Uruguay parece estar en pie de batir records. Esto debido a que desde el 2008 están desarrollando una política energética para diversificar su matriz energética, lo que les ha permitido ser líderes en América Latina y para el 2016 planean convertirse en el país que más genere energía a través de fuentes renovables, superando incluso a Dinamarca.

Buenas noticias

El Presidente de la República Oriental del Uruguay no sólo es conocido a nivel internacional por su estilo de vida y sus aclamados discursos, sino porque a sus 79 años ha logrado consolidar, para muchos, un gobierno coherente con su pensamiento político y social. Esto, en lo medioambiental, ha tenido matices como las críticas por la política minera y por proyectos de explotación en el Río de la Plata, pero también tiene su expresión en la política energética.

La estrategia fue diseñada a través de incentivos tributarios específicos para el sector de las energías renovables y con una fuerte participación del estado a través de la Administración Nacional de Usinas y Transmiciones Eléctricas (UTE). El fruto de esta nueva política energética se tradujo principalmente en aumentar la generación eólica. De este modo, la UTE posee parque eólicos propios y a través del sistema de leasig con entidades privadas.

La matriz energética en Uruguay ha estado históricamente marcada por una gran participación de fuentes no renovables, como el petróleo y sus derivados. Sin embargo, el crecimiento favorable de su economía y las proyecciones de crecimiento de la demanda de energía, que ha tenido una expansión del 6 por ciento anual desde el 2004 a la fecha, permitieron aumentar considerablemente la generación a través de fuentes renovables.

Los principales proyectos que aportan energía de base para el país sin embargo siguen siendo tecnologías tradicionales, a través de la central hidroeléctrica binacional con Argentina “Salto Grande”. Esta realidad está poco a poco cambiando ya que se están incorporando centrales termoeléctricas a base de biomasa y desechos agrícolas.

Para guardar las dimensiones del análisis hay que tener en cuenta algo muy importante. Uruguay tiene una demografía de alrededor de 3,4 millones de habitantes, y el país en su conjunto consume en promedio 1.200 megawatt (MW). En Chile, en cambio, las cifras están por sobre los 17 millones de habitantes y la producción real de energía para el 2013 fue de 9.526,4 MW, considerando sólo al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y al Sistema Interconectado Central (SIC).

Malas noticias

El cambio de la matriz y de la política energética en Uruguay esconde un problema más profundo, que toca a la mayoría de los estados latinoamericanos. La falta de políticas que articulen, ordenen y resguarden el medio ambiente.

Este vacío se ha transformado en un caso emblemático en el país rioplatense, pues a pesar de contar con un gobierno de izquierda que le ha declarado públicamente la guerra al neoliberalismo, continúa manteniendo una orientación extractivista. Es decir, para sustentar el crecimiento económico y las reformas sociales que se pretenden llevar a cabo continúan siendo economías primarias, exportando materia prima y casi sin participación de industrias nacionales.

Los casos más emblemáticos son los de Chile, Bolivia y Venezuela, que mantienen un desarrollo económico ligado fuertemente a la explotación intensiva de sus recursos naturales desde hace décadas. Estos países no han sabido llevar un debate nacional sobre el modelo de desarrollo que quieren llevar a cabo, por lo que terminan profundizando su dependencia del cobre (Chile), gas (Bolívia) y petróleo (Venezuela).

El tema en Uruguay parece ser similar, ya que a pesar de sus avances aún no poseen un sistema de evaluación ambiental a nivel nacional, más sólo se forman comisiones para proyectos puntuales, las que luego se disuelven. Esto ha significado que la capacidad técnica pueda verse sobrepasada, tal como ocurrió en el caso de “Aratirí”, un mega proyecto minero para la extracción de hierro.

El país de “Pepe” Mujica parece tener una deuda gigante con la política ambiental, y lamentablemente constituye uno más dentro del cuadro de estados latinoamericanos.