre el Medio Ambiente en febrero de 2014. Los dos capítulos muestran las políticas que favorecen a las ganancias de las corporaciones por sobre las libertades individuales, la salud pública y el medio ambiente. El capítulo de propiedad intelectual aumenta el alcance y la aplicación de la ley de patentes, que afecta a todo, desde la libertad en Internet a la disponibilidad de medicamentos baratos en los países pobres, mientras que el capítulo de Medio Ambiente parece desregular en muchas áreas. Una regresión en la lucha para frenar el cambio climático global.

Los críticos en muchas naciones, sobre todo aquí en Chile, han puesto en duda lo que los países pueden ganar en un acuerdo de este tipo, cuando hay tanto en juego para perder. De hecho, Chile ya tiene acuerdos de libre comercio con casi todas las naciones que participan en el acuerdo.

Algunos han sugerido que este acuerdo puede terminar en un estado de limbo permanente, como la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio. Todo el mundo está de acuerdo en que el logro de un acuerdo aquí requeriría un enorme gasto de capital político y concesiones por los líderes en todos los países. ¿Estarán los dirigentes dispuestos a correr el riesgo?