El 9 de noviembre de 1942, bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos y mediante la Ley N° 7.368, se institucionalizó en el país el Premio Nacional de Literatura, por el que tanto había bogado el Presidente Pedro Aguirre Cerda, recogiendo la sentida aspiración de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech), que daba cuenta de la orfandad social del trabajador de la palabra: ausencia de protección previsional, por una parte, e imposibilidad de vivir de derechos editoriales, por otra.

En efecto, no se trataba de agasajar a unos u otros, sino de refrendar el reconocimiento del que mujeres y hombres ya hubiesen sido objeto a partir del juicio público, por haber consagrado su vida al ejercicio de las letras. Nacido, así, en el corazón del mundo social, el galardón que distinguió primero la señera obra de Augusto D’Halmar se transformó en una eficaz herramienta, tanto para visibilizar el trabajo de los literatos como para poner el resultado de su pluma al alcance del pueblo. Desde entonces, un desfile de nombres imperecederos se ha hecho acreedor del premio y esa circunstancia ha impulsado el estudio de sus mejores páginas en escuelas y universidades, fomentando, además, las necesarias referencias críticas, la enriquecedora interlocución con creadores de las más diversas latitudes, las reediciones y, sobre todo, el fértil paso de su herencia artística de una generación a otra.

La iniciativa, establecida en el marco de las actividades en homenaje al Movimiento Literario de 1842, del que se celebraba su centenario, acogió en su seno la producción en los más distintos géneros y estilos. Las firmas de Joaquín Edwards Bello, Mariano Latorre, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Rokha, Eduardo Barrios, José Santos González Vera, Manuel Rojas, Francisco Coloane, Marta Brunet y Gonzalo Rojas, entre tantas otras, no son sino una manera de recorrer los periplos del oficio en las voces de esta tierra. Y es que el ágil juego de las letras fue desdibujando toda frontera hasta situar en el ámbito humano la verdadera posibilidad de la soberanía: la literatura es, en ese sentido, un mundo imaginario tan real, que constituye la dimensión estética de la voluntad ciudadana. En cambio, la construcción de esa belleza se torna peligrosa para los propósitos de una dictadura, como la que en Chile tildó al escritor de enemigo interno.

La traición a la tradición obró por la vía de interrumpir la periodicidad anual de la entrega del Premio Nacional y, si ya antaño su abrazo no alcanzó a Vicente Huidobro ni a Óscar Castro en sus tempranas partidas, en adelante omitiría deliberadamente a Isidora Aguirre, Fernando Alegría, María Luisa Bombal, Enrique Lihn, Jorge Teillier, Luis Merino Reyes, Stella Díaz Varín y tantos más. Asimismo, la Junta Militar suprimió la participación de la Sech en el jurado del Premio Nacional. Enorme paradoja, por cierto; pero, fundamentalmente, un intento por conculcar las facultades resolutivas de toda organización social. La persistencia de ese doble oprobio, 41 años después de perpetrado, habla por sí solo del frágil arraigo ciudadano de las actuales autoridades. Y es aquí donde hay que decir basta. Una sociedad con pretensiones republicanas debe hacerse cargo de su historia y reivindicar esa ruta en que la letra empuñada era reconocida por sus pares y no por los interesados guiños de la burocracia. Sin pretextos ni dilaciones, hoy corresponde restituir ese derecho que, en definitiva, vincula la cultura al espacio público por obra de la palabra.