Los conflictos socioambientales en nuestro país son abordados casi en su totalidad mediáticamente y por parte de la autoridad como una elección que la misma población afectada debe hacer entre su calidad de vida o el empleo que generan las empresas contaminantes, en definitiva: “si quieren un medio ambiente más amigable, deberán quedar sin trabajo”. O bien, entre negociar compensaciones directamente con la empresa o esperar que el Estado, la autoridad, tome medidas concretas para resguardar a las personas y al medio ambiente, todo esto manteniendo su situación de vulnerabilidad.

Esta falsa contraposición entre resguardo ambiental, calidad de vida de las personas y acceso al empleo, es percibida como chantaje, y pareciera ser parte constitutiva del estado actual de las cosas en nuestro país, atravesando la relación empresa, comunidades/personas bajo la omisión del Estado. Como Fundación Terram, en oposición a esto señalamos que desde una perspectiva de justicia ambiental no se puede obligar a la población a escoger entre derechos fundamentales, sobre todo porque la vulneración de uno implica necesariamente la imposibilidad de ejercicio pleno del otro.

La tensión entre empleo y resguardo al medio ambiente y calidad de vida de las personas tiene historia en el sistema capitalista y más aún en nuestro modelo extractivista. Así, por ejemplo, se instalaron las dos primeras empresas del parque industrial de la Bahía de Quintero, a comienzo de los años sesentas; con la promesa de más trabajo y mayores ingresos, lograron que la comunidad  solicitara la instalación de una termoeléctrica a carbón y una fundición de cobre cruzando la calle. Este fue el inicio del  complejo industrial y de una de las más emblemáticas zonas de sacrificio de nuestro país. Sacrificio que implicó la paulatina desaparición de la agricultura significando la precarización de quienes se sustentaban a través de ella.

La contaminación también fue arrasando con los recursos marinos que alimentaban a las caletas de pescadores artesanales de la zona. La situación de vulnerabilidad implicó que el cuestionamiento ante la instalación de nuevas empresas contaminantes fuese contrarrestado por la necesidad de nuevos puestos de trabajo y así sucesivamente. Por eso no es extraño ver eventos como los de la semana pasada en que los pescadores artesanales de caleta Horcón se manifiestan contra Codelco Ventanas, luego de que otras caletas de pescadores recibieran “compensaciones” por no tener más fuentes de ingreso.

Hace pocos días debatimos respecto a otro claro ejemplo del doble discurso que reproduce el sistema. Este es el caso comunidades diaguitas y Barrick Gold con su proyecto Pascua Lama, uno de los conflictos socioambientales emblemáticos. Cuando hacemos seguimiento a este tipo de conflictos resulta evidente que tenemos una institucionalidad ambiental débil, en la cual la participación ciudadana no es efectiva; el proceso de consulta reproduce la desigualdad de oportunidades e información entre la ciudadanía y las empresas, por lo que la instalación de proyectos productivos de tal envergadura no pasan por la decisión de las comunidades directamente afectadas. Una institucionalidad ambiental que promueve la inversión sin planificación ni resguardo de los derechos de las personas. Un sistema con falta de regulación y fiscalización, que permite una negociación en condiciones de desigualdad entre comunidades en situación de vulnerabilidad con la empresa. Un sistema injusto y doble ya que permite que la negociación tome relevancia a tal nivel que puede ser considerada por la autoridad en las decisiones en política pública.

Un “acuerdo de intercambio de información y comunicación” entre algunas comunidades y la empresa, no debiese implicar autorizar la continuación del proyecto, tampoco influenciar la decisión. Comprendiéndolo así, tampoco debiese implicar una pugna entre las comunidades ni el abucheo público de éstas. Es necesario apuntar como responsable al Estado, o más bien a la ausencia del mismo, que es parte del diseño de país.

La situación de ausencia de políticas públicas en la protección del medio ambiente, el bienestar y la participación de las personas en nuestro país, ha implicado dejar en una situación de vulnerabilidad a muchas comunidades. Las zonas de sacrificio ambiental son ejemplo de esto, son territorios donde las personas y los ecosistemas son gravemente dañados. La falta de un marco regulatorio que garantice igualdad de derechos, resguardos a las personas y ecosistemas y sobre calidad ambiental en general, así como estándares de producción y participación ciudadana; muestran las falencias del sistema. La falta de proyecto país en cuanto a nuestro modelo de desarrollo y el abandono institucional para el ejercicio de los derechos fundamentales a las reglas del mercado, son algunas de las razones de fondo de que existan estas zonas.

Los conflictos socioambientales son un acertado ejemplo de qué implica socialmente un Estado subsidiario en un modelo neoliberal como el nuestro. La necesidad de fuentes laborales no significa (no debiese) que no existan regulaciones y fiscalizaciones a las empresas, no significa tampoco la ausencia de restricciones territoriales a estos emprendimientos y menos, la falta de protección a nuestros recursos naturales.

En este sentido el conclave de alcaldes de zonas de sacrificio realizado el 29 y 30 de mayo en Puchuncaví y las demandas en conjunto emanadas, apuntan a este mismo hecho: el reconocimiento del Estado como responsable de la actual situación de estas zonas y al fortalecimiento de capacidades locales.Con motivo del Día del Medio Ambiente que conmemoramos hoy 05 de junio, levantamos la necesidad de generar una institucionalidad con mayores y efectivos mecanismos de participación ciudadana, que dé real cabida a los temas ambientales en las decisiones de política pública, comprendiendo que la protección del medio ambiente es un derecho fundamental, sin el cual es difícil o imposible hacer efectivo un sinnúmero de otros derechos fundamentales, evitando que sean las personas las que, en situación de vulnerabilidad, deban escoger ejercer un derecho u otro.