Como suele ocurrir, nuevas noticias van cubriendo las recientemente ocurridas, restándole notoriedad. Y si bien las únicas interesantes son las que configuran la historia y trazan el devenir futuro, algunas incidencias del día a día cobran igualmente cierta importancia, en la medida en que asientan acciones susceptibles de convertirse en conductas.

En los albores de los gobiernos democráticos, agosto del 93, un grupo político descolgado –el Mapu-Lautaro– efectuó una acción de propaganda armada –así se llama, usando la nomenclatura de quienes las realizaban–, un frustrado asalto bancario con resultado de un guardia asesinado. En su huida el grupo aborda un taxibús de la línea Intercomunal 7 que culminó con el transporte público acribillado por las fuerzas policiales en una avenida emblemática de Las Condes. Según relató en su momento el chofer, él y los pasajeros fueron obligados por los lautaristas que abordaron el vehículo como medio de escape, a gritar consignas revolucionarias, para confundir a la policía, lo que justificó que carabineros “hiciera uso de sus armas de servicio” sobre el inmovilizado transporte, para “repeler a los extremistas”. De nada valió la presunción de que gran parte de los ocupantes serían simples pasajeros. De las ocho víctimas fatales, además de doce heridos, entre ellas una escolar, tres eran inocentes pasajeros, dos hombres y una joven mujer. El suceso es conocido y se encuentra documentado. No nos mueve repetir el episodio sino destacar la respuesta de la autoridad, el irrestricto apoyo del presidente Aylwin y del ministro del Interior Enrique Krauss a la policía uniformada, aún sin conocerse los detalles. Ni siquiera los 162 disparos que recibió el vehículo restó incondicionalidad al público apoyo gubernamental.

El caso pasó, como era obvio en esos momentos, a la justicia militar, la que condenó a los lautaristas sobrevivientes a 81 años de presidio –en un caso de condena sobre condena por los mismos hechos que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, y a la vez condenó a dos carabineros a 541 y 240 días de pena remitida como autores de los luctuosos disparos. A la hora de pretender indemnizaciones, las víctimas se toparon con el eficiente actuar del Consejo de Defensa del Estado, que defendió esos posibles recursos para fines más indispensables, como los gastos de Palacio.

Cuando alguien es asaltado o resulta asesinado por delincuentes en la vía pública, por ejemplo, los noticiarios son claros en sus definiciones. Sólo cuando participa personal policial se ha acuñado un concepto bastante mentholatum: un confuso incidente. Un individuo celópata asesina a su mujer y es catalogado de parricida en el noticiario central de los canales de TV abierta; si por las mismas razones un uniformado comete el mismo crimen la víctima muere “en extrañas circunstancias”. Extrañas circunstancias lingüísticamente dignas de algún estudio, como el brusco ocaso de ciertas palabras y el aparecimiento de otras en momentos de convulsión social. Recuerdo como inmediatamente tras el bombardeo de los Hawker Hunter desaparecieron del léxico los “momios”, se popularizaron los “extremistas” y la palabra “compañero” se tornó peligrosa como una mina a punto de explotar (ahora se dice explosar) al roce del primer oído delator. Pero puede tener la certeza de que si un tranquilo transeúnte, un adolescente de estas tribus urbanas de las que poco sabemos, un trabajador mal vestido o incluso un delincuente en flagrancia –también es sujeto de derechos– cae abatido por uno de uniforme, lo será en “un confuso incidente”.

Y si bien la crónica homicida ha mantenido a lo largo de los cerca de 87 años de existencia de Carabineros de Chile una marcial continuidad –no es nuestro objetivo ni tenemos espacio para ello–, es notorio y para estos últimos tiempos, alarmante la defensa corporativa que desde el Estado se hace de los crímenes flagrantes de sus miembros individualmente considerados, la prisa para justificar el uso farwestrístico de las armas de servicio (revólver Taurus 38 o pistolas de 9 mm), la manera desenfadada en que los superiores asumen versiones exculpantes de sus subordinados que a la luz de los hechos además de infames resultan hasta difamatorias hacia las víctimas, y jamás una disculpa, un desmentido, nada. En el peor de los casos ante la evidencia inequívoca los culpables son “separados de la institución” como si de rarezas se tratara, y no de acciones consuetudinarias de las que, mala suerte, algún funcionario no pudo zafarse. Pero si no podemos esperar peras del olmo, no parece disparatado al menos esperarlas de las autoridades civiles, que ayudamos a entronizar con nuestro voto.

Los hechos noticiosos, como decía en el primer párrafo, se diluyen entre farándula, noviazgos de poca monta y pelotazos sin destino; fracasos diplomáticos por las víctimas del nuevo Holocausto palestino; los rebeldes pro-rusos –ucranianos vendepatria– e injusticias de antología como el caso Larraín, que ya dicta jurisprudencia a favor de los tránsfugas alcoholizados conductores criminales. Pero hay un caso “policial” aún en el aire…

El hasta ahora último confuso incidente impacta por lo surrealista. Realismo mágico tercermundista sesentero de lo mejor del boom latinoamericano, pero con teléfonos celulares que captan de primera mano imágenes con las reacciones de todos los actores. Me refiero al caso del agricultor –parcelero– de Lampa asesinado de cuatro tiros (¿cuál de ellos sería el de advertencia?) en su propiedad (error sistémico y contradicción modélica imperdonable, más que el hecho mismo de haberlo matado, de quienes están para defender la propiedad, ya que no la vida). La víctima, de terrorista tenía poco –un medio dijo hasta que era pastor evangélico–, de emprendedor bastante y de inocente, todo. Una vez más, los hechos son públicos y no será necesario repasarlos. Llama la atención eso sí las largas horas en que la propia policía uniformada tuvo a su merced la escena y a la prensa, antes de la llegada de Investigaciones, la celeridad con que un señor Fiscal aseguró en cámara una falsedad inmediatamente apostillada por los testigos, y un señor coronel que hablaba del correcto proceder de los uniformados, según los protocolos, en un lenguaje funcionario a que nos tienen acostumbrados cuando mienten descaradamente, sin que la verdad les caiga encima con alguna sanción siquiera moral. Por menos en países verdaderamente democráticos –éste no lo es– se les pide la renuncia, o renuncian solitos. Esta vez no salió la Presidenta justificando el hecho, como Aylwin en el caso Apoquindo (veinte años no es nada, pero esto no es un tango), aunque precisamente porque ha corrido bastante sangre bajo los puentes, se echa de menos una señal siquiera, una palabra de alguien (quizá la de un Peñailillo menos acorralado), una investigación de la Cámara, llamar a alguien a retiro, algo...

Yo pido una cabeza por cada muerte. Y no espero que rueden demasiadas.